Por: Gustavo Novaro García
Desde el día 1 del actual gobierno se nos prometió el Edén. En noviembre de 2018 se presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad, donde se afirmó que “el nuevo gobierno federal (garantizaría) la paz y la tranquilidad en el país”. Lo que obtuvimos han sido marcas históricas en asesinatos, inseguridad e impunidad. López revivió la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cual se integró en el sexenio de Peña Nieto a la Secretaría de Gobernación, y a su frente colocó al ex secretario particular de Luis Donaldo Colosio y de Vicente Fox, el sonorense Alfonso Durazo Montaño.
Hace unos días Durazo anunció que pronto dejaría la encomienda que ha tenido, para buscar la gubernatura de su estado natal, la que disputaría con la ex atleta Ana Gabriela Guevara, otro caso de incapacidad y señalada por actos de corrupción, para contender por Morena.
El balance de Durazo en el encargo que ha ocupado, en cualquier otro país lo descalificaría de inmediato para aspirar a un cargo de elección popular. Pero en un México que se ha deteriorado en todas las categorías, cualquier cosa es posible.
En los 23 meses de lo que va del sexenio, se han registrado, por lo menos, 45 masacres -lo que provocó la irónica risa de López en una de sus conferencias mañaneras-; en un solo fin de semana, el del 9 al 11 de octubre de este año, 273 personas fueron asesinadas y se espera que para fin de año los muertos con violencia sean más de 40 mil. Ese balance deja muy atrás lo sucedido durante las dos presidencias previas. Ha sido un baño de sangre, del que destaca la emboscada a la familia LeBarón en los límites entre Chihuahua y Sonora, en donde fueron ultimados hasta bebés.
El primer gran acto de este gobierno contra la ilegalidad, el combate al robo de combustible, la denominada “guerra contra el huachicoleo”, fue un soberano fracaso que únicamente privó a buena parte del país de combustible durante varias semanas. Continúan las tomas clandestinas y las pérdidas al erario.
Otro desastre ha sido la toma de carreteras. Estos sucesos ocurren a lo largo del país. Se cuentan al menos nueve ocupaciones de casetas cotidianamente. Lo que ocasionará pérdidas a Caminos y Puentes -a manos de una odontóloga- y a concesionaros particulares, por 4 mil millones de pesos, que irán a las arcas del crimen organizado o delincuentes ocasionales, quienes han encontrado un modus vivendi que coloca a cualquier viajero en una situación de incertidumbre y riesgo.
La Guardia Nacional, la principal apuesta de la administración para intentar disminuir la inseguridad en el país, ha sido efectiva únicamente para frenar el flujo de indocumentados hacia la frontera norte. Y el Cártel Jalisco Nueva Generación, y su líder El Mencho, siguen expandiéndose y hasta se dieron el lujo de organizar un atentado de alto perfil en la capital.
Pero lo que marcará el paso de Durazo por el área de seguridad, será el “Culiacanazo” del 17 de octubre de 2019, cuando un operativo fallido para extraditar a los Estados Unidos, a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo Guzmán, terminó con la humillación del ejército mexicano, obligado a soltar al delincuente.
Esa tarde, Durazo mintió flagrantemente a la opinión pública y mostró ante el mundo que el puesto y la situación estaban muy por encima de su capacidad.
Durazo que adquirió un predio en Bahía de Kino propiedad de un hijo de Ernesto Carrillo Fonseca, Don Neto y quien de joven se fue de mojado a Estados Unidos, fue señalado por el columnista Pablo Hiriart de no haber dado cuentas de un depósito que por 10 millones de dólares hizo Roberto González Barrera, dueño en ese entonces de Maseca, a la campaña presidencial de Luis Donaldo Colosio.
Durazo se va con una F de fracasado en la frente. Espero que en Sonora no le den un premio de consolación a su ineptitud.