Editorial
El jueves 14 de noviembre, en Ciudad Universitaria, en la zona de la rectoría, se dio uno más de los hechos de violencia descontrolada e impune que se han sucedido comúnmente en la Ciudad de México y se han agravado este año.
Más de un centenar de encapuchados incendiaron la bandera nacional, quemaron y saquearon una librería, golpearon a periodistas, pintarrajearon el mural de David Alfaro Siqueiros y desataron su ira creando caos porque saben que a su agresividad no se le pondrá límite.
La pregunta que nos hacemos es ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo las autoridades responsables harán valer la ley y la seguridad de los ciudadanos?
Parece ser que vestirse de negro y colocarse una capucha asegura la libertad para agredir, insultar y destruir.
En el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México la mal entendida autonomía ha permitido que grupúsculos ligados con la extrema izquierda, recordemos la asociación con las guerrillas colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se hayan apoderado del auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras para convertirlo en una base de operaciones para traficar con drogas, acumular armas y explosivos y distribuir propaganda nociva a la sociedad.
Pedir que se aplique la ley es un derecho de la ciudadanía, los violentos se escudan en que no se les puede “reprimir” porque se violan sus derechos a la libre expresión.
Primero el ejercicio de la autoridad NO es represión. Reprimir de acuerdo con la definición de la Real Academia Española de la Lengua es en una acepción contener, detener o castigar, por lo general desde el poder y con el uso de la violencia, actuaciones políticas o sociales; de esta forma los encapuchados han tergiversado y se escudan en esta palabra para cometer fechorías. Los delincuentes han tenido manga ancha porque la autoridad ha eludido hacer cumplir con sus obligaciones.
Debemos de recordar que los derechos de unos terminan cuando violentan los de otros y que la libre expresión no consiste en saquear, agredir físicamente y destruir un patrimonio común.
Una sociedad se construye con base en reglas y normas. Si no se respetan, o se aplican parcialmente, entonces el Estado abdica de su principal responsabilidad que es la de velar por el bienestar de los gobernados, eso no puede seguir permitiéndose.