POR: SALVADOR KALIFA ASSAD
INTRODUCCIÓN
El tema de la corrupción y sus perjuicios económicos ha sido motivo de varios análisis y recomendaciones, tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Sin embargo, al menos en nuestro caso, el fenómeno ha progresado y no se vislumbra una solución eficaz en el corto plazo.
El presidente actual, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), obtuvo su victoria, en gran parte, porque convenció a los electores de que habría resultados inmediatos positivos en la lucha contra la corrupción. Su discurso de campaña, así como sus conferencias mañaneras ya como presidente en funciones han estado llenas de alusiones sobre el tema.
MENSAJES REPETIDOS
AMLO, como político profesional, sabe del efecto que puede tener para su causa repetir constantemente los mensajes que le interesa sean aceptados como dogmas por el público masivo, el “pueblo sabio”. Esta táctica fue usada eficazmente por Joseph Goebbels, Ministro de Propaganda en la Alemania nacionalsocialista, aplicando una reflexión del mismo Adolfo Hitler. Éste, en su libro Mi Lucha (1925) escribió: “Pero la técnica propagandística más brillante no tendrá éxito, a menos que un principio fundamental sea tenido en mente constantemente y con una atención incansable. Debe limitarse a unos pocos puntos y repetirlos una y otra vez”.
Esta es la receta aplicada eficazmente por AMLO. Por más de una década ha estado insistiendo en las mismas ideas, entre las que destaca lo que afirma es su lucha decidida en contra de la corrupción. Así, en su toma de posesión el 1 de diciembre pasado expresó que “si me piden que exprese en una frase el plan del nuevo gobierno, respondo: acabar con la corrupción y la impunidad”. Esto lo repite insistentemente en sus conferencias mañaneras.
En la conferencia de prensa matutina del 12 de julio pasado, al señalársele que una correduría decía que el país estaba en recesión económica, respondió: “Van a seguir cuestionando el manejo económico porque les molesta el que se haya decidido acabar con la corrupción. Ese es el fondo”. Ahora, según AMLO, la economía mexicana está bien, porque como dijo el 17 de julio, “Vamos avanzando mucho en el combate a la corrupción”.
MEDIDAS Y RESULTADOS
¿En realidad se está avanzando contra la corrupción? Es muy temprano para hacer una afirmación tan categórica sobre el tema, y más cuando las medidas para lograrlo son tentativas y hasta contradictorias. Por un lado, están las que elevan las penas por los actos de corrupción, como la llamada “muerte civil” para los servidores públicos que realicen esos actos y la recomendación para utilizar la tecnología de la información para combatir la corrupción.
También está la promesa de AMLO de luchar contra la corrupción prohibiendo las asignaciones directas, pero este gobierno que afirma haberse ahorrado ya 500 mil millones de pesos por el freno a la corrupción, los cuales no se ven por ningún lado, se ha caracterizado por seguir haciendo esas asignaciones en una proporción prácticamente igual a la del gobierno anterior, como lo muestra la gráfica adjunta.
Por otro lado, una de sus políticas públicas, la que más apoyo tiene de la población, es contraria al objetivo de combatir con éxito la corrupción y, en particular, beneficiar a los ciudadanos afectados por ella. Me refiero a la reducción de los sueldos de los principales puestos públicos, de manera que ningún funcionario gane más que el presidente de la República, cuyo sueldo neto se fijó para este año en 108 mil 656 pesos mensuales. Esta medida, no sólo fue la que recibió el mayor apoyo en las encuestas de 2018 sobre lo que el público esperaba que hiciera la próxima administración, sino que todavía hoy sobresale como la que más aprueba la población.
Esta postura añeja y que tuvo la bendición del Congreso, aparte de que no generará grandes ahorros presupuestales, es incompatible con la perenne promesa de combatir la corrupción. La propuesta de AMLO, además de que no corrige esta práctica ancestral, afectará negativamente la calidad de los servidores públicos y se convertirá en un aliciente para encontrar avenidas que les permitan a los afectados resarcir los ingresos perdidos.
Desde que se conoció la decisión de aplicar un límite a los sueldos públicos, se desató una desbandada en varias dependencias públicas. Muchas personas pidieron su jubilación anticipada, mientras que otras buscan acomodarse en el sector privado. Es obvio, sin embargo, que la mayoría no califica para lo primero o no conseguirá lo segundo, por lo que tendrán que resignarse a un recorte substancial de sus ingresos y de su nivel de vida. Esto es más fácil decirlo que hacerlo.
La nueva realidad se convertirá, más temprano que tarde, en un fuerte incentivo para que los afectados busquen la forma de recuperar los ingresos perdidos, y qué mejor que aprovechar el puesto público.
RECETA ECONÓMICA Y EXPERIENCIAS
La ciencia económica y la experiencia internacional nos enseñan que el camino para reducir la corrupción debe centrarse en un entorno institucional que mejore las remuneraciones de los burócratas y reduzca la discreción con la que pueden actuar, así como establecer un conjunto de sanciones lo suficientemente severas como para lograr que aún los oportunistas renuncien a las prácticas corruptas.
En efecto, años de estudio sobre el problema de la corrupción han llevado a la conclusión de que un importante mecanismo para prevenirla es contar con una atractiva estructura de sueldos para los servidores públicos, lo que además de atraer personas calificadas, eleva el monto de los incentivos monetarios y no monetarios que perderían los empleados públicos si reciben «mordidas». Por ejemplo, Hong Kong y Singapur aplican con gran éxito una política de incentivos salariales para los funcionarios públicos.
En cambio, la propuesta de AMLO consiste en rodearse de un equipo de colaboradores mal remunerado, con sueldos menores a puestos equivalentes en el sector privado, lo que seguramente llevará a que esté compuesto en su mayoría por personas con poca capacidad, o peor aún, que buscan enriquecerse en un puesto público.
En consecuencia, una campaña para reducir el problema de la corrupción en nuestro país no debe limitarse a discursos moralistas, ya que ello sólo incrementará el cinismo con el que se presente la siguiente ronda de corrupción. Cuando la vigilancia de los burócratas es difícil, como es evidente en nuestro país, el gobierno necesita reducir su intervención en la economía, aumentar las sanciones por actos corruptos y pagar mayores salarios a los empleados públicos.
Los casos de corrupción de funcionarios públicos y su flagrante enriquecimiento ilícito son cada vez más sonados en México, al grado que los ciudadanos hemos perdido la capacidad de asombro ante la impunidad con la que se presentan. Este tipo de corrupción se facilita cuando la organización social permite y solapa que una autoridad se aproveche de su posición para beneficio propio. En este sentido, todos los pueblos han tenido casos de corrupción.
Sin embargo, no siempre ni en todos los lugares alcanza los mismos niveles. En años recientes, gracias a la investigación de Transparencia Internacional (TI), es posible contar con una medida de la percepción de la corrupción en diferentes partes del mundo y ubicar en ese contexto la situación de nuestro país.
Sin entrar en los detalles metodológicos, cabe mencionar que TI utiliza un índice que clasifica la percepción de la corrupción en cada país en una escala que actualmente va de 0 a 100. El mínimo significa corrupción total y el máximo refleja la ausencia de corrupción. De acuerdo con TI, ningún país llega a cualquiera de esos extremos, pero hay países menos corruptos que otros.
Nuestro país ha ocupado consistentemente los lugares de mayor corrupción según este indicador. La primera vez que se publicó fue en 1995. La muestra entonces consistía en sólo 41 países, siendo el menos corrupto Nueva Zelandia con una puntuación de 9.55 (la escala era entonces de 0 a 10) seguido por Dinamarca con 9.32 puntos. Chile fue el país latinoamericano con mejor resultado en el lugar 14 con 7.94 puntos. EU se ubicó en el lugar 15 con 7.79 puntos y México aparecía en el lugar 32 con 3.18 puntos. Indonesia fue el último lugar (41) con 1.94 puntos.
En el Índice correspondiente a 2018, donde se incluyen 180 países, el primer lugar como el menos corrupto es Dinamarca con 88 puntos, seguido por Nueva Zelandia, con 87 puntos. Estados Unidos (EU) aparece en el lugar 22 con 71 puntos. El país latinoamericano mejor situado es Uruguay, en el lugar 23 con 70 puntos, antes de Chile que ocupó el lugar 27 con 67 puntos. México ocupa el lugar 138, con 28 puntos y Somalia el último lugar (180) con 10 puntos.
Un país que se ha mantenido dentro de los primeros diez con menos corrupción es Singapur, que ocupó el tercer lugar en 1995 y en 2018. Su actual Primer Ministro, Lee Hsieng Loong, hijo del Primer Ministro fundador del país, Lee Kuan Yew, identificó en una reunión cumbre anticorrupción en 2016 en Londres, cuatro factores claves para el éxito de Singapur en este particular.
Primero, Singapur heredó del gobierno colonial británico un sistema limpio y operativo. Segundo, el sistema se conservó con la determinación de mantenerlo limpio. Tercero, con una voluntad política firme, se institucionalizó un marco anticorrupción robusto y comprensivo que derivó en leyes y su cumplimiento por los funcionarios públicos y la participación de la sociedad.
Al respecto, destacó la Ley para Prevenir la Corrupción que pone la carga de la prueba en los acusados de actos de corrupción para que demuestren que su riqueza fue adquirida legalmente. Cualquier riqueza inexplicada y desproporcionada respecto a las fuentes conocidas de ingreso de los servidores públicos se presume que proviene de malos manejos y se confisca.
En cuarto lugar, Hsieng Loong destacó que, a lo largo del tiempo, Singapur ha desarrollado una sociedad y una cultura que rehúyen la corrupción. “Mantener un sistema limpio tiene que comenzar desde muy arriba… y estamos determinados a mantener los más altos estándares de integridad desde el nivel más elevado del gobierno hasta abajo.”
En esa reunión cumbre de Londres, México se comprometió a exponer la corrupción, castigar a los corruptos, apoyar a los que han sufrido las consecuencias de la corrupción, y erradicar la cultura de la corrupción donde exista. Ese mismo año se aprobó la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, el enésimo esfuerzo para extirpar ese cáncer, llena de retórica y buenas intenciones, pero que carece de “dientes” para lograr los resultados esperados.
OBSERVACIONES FINALES
Si realmente existiera la voluntad política en México para atacar ese mal, un camino muy efectivo sería adoptar, como en Singapur, la práctica de que la carga de la prueba sobre el origen de los recursos recaiga sobre los acusados de corrupción, y confiscar todo aquello para lo que no se demuestre su origen lícito. Me temo, sin embargo, que nuestros políticos, siendo jueces y parte en este problema, no se atreverán a hacerlo, por lo que seguiremos en los últimos lugares del índice de corrupción de TI.
Desafortunadamente, las propuestas de AMLO apuntan en ese sentido. Contemplan una injerencia mucho mayor del gobierno en la economía, lo que se traducirá en una proliferación de formas, oficios, regulaciones y asignación burocrática de los recursos que, aunados a su terquedad de pagar menores sueldos a los funcionarios públicos que estarán encargados de ponerlos en práctica, serán un terreno todavía más propicio para la corrupción.
BIBLIOGRAFÍA
Hitler, Adolfo, “Mi Lucha”, Primera edición, 1925.
AMLO, “Mensaje a la Nación durante la Transmisión del Poder Ejecutivo ante el Congreso de la Unión”, 1 de diciembre de 2018.
“Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manual López Obrador”, julio 12, 2019.
“Versión estenográfica de la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, julio 17, 2019.
Transparency International, “Corruption Index 1995”, July 15, 1995.
Transparency International, “Corruption Perception Index 2018”, January 2019.
Lee Hsieng Loong, “Fight against corruption: Singapore’s experience”, London, May 14, 2016.
