Por: Jerry Gortman
(Primera de dos partes)
¿Por qué la seguridad de la población es una tarea fundamental para el Estado moderno, en este caso el Estado Mexicano?, ¿qué podemos esperar los mexicanos de la estrategia de seguridad implementada por López Obrador al cumplirse un año de su gobierno?, ¿cuáles pueden ser las consecuencias políticas y sociales en caso de seguir agravándose la inseguridad en el país?
Para contestar a estas preguntas es necesario, en primera instancia, recordar que la seguridad de la población es la función fundamental que justifica y legítima la existencia del Estado moderno.
Recordemos que el Pacto que aludía Thomas Hobbes en su obra “El Leviatán” menciona que, a fin de garantizar la seguridad física de las personas, la búsqueda de certidumbre en el vivir social y la seguridad en el disfrute del derecho a la propiedad, la población renuncia al uso de la fuerza y la delega en el Estado a fin de que éste asuma la facultad para su cuidado y protección.
Hobbes nos describe la concreción de este pacto de la siguiente forma:
“Autorizo y transfiero a este hombre o esta asamblea de hombres mi derecho de gobernarme a mí mismo con la condición de que vosotros también transferiréis a él vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. . .
Esta es la generación de ese gran Leviatán, o más bien (hablando con reverencia), ese dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y nuestra defensa”.
Es decir, un Estado que no garantiza la propiedad y la seguridad de sus pobladores se convierte en un Estado que, desde el punto de vista legal, se convierte en un Estado ilegítimo, ya que no cumple con la tarea que justifica y legitima su creación y existencia.
Es pertinente mencionar que, en este sentido, el Estado Mexicano tiene ya varios sexenios que viene fallando en esta primordial función de proporcionar seguridad y protección a sus ciudadanos, no es una deficiencia exclusiva del Presidente López Obrador; sin embargo, su estrategia, a un año de haber llegado al poder, no ha representado ningún cambio significativo que se traduzca en el mejoramiento del combate a la inseguridad, al contrario, los datos de la inseguridad que impera en nuestro país reflejan el aumento y el desbordamiento de la violencia, tal y como puede apreciarse en las cifras dadas a conocer en el mes de octubre de este año por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, destacándose las siguientes:
- México registró 2.866 homicidios dolosos en octubre, 38 más que el mes anterior, y acumula 28.741 casos en los primeros diez meses del 2019.
- La incidencia delictiva en octubre reportó 177.792 casos, un incremento de 10.880, el 6,52 % en comparación con el mes anterior, explicó el Secretariado, que la define como la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las Fiscalías en el país.
- El Secretariado reportó un aumento del 5% en los casos de secuestro, del 12,72% en el delito de extorsión, de 2,79% en el robo a casas, de 6,88% en el robo a transeúntes y del 3,93% en los casos de violencia intrafamiliar durante octubre respecto al mes anterior.
Ahora bien, no obstante ¿podemos todavía esperar una mejoría en la seguridad que vive el país con la estrategia que ha venido aplicando el presidente López Obrador y que se ha traducido en el aumento de la violencia y la inseguridad en el país?
A finales del año pasado se publicó el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024. En este documento el actual presidente plasma su estrategia para combatir la inseguridad.
Se basa fundamentalmente en 8 puntos:
- Combatir la corrupción y mejorar la justicia.
Al respecto, cabe señalar que con el control que ejercerá el presidente López Obrador sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a través de la fraudulenta selección de su actual presidenta María del Rosario Piedra Ibarra y el virtual control que ya ejerce sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ha logrado colocar una mayoría de magistrados que se identifican con él y su partido MORENA, harán que las decisiones que implican el combate a la corrupción y la aplicación de la justicia en nuestro país tengan un carácter parcial, personal, sesgado y partidista, sujeto a los intereses políticos, económicos y sociales del presidente López Obrador y de su camarilla partidista, por lo que en este contexto se torna difícil lograr un verdadero combate a la corrupción y un mejoramiento en la impartición de justicia en nuestro país.
- Empleo, educación, salud y bienestar.
En este rubro se pretende que mediante la mejoría de las condiciones económicas y sociales de la población se dé una disminución de la delincuencia y la inseguridad, situación que, en dado caso, sólo podría lograrse a largo plazo. Sin embargo, al considerar que la delincuencia está ligada a las malas condiciones económicas de los mexicanos, se comete el error de criminalizar la pobreza y considerar delincuentes a 52.4 millones de personas pobres y a 9.3 millones que viven en pobreza extrema (según cifras dadas a conocer en 2018 por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), con ello, el gobierno se olvida que a quienes realmente deben combatir es a los verdaderos grupos de delincuencia organizada y narcotraficantes, los cuales cuentan con grandes recursos para la ejecución de sus ilícitas actividades y no la población pobre, que con trabajo obtiene un pan para comer.
- Combatir la impunidad en violaciones a Derechos Humanos.
Este punto contempla que ningún cuerpo de seguridad podrá violentar o agredir a la ciudadanía, y por ende poner en riesgo su integridad física.
Pareciera que sólo cometen violaciones a los derechos humanos los cuerpos de seguridad y se deja de lado la violación a los derechos humanos que día a día comete la delincuencia con sus víctimas, como en el caso de los secuestradores, que cometen la violación más flagrante de dichos derechos, que es la privación del derecho a la vida de sus víctimas.
Al parecer los delincuentes gozan de amplia protección, ya que no se les puede tocar ni con el pétalo de una rosa.
Es así que el gobierno mexicano ha prohibido al Ejército y Guardia Nacional que no contesten el fuego y las agresiones de los grupos delincuenciales, lo cual se ha traducido en la ridiculización y burlas de que han sido objeto en varias ocasiones estos cuerpos, como en el caso de la Huacana en Michoacán, donde a finales del mes de mayo del presente año un grupo de civiles golpeó, desarmó y retuvo a miembros del ejército mexicano, a fin de que los elementos castrenses les devolvieran armas decomisadas en un operativo militar.
Sobre el particular, el presidente López Obrador expresó todo su apoyo y respaldo a los soldados y marinos, quien dijo:
“Van a mantener siempre una actitud prudente porque, conscientes de que se deben de respetar los derechos humanos, y que a nadie se le debe privar de la vida. Son situaciones muy difíciles, esto no les va a restar autoridad, al contrario, les da más autoridad”.
Se infiere de todo lo anterior que primero están los derechos de los delincuentes y luego los derechos de los agredidos. Se olvida el presidente López Obrador que los soldados también tienen derechos humanos y que como él lo ha dicho “los soldados son pueblo uniformado».
- Regeneración ética de la sociedad mediante una Constitución Moral.
Dicho plan establece una Constitución Moral que conduzca a una cultura cívica positiva y con ética.
Si bien es cierto, que el cambio cultural es fundamental para lograr transformar la conducta social de los mexicanos, adquiriendo valores tales como la honestidad, la responsabilidad, la honradez, el respeto a uno mismo y a los demás, etc., también es cierto que la adquisición de estos importantes valores sólo será posible con una educación formativa que se inculque a los niños desde temprana edad y que se refuerce con la educación que se imparta en las escuelas públicas y privadas, y mientras tanto cabría preguntarse:
¿Cuántos años tendremos que esperar para que los mexicanos cambiemos nuestra cultura cívica y nuestra ética social que se traduzcan en la adquisición de valores que logren la disminución de la drogadicción y la delincuencia en nuestro país?
