POR: JERRY GORTMAN
(SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE)
Los cuatro siguientes puntos de la estrategia de seguridad del Presidente López Obrador son las siguientes:
- Analizar la prohibición de las drogas y enfocarse en atender a los adictos.
En este punto se contempla analizar los efectos que causan en la población adicta ciertas sustancias como la marihuana o la cocaína; asimismo se pretende atender su rehabilitación y su respectiva desintoxicación y reinserción social.
Resulta contradictorio este punto de la estrategia lópezobradorista, ya que por un lado se pretende rehabilitar y reinsertar socialmente a la gente adicta a las drogas y por otro lado el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 plantea reformular el combate a las drogas y reducir los niveles de consumo a través de levantar la prohibición a las sustancias que hoy son ilícitas.
Entonces cabe preguntarse: ¿cómo se pretende rehabilitar a un adicto al que se le garantiza el acceso legal a la droga que consume?
- Pacificación del país.
Aquí se señala la necesidad de “emprender la construcción de paz que incluya procesos de desmovilización, desarme y reinserción, así como la creación del Consejo de Construcción de Paz”, lo que dará pie, según este punto, a que los grupos criminales del país colaboren con la justicia.
No se puede “pacificar” al país perdonando la acción delictiva de grupos criminales, ni lograr su “reinserción” con frases tales como: “fuchi”, guácala” “piensen en sus mamacitas” o con llamados, como el que hizo el presidente el 15 de agosto pasado donde pidió al crimen organizado que:
“Debe haber respeto a las autoridades, no apostar a intimidar a las autoridades. . .no llevar a cabo acciones ilícitas, no participar en actos delictivos, no se puede permitir que se violen las leyes, se viole la Constitución, no se puede permitir, no sólo es ilegal, hablando de valores es inhumano hacerle daño al prójimo”.
Para lograr la pacificación auténtica del país no basta con palabrerías ni frases huecas, se necesita de una acción enérgica en contra del crimen organizado, utilizando métodos de inteligencia estratégica, táctica y operativa, así como todos los medios coercitivos de que dispone el Estado Mexicano, poseedor del monopolio de la fuerza; de lo contrario, si el gobierno muestra debilidad e inacción en su contra, puede convertirse para los delincuentes en una motivación que los impulse a delinquir con más libertad e impunidad.
- Recuperar las cárceles.
En este apartado se pretende evitar que grupos de criminales tengan el control de las cárceles del país y se remarca la urgente necesidad de que los internos cuenten con condiciones dignas mientras realizan el cumplimiento de su sentencia.
Hasta ahora no se ha dado a conocer cómo se pretende lograr que la delincuencia no controle las cárceles o centros de “readaptación”, ni se ha divulgado algún programa de mejoramiento de las condiciones en que viven miles de presos en nuestro país.
No pasa de ser un buen propósito, pero la realidad es que el gobierno no ha mostrado voluntad política para atacar la corrupción y la impunidad con la que actúan los grupos delincuenciales al interior de las cárceles mexicanas, desde donde siguen planeando y ejecutando delitos tales como el secuestro y la extorsión.
- Un cuerpo militarizado para la Seguridad Pública.
Aquí se contempla la creación de un cuerpo militarizado, de carácter civil, encargado de la seguridad pública, llamado Guardia Nacional, coordinada por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y dirigida por el Ejército o la Armada.
El primero de julio del presente año, el presidente López Obrador puso en funcionamiento la Guardia Nacional.
Las expectativas de éxito dadas a este cuerpo de seguridad son muy grandes para el gobierno mexicano, tal y como puede apreciarse en la declaración de Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien declaró ese día primero de julio que “La Guardia Nacional marcará el inicio del fin de la violencia en nuestro país. Con toda responsabilidad podemos decir que con ella los días más oscuros de la inseguridad quedarán en el pasado”.
No obstante, se echaron demasiado rápido las campanas al vuelo, ya que hasta el día de hoy el combate al crimen organizado, al narcotráfico y por ende a la inseguridad, por parte de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina, no ha sido lo suficientemente rápido y eficaz.
Como lo había mencionado en la primera parte de este artículo, se le tienen atadas las manos a los cuerpos de seguridad en el combate a los grupos delincuenciales, ya que el presidente López Obrador les ha instruido que no repriman ni contesten las agresiones de la delincuencia y que se respeten los “derechos humanos” de los agresores, a fin de no caer en “excesos” ni en “provocaciones”.
En este sentido, cabe señalar que el Ejército ya ha mostrado signos de hartazgo y se cansó de poner la mejilla y no contestar a sus agresores.
El 8 de septiembre de este año, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que personal militar perteneciente al 7° Regimiento Mecanizado, jurisdiccionado a la 17a Zona Militar en Querétaro, recibió una llamada telefónica informando que un grupo de personas estaban saqueando un tren de carga en San Juan del Río, Querétaro. Al llegar al lugar de los hechos, los militares invitaron a las personas a desistir y retirarse del lugar, oyéndose en ese momento disparos de armas de fuego y comenzando el grupo de personas a agredirlos con piedras, palos y botellas, causándoles heridas e intentando además desarmar a los militares, por lo que el comandante tuvo que efectuar disparos al suelo, logrando con ello dispersar a los agresores.
Es importante señalar que el Ejército argumentó que ante la ocurrencia de un delito y en los casos en los que el personal militar o de la Guardia Nacional acudan con el objeto de garantizar la seguridad y paz en el país, y sean objeto de una agresión, se actuará conforme a lo establecido en la “Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza”, que permite su uso en estricto apego a los derechos humanos.
Con ello, el ejército mostró su rechazo a la absurda e inhumana orden del Ejecutivo de quedarse cruzado de manos ante sus agresores, fundamentando su actuar desde el punto de vista legal y estableciendo con ello un precedente para las futuras actuaciones de los cuerpos de seguridad pública en el uso legítimo de la fuerza.
Como puede apreciarse, la estrategia de seguridad del presidente López Obrador presenta múltiples deficiencias y errores en su planteamiento y ejecución que han traído consigo el aumento de la inseguridad y la violencia en nuestro país y cuyo caso más sonado en los últimos meses ha sido la masacre en Chihuahua de mujeres y niños de la familia Le Baron, quienes cuentan también con la nacionalidad estadounidense.
Al cobrar víctimas de origen norteamericano, se ha puesto en evidencia ante el exterior el fracaso de la estrategia de seguridad gubernamental, traspasando con ello las fronteras nacionales y tornándose en un caso de profunda preocupación para el gobierno de los Estados Unidos.
Las consecuencias políticas, en caso de no presentar mejorías la seguridad en el país y seguir aumentando la ola de violencia y asesinatos en México, podrían ser las siguientes:
- Que los Estados Unidos cataloguen a México como un “Estado fallido”, debido a su incapacidad para controlar el problema de la violencia y la inseguridad que se vive en territorio nacional, y que al mismo tiempo los cárteles de la droga mexicanos sean considerados por el gobierno norteamericano como “grupos terroristas”, y
- Dado lo anterior, se obligue a México a permitir la entrada de militares estadounidenses a nuestro país, a efecto de que combatan los cárteles de la droga, vulnerando con ello la soberanía nacional.
Por otra parte, dentro de las consecuencias sociales que podrían suscitarse, de seguirse agravando la inseguridad en México, caben señalar las siguientes:
- Que sectores del ejército mexicano, ante la degradación y humillación que constantemente son expuestos por la absurda, inhumana y peligrosa orden del presidente López Obrador de no responder a las agresiones de los grupos delincuenciales, rompan con el Ejecutivo y se rebelen abiertamente en contra del gobierno mexicano, lo cual podría ocasionar inestabilidad política y social de graves consecuencias para el país,
- Que la población tome en sus manos su seguridad personal y la de sus bienes, armándose para defenderse de los criminales y desafiando a una autoridad que se ha mostrado inepta e incapaz para proporcionar seguridad y defender a la ciudadanía de la delincuencia, y
- Que el narcotráfico extienda su control sobre más territorio nacional, debilitando con ello la presencia del Estado mexicano, lo cual dificultaría aún más el combate a estos grupos delictivos.
Como diría el presidente: el pueblo sabio dice: “Errar es humano y rectificar es de sabios”, también dice: “el necio será necio, le des o no la razón”.
Esperamos que, por el bien del país y de sus habitantes, este último no sea el caso de López Obrador.
