Por Miguel Ángel Jasso Espinosa
1.1 El costo de la inseguridad pública en México
Ya se va a cumplir un año desde que El Banco de México alertó ante los medios de comunicación que en nuestro país la inseguridad pública había alcanzado niveles verdaderamente alarmantes y que este mismo factor debía verse ya como el principal obstáculo que afecta el crecimiento económico de México. Que de no hacerse algo al respecto, afectaría gravemente la economía nacional en los próximos años.
“La inseguridad es la principal preocupación de las empresas, por encima de los impuestos y la corrupción”, indicó el estudio presentado por el Banco de México a mediados de 2017.[1]
Según el Banco de México, la preocupación de los expertos económicos sobre la inseguridad pública en México va en línea con la expectativa social. A mediados de 2017, la percepción de que la situación de la delincuencia seguirá igual de mal entre la población mayor de edad subió 2,2 puntos porcentuales a 36.8% respecto al mismo periodo de 2016.
Apenas iniciado el 2018, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana –la encuesta fue levantada en la primera semana de diciembre pasado–. Según la muestra, que es realizada en 55 ciudades, incluida la capital del país, 75.9 por ciento de los mexicanos mayores a 18 años (tres de cada cuatro) consideró que vivir en su ciudad es inseguro. La proporción, prácticamente similar al 76 por ciento registrado en septiembre, fue superior en 1.8 puntos porcentuales a la reportada al cierre de 2016. De acuerdo a esa encuesta, la percepción que tienen los mexicanos sobre la inseguridad en las ciudades donde viven se deterioró durante todo el 2017. Dicha medición encontró que tres de cada cuatro adultos consideró que su comunidad es insegura. La sensación de vulnerabilidad es mayor entre las mujeres que entre los hombres, en una dinámica en que la mayoría de la población ha decidido modificar sus hábitos para proteger a sus familias. Esta encuesta destaca que los cajeros automáticos de los bancos son considerados los puntos de mayor riesgo.[2] Las ciudades con la percepción de inseguridad más alta fueron Reynosa, Tamaulipas, con 95.6; Chilpancingo, Guerrero, con 95.4; Fresnillo, Zacatecas, con 94.8; Villahermosa, Tabasco, con 94.4; Coatzacoalcos, Veracruz, con 93.6; y la Región Norte de la Ciudad de México, con 92.7.[3]
Por otra parte, la corrupción es otro gran factor que afecta también a la economía mexicana. En este tenor de ideas, el investigador del Colegio de la Frontera Norte, José Luis Solís González refiere que la corrupción y la impunidad endémicas en México han alcanzado niveles sin precedente, debilitando aún más el tejido social e institucional del país. Solís González dice que “se ha operado de hecho una interiorización del fenómeno de la corrupción por parte de los agentes sociales, que la viven como algo normal, como un elemento más de su existencia cotidiana”. Además, la hasta ahora fallida transición a la democracia y la crisis de representatividad que vive el sistema político, han ocasionado en la población la pérdida de credibilidad en las instituciones y el desencanto por los partidos políticos de cualquier signo. Así, el “estado de derecho” es sólo una ficción en la actual sociedad mexicana, la cual es testigo y víctima a la vez de un Estado que se expresa a través de un régimen político autoritario, represivo y sin legitimidad.[4]
Además viene el proceso electoral de este 2018 que también enardece el ánimo de muchos mexicanos desencantados de por sí de cualquier posibilidad de cambio a partir de las elecciones, a las que históricamente consideran fraudulentas.
La violencia tiene un costo para la economía y para el caso de México éste equivale a 3,07 billones de pesos (unos 180.000 millones de dólares) o 25,130 pesos por persona al año, de acuerdo con el con el más reciente Índice de Paz México (IPM 2017), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.[5]
Para ejemplificar el costo de la inseguridad pública y la descomposición que atraviesa el país, resulta pertinente realizar un breve análisis por ejemplo de la violencia que azota al estado de Guerrero.
1.2 Guerrero, el estado más violento de México (2010 – 2017)
De acuerdo con un análisis del Índice de Paz México 2017 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), la tasa más alta de homicidios del país, así como el nivel más alto de impunidad colocan al estado de Guerrero como el más violento de México, por encima de Veracruz, Estado de México, Morelos y Michoacán.[6]
Diversos Organismos de la Sociedad Civil coinciden con esas cifras.
“Los crímenes cometidos por la delincuencia organizada en Guerrero se ubican por encima del promedio nacional. Guerrero es Tierra propicia para más homicidios, porque saben que no se van a castigar. A Guerrero solo se le puede comparar con sí mismo”, dijo Patricia de Obeso, vocera de la organización del Instituto para la Economía y la Paz (IEP). De Obeso ha señalado que en esta entidad del sur de México, la tasa de homicidios de los últimos dos años ha sido de 100 por cada 100,000 habitantes, cuando a nivel mundial es de 6, y en México es hasta de 13 homicidios.
“Entre 2011 y 2016, la tasa promedio de homicidios en Acapulco era de 100 homicidios en el año, del 2011 y 2012 y para 2013 esa cifra creció ocho veces, fueron 800 homicidios, eso da un total de una tasa de 100 homicidios por cada 100,000 habitantes”, precisó De Obeso.[7]
El IEP también calificó mal al Sistema Judicial del estado al señalar que la tasa de impunidad en homicidios en 2014 fue del 89%.
De la misma manera, a través de investigaciones oficiales de la Procuraduría General de la República (PGR), se confirma que el estado de Guerrero es actualmente la entidad más disputada por el crimen organizado (2017).
Cinco agrupaciones criminales operan en la entidad: el Cártel del Pacífico, La Familia Michoacana, el Cártel de los Hermanos Beltrán Leyva, Los Caballeros Templarios y ahora con más fuerza el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Guerrero es uno de los estados en donde la geografía facilita la producción de amapola, mariguana y goma de opio, además de ser la ruta de enervantes hacia Estados Unidos. De esta forma, Guerrero se convirtió en un escenario natural en la disputa de cárteles por el control del territorio.
En la investigación del periodista José Reveles titulada Échale la Culpa a la Heroína,[8] el autor refiere que México ya es el segundo país del mundo, solamente después de Afganistán, en cuanto a potencial de obtención de heroína. Superó con creces a Colombia como abastecedor de opiáceos al mercado estadounidense (30 veces más) y desplazó a la antes segunda región productora mundial, el llamado Triángulo dorado del sudeste asiático, donde convergen Myanmar (antes Birmania), Laos y Tailandia.
El periodista José Reveles aporta los siguientes datos:
Los traficantes de drogas mexicanos son verdaderos empresarios, con un olfato ultra desarrollado para los negocios. Captaron que el precio de la mariguana bajaría con la legalización de esa droga en varios estados de la Unión Americana, sea para usos medicinales o para consumo recreativo, y voltearon los ojos hacia la heroína. Sobre todo porque la tendencia entre los adictos en Estados Unidos apunta otra vez al consumo de los opiáceos, como había ocurrido a principios de los noventa. Hay un “nicho de oportunidad” para los empresarios de la droga mexicanos que no desperdician las coyunturas favorables del mercado. Más del 90% de la heroína que se inyectan, fuman o inhalan –o degluten en fármacos legales– los adictos estadounidenses (allí se cuasi duplicaron los heroinómanos en un lustro, de 373 mil en 2007 a 669 mil en 2012 y ahora rebasan el millón) llega desde México, y de esa cantidad de opiáceos más de la mitad sale desde Iguala.[9]
En su investigación, citando un informe de la Open Society, refiere que de 80 grupos criminales identificados en la República Mexicana, 26 tienen asiento en Guerrero. Esto último dio lugar a que, en el pasado lustro, el ejército mexicano tomara el control sobre 13 alcaldías guerrerenses por falta de confianza en sus autoridades locales –“sospechosas de tener presuntos vínculos con organizaciones criminales”–.[10]
De los 19 434 homicidios dolosos registrados oficialmente en Guerrero de 2005 a 2014, en ninguno de esos años ha llegado a 10% el porcentaje de sentencias condenatorias. Nadie ha sido consignado en una larga historia de desapariciones forzadas y de torturas. “La impunidad ha sido absoluta”. Es claro que se trata de una tragedia de dimensiones colosales que había permanecido oculta antes de septiembre de 2014 (hasta la desaparición de los jóvenes de la normal de Ayotzinapa).[11]
1.3 Grupos del criminen organizado en Guerrero
En las investigaciones federales se indica que Los Rojos mantienen su zona de influencia en el corredor de los municipios guerrerenses de Tixtla y Chilpancingo; mientras que Los Granados operan en la zona de Tierra Caliente, entre Ciudad Altamirano y Arcelia.
Mientras tanto, el Cártel Independiente de Acapulco mantiene el control de la ciudad y centro vacacional que le da nombre, y se disputa la plaza con La Barredora.
Este último grupo opera bajo la protección del Cártel del Pacífico, todavía bajo el control del Chapo Guzmán Loera, lo que genera una de las olas de violencia más alta en la historia del puerto, con enfrentamientos en las principales calles acapulqueñas a plena luz del día, asesinatos y el hallazgo de fosas clandestinas.
También ligado al grupo del Chapo Guzmán está el grupo identificado como Comando del Diablo o Comando Guerrero Diablo, con operaciones en Acapulco, Zihuatanejo y hacía la zona de la Costa Grande de la entidad.[12]
Para tener una idea actualizada de lo que ocurre en Guerrero, el cierre del 2017 significó para la entidad las siguientes cifras: tan solo en Chilapa, Guerrero los grupos delictivos denominados Los Rojos y Los Ardillos mantuvieron una disputa continua por el control del territorio, que hacia fines del mes de diciembre había dejado 240 personas asesinadas, además de 140 personas desaparecidas, la suspensión de clases en más de 670 escuelas por amenazas contra profesores, así como constante presencia militar y policiaca.[13]
1.4 Datos para el análisis
En el estado de Guerrero así como en el resto del país las condiciones con respecto a los delitos ocurridos no denunciados se han incrementado, según la sexta entrega de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2010-2016), esto se refiere a un aumento de la violencia dando como resultado una entidad del país con características de desintegración social, desaceleración económica, aumento de la migración, de la pobreza y marginalidad.
Es preocupante que los niveles de violencia en el estado vayan en aumento ya que una de las principales exigencias de los empresarios para que puedan invertir en algún lugar determinado y se pueda garantizar el buen desarrollo de sus negocios es la seguridad. Asimismo, durante los últimos años la inseguridad ha tomado por sorpresa a la gran mayoría de los ciudadanos que habitan en el estado de Guerrero ya que por el aumento de los niveles de violencia micro empresas y pequeños comercios han cerrado definitivamente: esto implica que una gran cantidad de ciudadanos se han visto en la necesidad de buscar otro trabajo que les garantice un salario que les permita cubrir sus necesidades; en el peor de los casos los guerrerenses se ven en la imperiosa necesidad de desplazarse a otras regiones tanto del su estado como del país.
Lo anterior ha dado lugar a las cifras de la ignominia:
- En su página Internet el ENVIPE estima que la tasa de víctimas por cada cien mil habitantes en el estado de Guerrero fue de 32 589 hombres y 31 600 mujeres (datos del año 2016).
- El ENVIPE permite estimar que para 2016 el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares de Guerrero representó un monto de 5 507.6 millones de pesos.
- Quizás el dato más brutal para entender el hartazgo del ciudadano del estado de Guerrero, consistente en el siguiente: del total de las averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público, en 49 % de los casos No pasó nada o No se continuó con la investigación.
- Secuestrados en sus propios hogares, los ciudadanos de Guerrero han dejado de salir a las calles porque cada día es más común sufrir robos con violencia, observar venta de drogas en la vía pública, para no exponerse al pandillerismo o a las bandas violentas que impunemente consumen alcohol y toda clase de drogas en la vía pública. Evitan salir de noche, y cuando lo hacen no llevan consigo tarjetas de crédito, evitan abordar taxi, viajar por carretera hacia otro municipio u otro estado.
- En este escenario, para 2018 los ciudadanos de Guerrero tendrán el ENORME PRIVILEGIO de renovar 28 diputaciones locales de mayoría relativa, 18 diputaciones locales de representación proporcional, 80 alcaldías y los cargos de elección popular para diputados federales, senadurías y la Presidencia de la República.[14]
- En un estado con tales niveles de inseguridad pública es muy previsible que el día de las elecciones los guerrerenses prefieran no salir a ejercer su voto para no exponerse a perder lo más valioso: la vida.
BIBLIOGRAFÍA
Astorga, Luis, “Drug trafficking in Mexico: a First General assessment. Management of social transformations”, Discussion Paper, número 36, París, UNESCO, 2003.
Reveles, José: Échale la culpa a la heroína (de Iguala a Chicago), México, editorial Grijalbo, 2015.
Reveles, José: El cártel incómodo. El fin de los Beltrán Leyva y la hegemonía del Chapo Guzmán, México, Grijalbo, 2010.
Smith, Peter, “Drug trafficking in Mexico”, en Barry Bosworth, Susan M. Collins y Nora C. Lustig, editoras, Coming Together?, Mexico-United States Relations, Washington, The Brookings institution, 1997.
HEMEROGRAFÍA
“Sube miedo en destinos turísticos en nuestro país”, El Siglo de Torreón, 18 de enero de 2018.
Rebolledo Sánchez David: “La violencia como limitante para el desarrollo y el crecimiento económico en el estado de Guerrero”, México, Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, Vol. 1, 2015, p.p. 385 – 390.
Solís González, José Luis: “Neoliberalismo y crimen organizado en México: El surgimiento del Estado narco”, en Frontera Norte, del El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México, vol. 25, núm. 50, julio-diciembre, 2013, pp. 7-34.
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
[4] Solís González, José Luis: “Neoliberalismo y crimen organizado en México: El surgimiento del Estado narco”, en Frontera Norte, del El Colegio de la Frontera Norte, Tijuana, México, vol. 25, núm. 50, julio-diciembre, 2013, pp. 7-34.
[6] https://bit.ly/2mLKI3j Rebolledo Sánchez David: La violencia como limitante para el desarrollo y el crecimiento económico en el estado de Guerrero, México, Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, Vol. 1, 2015, p.p. 385 – 390.
[8] Reveles, José: Échale la culpa a la heroína (de Iguala a Chicago), México, editorial Grijalbo, 2015.
[9] Reveles, José: Échale la culpa a la heroína (de Iguala a Chicago), op. cit. p. 22.
[10] Op. cit. p. 140.
[11] Idem
[14] Véase la página del INE o bien: https://bit.ly/2DnCxW7