Por: Luis Reed Torres
–XIV y Último–
El internacionalista don Luis G. Zorrilla coincide en que México no se vio en particulares dificultades con Estados Unidos tras la expropiación petrolera, si bien señala que «las compañías norteamericanas presionaban a su gobierno para que interviniera a su favor, sin obtener una actitud resuelta«, y que «desataron una guerra sorda contra México cerrándole mercados a su petróleo, embargándolo en todos aquellos lugares que podían hacerlo en el extranjero bajo el cargo de que era propiedad robada, negándole la venta de equipo necesario para mantener en producción la industria e impidiendo que los barco-tanques de su monopolio mundial (inglés y norteamericano) transportaran el producto» (Zorrilla G., Luis, Historia de las Relaciones Entre México y los Estados Unidos de América, 1800-1958, México, Editorial Porrúa, S.A., Tercera Edición, 1995, Tomo II, 601 p., p. 475. Énfasis de Luis Reed Torres).
Cordell Hull, Secretario de Estado, envió una dura nota al gobierno de México. Pero eran valores entendidos.
En ese forcejeo, el 27 de marzo, Cordell Hull, secretario de Estado, envió una dura nota al gobierno mexicano en la que pasaba lista de los agravios que, según él, se habían cometido contra los intereses estadunidenses en materia agraria y, desde luego, petrolera, y demandaba una explicación precisa en cuanto a la forma en que se indemnizaría a las compañías recién expropiadas, además de asumir todos los derechos de aquellos ciudadanos afectados por los actos expropiatorios. Pero es el caso que el embajador Daniels –que había entablado estrechas relaciones con el régimen cardenista según quedó asentado en la entrega anterior–, si bien entregó la nota al general Eduardo Hay, Secretario de Relaciones Exteriores, le dijo a continuación que la considerara como «no recibida» y, por tanto, sin compromiso de responderla.
En concreto, la Casa Blanca se mostró muy flexible tras la expropiación, reconoció el derecho que asistía a México para decretarla y sólo pidió que se indemnizara debidamente a las compañías, sin que presionara en modo alguno en cuanto a la devolución de las instalaciones.
Por eso el 31 de marzo siguiente el Presidente Cárdenas envió una carta a Daniels, donde le decía «que la actitud adoptada por el gobierno de los Estados Unidos de América en el caso de la expropiación de las empresas petroleras, confirma una vez más la soberanía de los pueblos de este continente, que el estadista del poderoso país de América, Su Excelencia el Presidente Roosevelt, ha sostenido tan entusiastamente.
Eduardo Hay recibió el comunicado de Hull, pero el embajador Daniels le dijo que no se diera por enterado
«Por esa actitud, señor Embajador, su Presidente y su pueblo han ganado la estimación del pueblo de México.
«La nación mexicana ha vivido estos últimos días momentos de verdadera prueba en los que no sabía si debería dar rienda suelta a sus sentimientos patrióticos o aplaudir un acto de justicia por parte del país vecino, representado por Su Excelencia.
«Mi país se siente feliz de celebrar hoy, sin reservas, la prueba de amistad que ha recibido del de usted y que el pueblo llevará siempre en el corazón» (Daniels, Josephus, Diplomático en Mangas de Camisa, México, Talleres Gráficos de la Nación, derechos reservados por Salvador Duhart M., The University of North Carolina Press, 1949, 623 p., p. 289).
Veinticuatro horas más tarde, el propio Presidente Roosevelt declaraba a las empresas que procuraran buscar un arreglo con México únicamente en lo que correspondía a la indemnización por el valor de sus inversiones, pero que de ninguna manera los apoyaría para obtener pagos por el petróleo del subsuelo y mucho menos que fuera a ir a una guerra con México por esa causa.
Rafael Zubarán Capmany llevó a Estados Unidos el borrador del decreto de expropiación en 1938
Un observador enteramente ajeno de los que participaron en todo este asunto, don José Vasconcelos, se encontraba en Nueva York poco antes de la expropiación y asevera que de México llegó Rafael Zubarán Capmany (Secretario de Industria y Comercio en el gobierno obregonista, paréntesis de Luis Reed Torres), quien llevaba lo medular del Decreto de Expropiación para someterlo a la opinión de diversas autoridades en la materia. Para el efecto, Zubarán conversó con el ingeniero Valentín Garfias, conectado con las empresas petroleras, y éste le refirió a Vasconcelos lo siguiente:
«¡Ah, qué Zubarán!; figúrese que ahora está ayudando al gobierno; trae todo un plan para la expropiación de las compañías (…) ¿No ve usted que el gobierno yanqui lo que está buscando es que Cárdenas le eche fuera a los ingleses de la zona de Poza Rica, potencialmente una de las mejores del mundo? Por su parte, las compañías norteamericanas, fatigadas con huelgas y dificultades de todo género, con gusto verán que el gobierno se convierta en Administrador. Saben que fracasará, pero por lo pronto las cantidades que tendrá que pagar por indemnizaciones les resuelve el problema inmediato (…) El precio de cada barril exportado lo impondrán los mismos consorcios, en la boca del puerto, sin necesidad de asumir las responsabilidades de la producción y la administración obrera (…) Por supuesto que me sospecho que en todo esto, más que intereses económicos, se ventilan intereses políticos» (Vasconcelos, José, La Flama, México, Compañía Editorial Continental, 1974, 496 p., pp. 476-477).
En efecto, los más dañados eran los ingleses, pues tan sólo las instalaciones de la compañía angloholandesa «El Águila» constituían más del 65 por ciento de los bienes expropiados, cuyas ganancias, por ende, eran muy superiores a las de los estadunidenses, que tenían en su poder, en cambio, el 70 por ciento de la producción de la plata mexicana, lo que impidió de paso que se realizara un boicot en la compra de este metal, puesto que los yanquis saldrían sumamente perjudicados y, en un momento dado, las empresas mineras que operaban en México podían verse obligadas a clausurar sus negociaciones.
El 8 de abril Inglaterra exigió categóricamente la devolución de los bienes petroleros expropiados, y cuando se le pidió al general Ignacio M. Beteta, Jefe de Ayudantes de la Presidencia, algún comentario sobre tan amenazante actitud, se limitó a responder: «La expropiación de las compañías petroleras ha sido rubricada no solamente por el pueblo mexicano, sino también por el gobierno de los Estados Unidos». Conocida esta declaración poco después, la embajada británica protestó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores y requirió más datos. Intervino entonces don Agustín Arroyo Ch., titular del Departamento Autónomo de Prensa y Publicidad, y pidió que no se publicara nada más relacionado con este asunto (Borrego, Salvador, América Peligra, México, 1964, 609 p., pp. 496-497. Énfasis de Luis Reed Torres. En una de las muchas charlas que a lo largo de más de medio siglo sostuvimos don Salvador y yo, me refirió que en los altos círculos políticos y periodísticos mexicanos se sabía perfectamente que la expropiación había sido previamente acordada con la Casa Blanca, si bien todo esto se decía en voz baja. Como reportero de la Casa Excélsior, Borrego participó muy de cerca en esos acontecimientos).
Resentido pues de lleno el golpe por los ingleses, su gobierno reaccionó violentamente (las Cámaras de los Lores y de los Comunes blandieron el puño y profirieron serias amenazas), desconoció de hecho la expropiación porque el pago de las indemnizaciones no era inmediato y demandó de nuevo la devolución de los campos petroleros.
Para sorpresa del ministro acreditado en México, Owen St. Clair O’Malley, el gobierno del Presidente Cárdenas rompió sus relaciones diplomáticas con la Gran Bretaña, cosa que ningún país se había atrevido a hacer en más de un siglo. Holanda, por su parte, se mostró mucho más moderada y sus protestas fueron muy comedidas. Finalmente, los rumores de represalias económicas por parte de Washington se disiparon totalmente, en concordancia con la actitud que había adoptado desde un principio, cuando el 14 de abril el Secretario del Tesoro, Henry Morgenthau, declaró que podían continuar vendiéndose en Nueva York los cinco millones de onzas de plata que el gobierno mexicano colocaba mensualmente en esa ciudad. Adicionalmente, por esos días arribó a nuestro país John W. Davis, de la empresa Davis and Company, de Nueva York, y concertó con el gobierno las primeras compras de petróleo expropiado, el cual comenzó a ser exportado en los últimos días de abril, es decir cuarenta días después de la expropiación.
Ante los hechos consumados, la Standard Oil buscó un arreglo y pronto le siguieron en ese camino las empresas británicas, aunque éstas quedaron con la impresión de que los estadunidenses habían salido bien librados del problema.
Como quiera que sea, la tormenta intervencionista, que tan amenazadoramente se cernía sobre México, había pasado…
Desde luego, una vez efectuada la expropiación, las compañías trataron por todos los medios, como ya se dijo, de impedir la colocación del petróleo mexicano en los mercados internacionales, y se calificó de «producto robado» el energético que se buscaba comercializar, si bien se pudieron pactar algunas ventas con Suecia y Dinamarca, mas no así con Francia, que no quería agravar a Gran Bretaña. Hubo luego demandas ante diversos tribunales extranjeros y, aunque no prosperaron, el retraso en la entrega de carburantes mientras se ventilaban los procesos judiciales afectó la adquisición de nuestro petróleo (Ruiz Naufal, Víctor Manuel, La Expropiación Petrolera, una Gesta Nacional. en La Expropiación Petrolera, un Debate Nacional, México, Petróleos Mexicanos, 1998, 543 p., p. 88).
Luego de muchas vicisitudes que sería prolijo reseñar aquí se concertaron nuevas ventas y se llegó finalmente a fijar una indemnización por poco más de 170 millones de dólares a las empresas estadunidenses y angloholandesas que habían operado en territorio mexicano. El capital ascendía a 116 millones 145 mil 991 dólares y los intereses significaron 54 millones 312 mil 380 dólares.
El importe correspondiente a los estadunidenses, que se elevó aproximadamente a 40 millones de dólares, fue pagado inicialmente en 8 millones 500 mil dólares el primero de octubre de 1940, y concluido con otros 29 millones de dólares –cubiertos en cinco anualidades a partir de 1943– el 30 de septiembre de 1947; los angloholandeses, por su parte, recibieron 130 millones de dólares en quince anualidades a partir del 18 de septiembre de 1948 y hasta 1962 (La Expropiación Petrolera, México, Secretaría de Relaciones Exteriores (Colección del Archivo Histórico Diplomático Mexicano), Tomo II, 1974, 237 p., pp. 214-215).
El nacimiento de Pemex a raíz de la expropiación, así como su posterior desarrollo y sus perspectivas actuales, constituyen, desde luego, materia muy diferente a todo lo hasta aquí reseñado a lo largo de catorce entregas y que consistió en una breve historia del petróleo en México desde las Ordenanzas Reales de Carlos III hasta la expropiación dispuesta por Lázaro Cárdenas en 1938. El estudio integral de la industria petrolera en los últimos ochenta años permanece como asignatura pendiente –así se dice ahora– que en todo momento deberá abordarse al margen de pasiones partidistas y enfocado a los hechos concretos que se comprueben merced al dato duro.
