Por: Salvador Kalifa Assad
La desaceleración global registrada durante 2019 se agravó en el presente año por la enfermedad COVID-19 causada por el virus SARS-CoV-2, declarada por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, responsable hasta el momento de redactar este artículo del contagio de más de 2 millones de personas en el mundo y la muerte de casi 130 mil de ellas. En dicho contexto, las previsiones sobre el crecimiento de la economía mundial (3.3%) en 2020 que publicó el Fondo Monetario Internacional apenas a fines de enero pasado, probaron ser extremadamente optimistas, lo que reconoce la institución al considerar en su actualización de este mes que más bien habrá una contracción de la actividad productiva (-3.0%) mucho más grave que la de 2009 (-0.1%).
En particular, la economía de Estados Unidos (EU), crucial para el desempeño de la nuestra, estará prácticamente paralizada durante abril, y su marasmo es probable que dure el resto de la primavera. Esto se traducirá en una recesión económica, la primera desde la crisis financiera de 2009. La situación es particularmente grave para líneas áreas, navieras, hoteles, bares y restaurantes, así como el comercio en general, lo que se traducirá en un aumento espectacular de la desocupación, como lo muestran las cifras récord de solicitudes de desempleo de las últimas semanas.
Esos eventos, similares a los ocurridos en otros países golpeados antes gravemente por la pandemia, como China, Italia y España, han llevado a muchos gobiernos a anunciar políticas extraordinarias de alivio económico y financiero para las empresas y las familias. Esas medidas, que representan entre el 2% y hasta el 10% del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país, incluyen, entre otras, créditos blandos y líneas de liquidez a las empresas, transferencias en efectivo a las personas, posposición o reducción en el pago de impuestos, descuentos o cancelaciones del cobro de servicios públicos, así como absorber hasta el 80% de los salarios del personal que pudiera ser despedido debido a la crisis y, en el caso de EU, la ampliación del plazo para la declaración anual de impuestos del 15 de abril al 15 de julio.
En México que, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) tuvo su primera contracción económica en 2019 (0.1% en el PIB real) desde la Gran Recesión global de 2009 (-5.3%), se espera ahora una recesión muy severa. A pesar de ello, no hay cambio en las políticas del gobierno, que no acierta a definir una estrategia económica que nos ayude a superar la crisis actual. El gobierno paraliza la actividad económica pero no amplía plazos ni reduce impuestos, y el presidente pide a las empresas que paguen salarios completos en medio de la crisis. Al momento de escribir esta nota, las autoridades reconocen que en nuestro país se han contagiado a casi 5,400 personas.
Por ahora se admite oficialmente en México la muerte de más de 400 personas, pero es muy probable que estén subestimando en gran cantidad el número de contagios y, seguramente, hasta de muertes, que registran como casos de “neumonía atípica”. Podemos estar seguros de que esos números crecerán considerablemente en las próximas semanas, como ya lo prevén las autoridades, que esperan que el pico de contagios y muertes ocurra entre los meses de junio y julio. El mensaje de esta emergencia sanitaria es claro: la primavera y el verano serán desastrosos para la actividad económica.
Por lo pronto, los daños de la pandemia también se aprecian el sector financiero del país. El índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó severamente, ubicándose por primera vez al cierre de marzo pasado en un nivel similar al que tuvo al cierre de octubre de 2010, y es posible que todavía no toque fondo. Esta inquietud financiera se manifestó también en la cotización del dólar en nuestro país, que para todo fin práctico se había mantenido alrededor de los 19 pesos durante 2019 y que incluso se había apreciado ligeramente en el arranque de este año, para luego depreciarse aceleradamente a finales de febrero y ubicarse en la actualidad alrededor de 24 pesos por divisa estadounidense.
Este debilitamiento del peso se debe no solo al fortalecimiento del dólar, sino también al desplome en el precio del petróleo, debido a una contracción de la demanda por los efectos de la pandemia y un incremento de la oferta por el fracaso de la reunión sostenida por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros productores importantes de crudo a nivel global, grupo conocido como OPEP+, incluyendo a Rusia y México, que concluyó a principios de marzo sin un acuerdo para prorrogar el recorte de producción. El precio del crudo mejoró los primeros días de este mes ante la expectativa de un nuevo acuerdo dentro de la OPEP+, logrado recientemente, para recortar la producción, pero no hay garantía de que se cumpla y, si sucede, qué tanto ayudará a la cotización del petróleo, pero reduciendo en nuestro caso en 100 mil barriles diarios el volumen de exportaciones y no está clara la compensación que haremos a EU por su apoyo.
Los mercados financieros identifican la suerte de México con la del petróleo. Eso que fue cierto en el pasado, ya no lo es. Por lo menos no para el país. Un menor precio del petróleo exportado por México, con una balanza comercial petrolera deficitaria es una buena noticia para el país, pero no así para Pemex y las finanzas públicas, aun cuando se cuenta para este año con coberturas que les permiten amortiguar, hasta cierto punto, la caída en la cotización del hidrocarburo. Tengamos presente, sin embargo, que la protección en el caso de Pemex es solo parcial y lo mismo pudiera ser para el Gobierno Federal si no alcanza a exportar el volumen de crudo protegido por las coberturas.
Lo cierto es que aun con el acuerdo dentro de la OPEP+, y peor si éste no se cumple, las finanzas públicas y las de Pemex resentirán un golpe importante en este año y quizá el próximo. Es lamentable, por tanto, que el gobierno mientras bloquea y entorpece la participación de la inversión privada en energía, insista en apoyar con más recursos a Pemex y continuar con la construcción de la refinería de Dos Bocas, en un momento donde se ha desplomado la demanda global de gasolina y tardará bastante tiempo en recuperarse.
No extraña, por tanto, que las agencias calificadoras de deuda tengan en alerta negativa la deuda de Pemex y la deuda soberana de México. Estoy convencido que antes de finalizar este año la calificación de la deuda de Pemex se ubicará en nivel chatarra, y ante la terquedad de las autoridades en seguir sacando a flote a Pemex, como se aprecia en el documento de Pre-Criterios 2021, las calificadoras también coloquen en ese nivel a la deuda soberana en algún momento del año próximo. Todo esto repercutirá negativamente sobre la cotización del dólar en el país.
La recesión en EU, en particular el freno en su actividad económica en estos meses, así como las medidas de contención de la pandemia apenas anunciadas el 31 de marzo en México, golpearán fuertemente a las exportaciones mexicanas y a la actividad productiva nacional, con la paralización del sector servicios y caídas importantes en el comercio y la industria. Estimo que el segundo trimestre registrará una contracción del PIB en México cerca del 30% en relación con el mismo trimestre del año pasado.
Una caída brutal, que pudiera extenderse hacia el tercer trimestre si las medidas de contención no son efectivas. Sin duda, 2020 será el segundo año consecutivo de contracción económica en México y el PIB podría mostrar una caída entre el 10% y el 15%, más severa que la registrada en 2009. Esta previsión sobre la profundidad de la crisis económica en México es, obviamente, preliminar, y está en función de si la evolución de la pandemia se apega a las expectativas de las autoridades mexicanas y el resto de los diferentes países.
En ese contexto, es decepcionante que Andrés Manuel López Obrador como máxima autoridad ejecutiva del país insista en permanecer cruzado de brazos repitiendo su discurso desgastado. Su plan de reactivación de la economía presentado el 5 de este mes considera tres elementos: mayor inversión pública, empleo pleno y honestidad y austeridad republicana. Entre otras medidas específicas ofreció crear 2 millones de nuevos empleos en este año; no aumentar impuestos; reducir sueldos y eliminar aguinaldos de altos funcionarios; y recortar el gasto en publicidad gubernamental. Como se observa, es más de lo mismo que nos llevó a la contracción de 2019, profundizada ahora por la pandemia.
Mientras tanto, EU y el resto del mundo hacen todo lo posible para evitar la quiebra de miles de negocios y el desborde del desempleo, así como facilitar la recuperación económica. Para ello aplican políticas públicas como créditos blandos y líneas de liquidez para las empresas, transferencias a las personas, reducciones en el pago de impuestos y servicios públicos, ampliación de plazos para pago de impuestos y, para conservar el empleo, ofrecen subvenciones a las empresas para que las destinen a pagar la nómina. Aquí, en cambio, el presidente ve todas esas medidas como una conspiración neoliberal.
Lo cierto es que nos esperan muchos meses amargos. El gran peligro es que la recesión global y la nuestra pueden ser peores si, como algunos temen, habrá varios “pare y siga” en las medidas de contención, hasta que la mayoría de la población sea inmune o se encuentre una vacuna, y eso no sucederá antes de entrado 2021. En ese contexto, la crisis de México puede ser más profunda y prolongada que lo esperado hoy, y sería todavía más grave por las malas decisiones de política pública del gobierno, que dejan sin apoyo a las empresas y reducen el atractivo de nuestro país para el capital privado. Este es, sin duda, un panorama desolador para nuestra economía.