Por: Jerry Gortman
Con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de aprobar la constitucionalidad para realizar una consulta popular que permita juzgar a los expresidentes a través de la reformulación de la pregunta planteada originalmente, se hizo evidente la sumisión que logró López sobre el Poder Judicial de nuestro país, enterrando con ello la división de poderes y el último bastión que quedaba de nuestra democracia.
Cabe señalar que cuatro de los seis ministros que votaron a favor de la constitucionalidad de la consulta popular fueron elegidos en el actual sexenio, en ternas propuestas por el propio López. Se trata de Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Margarita Ríos Farjat y Arturo Zaldívar, quien asumió la presidencia de la Corte en el actual sexenio.
Esto explica la obediencia de estos magistrados a los deseos de su patrón López, ya que le deben la chamba al ganso bolivariano. Cabría preguntarse al respecto: ¿no es hora de modificar la constitución, a fin de encontrar otro mecanismo que permita elegir a los nuevos magistrados sin que intervengan el presidente de la República o el Poder Legislativo, buscando que la designación no tenga tintes políticos y recaiga en ciudadanos expertos en materia constitucional egresados de instituciones jurídicas de renombre nacional como la Barra Nacional de Abogados, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México o la Facultad de Derecho de la UNAM, por mencionar algunos?
López no quedó muy satisfecho con la reformulación de la pregunta, pero señaló que los que votaran por el “sí” estaban de acuerdo con el juicio a los expresidentes. Cuartoscuro.
Para lograr la aprobación los magistrados quitaron la pregunta que decía “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, y la sustituyeron por una pregunta genérica, en la cual se eliminaron los términos “delitos” y los nombres de los expresidentes, quedando de esta manera: ¿Estás de acuerdo o no que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
En este sentido, el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar; señaló que “el resultado de la consulta popular no obliga ni a la Fiscalía ni al Poder Judicial a actuar en contra de nadie, ya que está más encaminado a crear “comisiones de la verdad” que “procesos judiciales”.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva mencionó que “La consulta no podrá obligar, en modo alguno, ni al fiscal general de la República ni al Poder Judicial de la Federación; los sistemas de procuración e impartición de justicia no son sujetos a consulta porque se tiene que realizar lo que manda la ley con independencia de la opinión pública”.
Asimismo, declaró que “Sí pueden obligar al Legislativo y al Ejecutivo a llevar a cabo, en su caso, acciones pertinentes que vayan dirigidas a esclarecer decisiones políticas del pasado por actores políticos, por ejemplo comisiones de la verdad o algún tipo de procedimiento para esclarecer lo que sucedió en el pasado reciente en nuestro país, encaminado a garantizar derechos de víctimas y justicia en un sentido muy amplio”.
Agregó que la consulta no tiene nada que ver con los procedimiento ministeriales ni judiciales que estén en trámite o que puedan presentarse y también precisó que la función de la Corte en este caso no era jurisdiccional ni técnica, sino política.
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, defendió la constitucionalidad de la consulta, aunque para ello hayan cambiado la materia y reorientaran el objetivo de la pregunta, con tal de dar gusto a López. Foto: Cuartoscuro.
De esta manera, Zaldívar reconoce que la consulta no tiene propósitos jurisdiccionales sino políticos. Con ello, politizó la función fundamental que le dá sustento a la existencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: la defensa del orden establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A partir de ahora, defender los intereses políticos del gobierno será la prioridad de la SCJN sin importar que sus actos vulneren los principios establecidos en nuestra Carta Magna.
En este contexto, Martín Vivanco Lira, Doctor en Derecho por la Universidad de Chile, Maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y Maestro en teoría política por la London School of Economics and Political Science, mencionó en su artículo denominado “La Suprema Corte y la constitucionalidad de la consulta popular: ¿Qué tan grave es esta decisión?”, publicado en la Revista Nexos el pasado 1º de octubre, que con la votación a favor se abre una grieta en la Corte, mostrando a un tribunal constitucional dividido en algo básico: su función, su papel en una democracia constitucional, y señaló que “en el fondo lo que emerge es una discrepancia en torno al entendimiento que tienen los ministros sobre su propia función”.
Es pertinente hacer mención que para lograr su cometido, los lacayos magistrados, que votaron a favor de la consulta, cambiaron la materia sobre la cual se pronunciaron.
Para ello, modificaron el objetivo de esta, reorientando la pregunta para que no involucrara la labor de investigación y castigo de delitos a cargo de fiscalías o jueces, sino solo actividades que competan al Poder Ejecutivo, o sea al gobierno federal; es decir, que la consulta sólo será válida desde la perspectiva de evaluar el desempeño de los expresidentes como servidores públicos desde una visión social y no penal o criminal.
Al respecto, la ministra Norma Lucía Piña se opuso a la consulta de López Obrador y declaró que la Corte no estaba facultada para modificar el objeto de la consulta, ya que ésta era una atribución exclusiva del Congreso.
INE plantea consulta popular para enjuiciar a expresidentes en agosto de 2021. | Reforma.
De esta manera, Zaldívar evidenció que, con tal de obedecer las órdenes de su jefe López, fue capaz de enterrar a la propia constitución y utilizar a la SCJN dándole atribuciones políticas para cambiar el objeto de la consulta, y proponer una nueva pregunta que tiene como objetivo propiciar el linchamiento político de los regímenes pasados a través de “comisiones de la verdad” que traerán a la opinión pública los excesos e injusticias que cometieron los expresidentes pero que callarán y ocultarán todas las arbitrariedades, robos, abusos de autoridad, nepotismo, impunidad y corruptelas del gobierno de López y sus ineptos y cacos colaboradores.
Manifestación pública exigiendo juicio y cárcel a los expresidentes.
Foto de EFE.
Y aunque la nueva pregunta resultó más abierta, y plantea un marco más amplio que no se limita a los expresidentes del pasado sino a “actores políticos”, que inclusive podría incluir al propio López, ya que el cambio de pregunta deja abierta la puerta para realizar cualquier tipo de juicio público de carácter popular, no obstante, es poco probable que López permita que la consulta sea un instrumento que permita juzgar su propio actuar político cuando fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y su catastrófico desempeño en los casi dos años que lleva al frente del Poder Ejecutivo.
Sobre esto último cabe mencionar la opinión de los Senadores del PAN, quienes calificaron de ridícula y absurda la pregunta que reformularon los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para realizar una consulta popular que describieron como inútil porque no será vinculatoria para las autoridades de procuración de justicia.
El senador Damián Zepeda dijo que la justicia no se consulta, se aplica y señaló que la pregunta planteada no se entiende y en los términos en que está planteada podría, incluso, exigirse juzgar actos ilícitos del pasado cometidos por el presidente Antonio López de Santa Anna.
“Fue vergonzoso escuchar a ministros y ministras dar piruetas y maromas para buscar justificar una argumentación que no tenía ningún sentido y que claramente iba contra la ley. Un estudiante de primer semestre de Derecho claramente podía identificar que la consulta que estaba impulsando el presidente López Obrador era violatoria a la Constitución y qué tristeza que el tribunal constitucional haya decidido caer ante la manipulación política que está llevando a cabo el presidente López Obrador”, expuso Zepeda.
Por su parte Julen Rementeria, vicecoordinador de la bancada del PAN, comentó que “no hay manera de que se pueda conscientemente, y tratando de ayudar al país, de votar a favor de una pregunta que no resuelve absolutamente nada. Aunque la gente diga que sí, el Ministerio Público no resulta obligado. Es verdaderamente una salida infantil, que raya verdaderamente en lo ridículo, es una pregunta estúpida”.
Sin embargo; es también preocupante el hecho de saber que a pesar de conocerse la inutilidad de una consulta que no servirá para enjuiciar ni llevar a la cárcel a ningún expresidente, se pretenda aplicarla tirando a la basura 8 mil millones de pesos que podrían utilizarse para mitigar los efectos económicos y sociales causados en la población por la pandemia de covid-19.
Pero, como a López las necesidades del pueblo no le importan, y éste necesita de un circo político-electoral engaña bobos para los próximos comicios del 6 de junio del 2021, el pueblo tendrá que asumir la onerosa carga económica de una consulta que tendrá un alto costo político para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Estado de derecho en México.
