Por: Miguel Ángel Jasso Espinosa,
En el artículo previo, se definió el fenómeno de Desaparición forzada y se especificó que, en nuestro país, ésta es un problema de lesa humanidad, ya que, hasta el cierre del primer semestre de 2019, se documentó que existen 37.400 personas con registro de desaparición, casos documentados desde el año 2006. También se detalló que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como organizaciones civiles independientes tienen registros confiables del hallazgo de casi 2,000 fosas clandestinas en 24 estados de la república mexicana, con no menos de 3,900 cuerpos.
FOSAS CLANDESTINAS
Referencia: https://bit.ly/2WX4IoN
Para algunos investigadores el origen de las fosas clandestinas, se remonta en nuestro país a la llamada Guerra sucia (1965-1982), donde el Estado opresor se encargó de “desaparecer e inhumar clandestinamente a los opositores del régimen imperante”. Pero a diferencia de aquella época donde el principal protagonista como victimario era el Estado, en la actualidad, las fosas clandestinas fueron originadas por el crimen organizado, quien en connivencia con las autoridades —ya sean federales, estatales o municipales—, desaparece personas por múltiples motivos y entierra los cuerpos en fosas clandestinas.
Cuevas, minas abandonadas, pozos, excavaciones en sitios baldíos, orillas de caminos desolados o lagunas y mares pueden convertirse en una fosa clandestina.
En las fosas se entierran personas asesinadas en “múltiples actos de violencia”, es decir, no sólo las que matan los sicarios del crimen organizado. A veces son los “levantados”. Se estima que el “levantado” termina en una fosa anónima y la oscuridad se hace más profunda porque las autoridades muchas veces se niegan a registrar una denuncia de desaparición.
Cuando la impunidad es enorme y las violencias ancestrales –el odio a las mujeres, el racismo, la discriminación– foguean a las violencias criminales contemporáneas, la muerte forma parte de la vida cotidiana. Estas violencias alentadas por los viejos odios y desbordadas por las nuevas formas de impunidad pueden ejercerlas tanto los grupos criminales privados como los fragmentos autónomos del Estado. La violencia en efecto tiene una funcionalidad: le permite al Estado disputarle el control territorial a los criminales y capturar o matar a los capos, y a los cárteles les posibilita realizar castigos internos, ganar territorios en las guerras por las rutas de distribución, intimidar o comprar funcionarios, así como obtener respeto y reputación. Pero es una funcionalidad contradictoria en la cual los medios superan a los fines y lo anormal se hace normal. Las masacres, la apropiación de los territorios y de los cuerpos, el tráfico de mujeres y de migrantes, la prostitución infantil, los levantones, las desapariciones, y las fosas clandestinas revelan que el horror es un ruido de fondo permanente.[1]
Otro investigador señala a las fosas clandestinas “como puntales básicos de una maquinaria de terror destinada al sembrado de incertidumbre sobre el paradero y la identidad de las personas secuestradas o encarceladas y luego fusiladas, y cuya eficacia se plasma todavía hoy en la dificultad que hay para efectuar identificaciones de los cadáveres exhumados”.[2]
EN MÉXICO, CADA DÍA HAY MÁS FOSAS CLANDESTINAS
La organización de periodismo de investigación Quinto Elemento Lab, presentó un Mapa de fosas clandestinas con datos obtenidos de fiscalías de todos los estados, de las fosas y los cuerpos hallados. De 2006 a 2016, informan que se encontraron al menos 2.884 cuerpos en 1.978 fosas. Esta organización de periodismo informó que en sus investigaciones aún falta agregar los registros correspondientes a los años de 2017, 2018 y lo que va de 2019.[3]
De conformidad por los datos aportados por Quinto Elemento Lab, revela que prácticamente en todo el país se han encontrado casi 2 mil fosas clandestinas entre 2006 y 2016, a un ritmo de vértigo: una fosa cada dos días, en uno de cada siete municipios de México.
Referencia: https://bit.ly/2MWemTW
Fueron, al menos, mil 978 entierros clandestinos en 24 estados del país. Las fiscalías recuperaron de estos hoyos, 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número aún no determinado de individuos.
Del total de cuerpos y restos, en todos estos años, y de todas estas fosas, sólo mil 738 de las víctimas han sido identificadas, según documenta la investigación hecha a partir doscientas solicitudes de acceso a la información a las autoridades de cada uno de los 32 estados.
El fenómeno creció a niveles de catástrofe si se toma en cuenta que el año 2006 fueron descubiertas sólo 2 fosas, y que en los años siguientes subió a varios cientos el número de ellas.
En 2007 el número de escondites de cuerpos descubiertos bajo tierra trepó a diez, extendidos en cinco estados. En 2010 la cifra anual ya era de 105 fosas, en 14 entidades; en 2011 fue en 20 estados y saltó a 375, equivalente en promedio a una por día.
A partir de 2012 los hallazgos de entierros clandestinos, por año, no han bajado de 245.
Las inhumaciones ilegales se convirtieron en uno de los sellos de agua de los dos sexenios, al grado de que en uno de cada siete municipios mexicanos personas criminales cavaron hoyos en la tierra para ocultar los cadáveres de sus víctimas y, en algunos casos, también quemarlos.
En por lo menos 372 municipios de México hubo personas que desaparecieron a sus víctimas de esta manera.
Aun cuando estos datos superan todas las cifras dadas antes por cualquier autoridad, la información todavía está incompleta.
Ocho estados no están incluidos en el mapeo porque respondieron que en esos 11 años no encontraron fosas: Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Yucatán.
Sin embargo, Yucatán es el único estado donde nadie -ni la fiscalía local, la PGR, la CNDH o la prensa- había registrado hasta esa fecha el hallazgo de algún entierro clandestino.
De conformidad con los datos aportados por diversas dependencias federales y organizaciones de la sociedad civil, hasta enero de 2018, Veracruz cuenta con 343 fosas clandestinas, más que ninguna otra región en México. Desde ese mes, el número ha aumentado. Y ya en plena administración de López Obrador, Veracruz sigue siendo noticia por la cantidad de fosas que aparecen día con día.[4]
Referencia: https://bit.ly/2IW0Muf
Los estados donde fueron descubiertos más cadáveres en fosas son: Durango (con 497 cuerpos); Chihuahua (391); Tamaulipas (336); Guerrero (325); Veracruz (222); Jalisco (214); Sinaloa (176); Michoacán (132); Nuevo León (119); Sonora (96); Zacatecas (81).
A todos los datos anteriores se tiene que sumar la negligencia de las autoridades (federales y estatales) para resguardar los lugares con las fosas clandestinas. “Habitualmente, agentes del Ministerio Público y policías no toman medidas de investigación básicas para identificar a los responsables de desapariciones forzadas, y a menudo les dicen a los familiares de personas cuyo paradero se desconoce que deben investigar por su cuenta”.[5]
Cuando una ONG local llevó a investigadores independientes a una morgue en Chilpancingo, Guerrero, en 2017, encontraron 600 cuerpos en una instalación con capacidad para 200. Había montículos de cuerpos embolsados y apilados sobre el suelo, infestados de gusanos y ratas. El sistema de refrigeración no funcionaba y el hedor que salió del lugar al abrir las puertas era tan intenso, que los agentes del Ministerio Público que trabajaban en un edificio contiguo suspendieron sus labores en señal de protesta.[6]
Y cómo olvidar el tráiler fétido de Guadalajara. Luego de que vecinos de un suburbio de Guadalajara, Jalisco, se quejaran por el hedor fétido y la sangre que emanaban de un tráiler estacionado en su vecindario, los medios de comunicación locales revelaron su contenido: 273 víctimas de homicidios. El camión —alquilado por las autoridades— había estado durante días en distintos lugares en los suburbios de Guadalajara, con el sistema refrigerante averiado, en busca de un lugar definitivo para estacionarse.[7]
Para muchas familias, las fosas simbolizan la esperanza de recuperar los restos de sus seres queridos. Al menos los restos.[8]
Ni vivos ni muertos, es una frase que utilizara el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla con la que definía a las “víctimas de desaparición forzada” de su país en el año de 1979. Con dicha frase definía “la condición de esas personas (desaparecidas) y la percepción de sus familiares”. En 1979, en una conferencia de prensa, Rafael Videla contestó a un periodista que le cuestionaba acerca de los desaparecidos en Argentina:
«Le diré que frente al desaparecido en tanto éste como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo…Está desaparecido».[9]
BIBLIOGRAFÍA
Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada De Personas (1994) Belém Do Pará.
Gutiérrez Contreras, Juan Carlos (Coordinador): Noche y niebla, Por los caminos de la impunidad en México, un estudio sobre tortura, desaparición forzada y justicia militar, México, publicación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A. C. (CMDPDH), 2008.
Mastrogiovanni, Federico: Ni vivos ni muertos, México, coedición Grijalbo-Proceso, 2015.
Vélez Fernández, Giovanna, La desaparición forzada de las personas y su tipificación en el Código Penal Peruano (Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 2004).
HEMEROGRAFÍA
Aguilar Cavallo, Gonzalo: “La Desaparición Forzada De Personas: Naturaleza, Fuentes Y Jerarquía. Comentario a La Sentencia Del Tribunal Constitucional Relativo A La Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada De Personas”, Santiago de Chile, Estudios Constitucionales, vol. 7, núm. 2, 2009, Centro de Estudios Constitucionales de Chile.
Camacho Gómez, Juan José, “La desaparición forzada de personas: avances del derecho internacional”, en Revista Mexicana de Política Exterior, 66 (2007).
Ferrándiz, Francisco: “De las fosas comunes a los derechos humanos: El descubrimiento de las desapariciones forzadas en la España contemporánea”, Madrid, España, Revista de Antropología Social, vol. 19, 2010, pp. 161-189 Universidad Complutense de Madrid.
Pereyra, Guillermo: “Violencia, desapariciones y catástrofe, México después de Ayotzinapa”, en Argumentos, vol. 28, núm. 78, abril, 2015, pp. 115-136 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México.
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
[1] Pereyra, Guillermo: “Violencia, desapariciones y catástrofe, México después de Ayotzinapa”, en Argumentos, vol. 28, núm. 78, abril, 2015, pp. 115-136 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, México.
[2] Ferrándiz, Francisco: “De las fosas comunes a los derechos humanos: El descubrimiento de las desapariciones forzadas en la España contemporánea”, Madrid, España, Revista de Antropología Social, vol. 19, 2010, pp. 161-189 Universidad Complutense de Madrid.
[3] Guillén, Alejandra, Torres Mago: “El país de las dos mil fosas”, 5º elemento, México, periodismo de investigación; véase en: https://bit.ly/2XpuZLy
[9] Mastrogiovanni, Federico: Ni vivos ni muertos, México, coedición de Grijalbo – Proceso, 2015.
