Por: Gustavo Novaro García
A comienzos de siglo, Colima era uno de los estados más apacibles de la república, caluroso, con gente tranquila, opacado por su vecino Jalisco, uno de los riesgos era que una iguana gigante se metiera en un jardín.
Sin embargo, las cosas poco a poco comenzaron a cambiar, para mal.
El 21 de noviembre de 2010, el exgobernador Jesús Silverio Cavazos Ceballos fue asesinado afuera de su casa. El político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue gobernador del estado del 5 de abril de 2005 al 1 de noviembre de 2009. El cargo lo ocupó tras la muerte del titular, Gustavo Vázquez, en un accidente aéreo en 2005.
Posteriormente, el acusado de ser el autor intelectual del crimen, fue muerto dentro del penal de Puente Grande.
En 2015, otro exgobernador colimense, Fernando Moreno Peña (1997-2003) sufrió un atentado, al que sobrevivió a pesar de haber recibido una bala en el cuello, en un restaurante.
Estos acontecimientos pasaron desapercibidos dentro de la creciente espiral de violencia que ha consumido al país.
La situación de inestabilidad en ese pequeño estado se atribuye, primero, a que a través del puerto de Manzanillo se importan una gran cantidad de precursores químicos que se utilizan para crear drogas sintéticas, que son ahora la principal mercancía ilegal de exportación de los cárteles mexicanos hacia los Estados Unidos; en segundo lugar, a que el crimen organizado se disputa el control de esa actividad delictiva.
Ahora, Colima se tornó el centro de la atención nacional cuando el martes 16, se supo que el juez federal Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas fueron asesinados por varios hombres que le perdonaron la vida a dos hijas de la pareja, de tres y siete años y a una trabajadora doméstica, dentro de la casa que rentaban en la capital colimense.
El presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, calificó los homicidios como un crimen de Estado, más bien debería de ser un crimen contra el Estado, ya que muestra impunidad y desafío a las instituciones.
La versión oficial señala que el juez rechazó la posibilidad de tener una escolta, debido a que consideraba que no la requería, pese a haber trabajado en casos de alto perfil y a la inseguridad que hemos visto asola al occidente del país.
Este caso obliga a pensar en la respuesta que tomará el Estado mexicano ante este desafío y recuerda inevitablemente las acciones que emprendió Italia para combatir a la Mafia, tras los asesinatos con explosivos en Sicilia de los fiscales Paolo Borsellino, el 19 de julio, y Giovanni Falcone, el 23 de mayo de 1992, y que desarticularon los nexos entre los criminales y el partido político dominante en esa era, la Democracia Cristiana y que sacudieron las instituciones de la nación de la bota, como lo describe muy bien Alexander Stille en su libro Excellent Cadavers.
Si no se puede proteger la integridad de los jueces y sus familiares, un sistema judicial que enfrenta un fuerte escrutinio público por la corrupción, real o percibida, que lo permea, sufrirá un descrédito aún mayor y las posibilidades de que los juzgadores resuelvan a favor de los criminales que no se detienen ante nada, será una constante.
En un México en el que la vida humana parece tener cada día menos y menos valor, en el que los homicidios diarios superan un promedio de 90 personas asesinadas, y en que los crímenes rara vez se esclarecen y menos aún los delincuentes terminan sentenciados y en la cárcel, estamos en una situación crítica en el que el frágil equilibrio social está a punto de romperse.
Lo que haga y deje de hacer la administración federal, que tomó a su cargo el doble homicidio, mostrará la voluntad real que tiene este gobierno primero, para dar respuestas con pulcritud y con eficacia; y en segundo lugar, para proteger la integridad de los servidores públicos que se rifan la piel cotidianamente frente a amenazas reales.
La pelota está en la cancha de las instituciones, cómo se comporten en las siguientes semanas frente a este asunto, mostrará si el compromiso con la seguridad de los gobernados es pura palabrería o si realmente se quieren tomar acciones decisivas.
