POR JERRY GORTMAN
López está muy activo con el juicio a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
La consulta ciudadana organizada por MORENA para “enjuiciar” a los expresidentes pretende recabar 2 millones de firmas ciudadanas. Foto: Mauricio Huizar
El Consejo Nacional de MORENA determinó el domingo 30 de agosto pasado realizar una movilización nacional, a fin de recabar las firmas necesarias para solicitar una consulta en busca de contar con la aprobación popular para que los expresidentes sean sujetos a juicio penal por corrupción.
El líder de MORENA, Alfonso Ramírez Cuellar, declaró que buscarán recolectar 2 millones de firmas, 200 mil firmas adicionales a las que requiere la ley.
Para ello, establecieron mesas receptoras en diversos lugares del país y en el extranjero, en Nueva York, habilitando además un portal en Internet para descargar los formatos de recolección de firmas.
Como siempre, la demagogia populista de López y sus consultas, amañadas y hechas a modo, serán el instrumento para engañar al pueblo y hacerle creer que llevará a juicio no sólo a un expresidente, en este caso Peña Nieto por el caso Lozoya, sino a cuatro más.
¿A cuántos expresidentes le gusta a usted, estimado lector, que López lleve a juicio y meta a la cárcel?
Si usted es de las personas que siguen creyendo los cuentos de López, me dá mucha pena desengañarlo y decirle que no meterá a la cárcel a ninguno.
La razón de ello obedece a un “pacto de impunidad” que se estableció cuando se fundó el sistema político mexicano en 1929, donde se acordó proteger la corrupción y la impunidad entre los miembros de la clase política. Dicho en otras palabras, el sistema político mexicano se hizo para “violar la ley” y “robar impunemente”, por eso cuando López dice querer enjuiciar a los anteriores expresidentes por corrupción está mintiendo, ya que él sabe perfectamente la regla del sistema político: dejar hacer, dejar robar.
Gerardo Fernández Noroña encabeza las consultas del PT para llevar a juicio a los ex presidentes.
Puede haber una guerra de declaraciones y circo de enjuiciamientos en contra de los mandatarios anteriores por parte de López, pero lo que nunca se verá es a un expresidente en la cárcel, ya que al hacerlo López rompería el “pacto de impunidad” del sistema político mexicano y él mismo estaría expuesto al juicio y a la prisión.
Adicionalmente, respecto a este asunto, es importante señalar que la impartición de la justicia no puede ni debe quedar a expensas de una consulta, por muy democrática que ésta sea. La ley no debe estar sujeta a componendas políticas. Si los expresidentes violaron la ley, robaron o cometieron algún delito, deberán ser juzgados conforme a las leyes mexicanas y aportando las pruebas respectivas.
En este sentido, López debe asumir personalmente la decisión de enjuiciar a los expresidentes y no ampararse en el pueblo, ya que esta es una decisión política cuya responsabilidad atañe a él exclusivamente. Escudarse en el pueblo para tomar decisiones es un acto demagógico y cobarde.
Una vez más, López y MORENA embaucan a los mexicanos haciendo propaganda política. Utilizan millones de pesos, que debieran encauzarse en las necesidades del pueblo, para organizar una costosa encuesta que saben no funcionará más que para distraer al pueblo de los problemas que lo aquejan y ponerse ellos de ejemplo en el combate a la corrupción, aunque López no combata la galopante corrupción de su propio gobierno (las “inexplicables” riquezas de Bartlett, de la pareja Sandoval-Ackerman, de Gómez Urrutia; el aumento de las adjudicaciones directas, que eluden la obligatoriedad establecida en la constitución de realizar licitaciones para la adquisición de bienes y productos, con lo cual aumenta la opacidad y el robo a costa del erario público), y no aclare el origen de millones de pesos recaudados por su hermano Pío López Obrador, destinados, según López, para financiar su movimiento.
López pretende quitar el fuero a presidentes en funciones, a fin de que puedan ser acusados por diversos delitos ante el Senado de la República, donde actualmente su partido es mayoría. Foto: Notimex
Por otra parte, López declaró que volvió a enviar al Poder Legislativo su iniciativa para quitar el fuero al Presidente de la República y, de esta manera, los presidentes en funciones puedan ser juzgados, no solo por traición a la Patria, sino también por actos de corrupción, delitos electorales o cualquiera de los enlistados en el artículo 19 de la Constitución.
Entre estos últimos destacan el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, desaparición forzada y los que determine la ley en contra de la seguridad de la nación.
Es importante mencionar que la instauración del fuero en México proviene, casi literalmente, del artículo 128 de la Constitución de Cádiz y del 42 de la Constitución Federal de 1824. Sus raíces provienen de los enfrentamientos dados entre el Parlamento y la Corona ingleses durante los siglos XVI y XVII. En este periodo el privilegio legislativo consistía en la inviolabilidad de los discursos y debates dentro del parlamento, por lo que, desde este aspecto, el nacimiento de esta medida está unido a las funciones legislativas.
Sin embargo, la forma que tiene en la actualidad se derivó de la Revolución Mexicana y se instituyó en la Constitución de 1917.
De esta manera, al instituir el constituyente de 1917 que el Ejecutivo sólo podía ser juzgado por traición a la patria, se quiso fortalecer la institución presidencial al proteger al Presidente de la República en contra de posibles ataques de enemigos políticos, dándole continuidad y estabilidad en sus funciones.
Asimismo, también contribuyó a hacer de la figura presidencial un símbolo de impunidad y corrupción, ya que se le dejaba con manos libres para realizar actos al margen de la constitución, como lo ha venido haciendo desde hace décadas.
Es menester señalar que a López no le conviene que ahorita el Legislativo apruebe una iniciativa de este tipo, la cual incluye el enjuiciamiento por delitos electorales, en momentos en que se ha cuestionado a su hermano por recibir dinero sin aclarar el origen del mismo y que es destinado, según el propio López, a su movimiento político.
No obstante, de aprobarse la iniciativa es muy poco probable que López, al contar con mayoría en el legislativo, pudiera ser enjuiciado por cualquiera de los delitos que señale la constitución; sin embargo, si pierde la mayoría en las próximas elecciones del 2021 la situación podría cambiar y ser aprovechada por la oposición para fincarle cargos y buscar su destitución.
Por ello, es muy probable que esta iniciativa se vaya a la congeladora en la próxima legislatura que inicia actividades a partir del primero de septiembre. Los morenistas deberán proteger al ganso de Macuspana para no exponerlo a la “furia conservadora” de sus enemigos políticos.
López ha desplegado por todo el país diferentes brigadas y comités promotores ciudadanos para recabar las opiniones de la gente y engañarla, haciéndole creer que llevará a juicio a los expresidentes. Foto:Presidencia
