Por: Jerry Gortman
“La democracia tiene reglas: la empresa había cumplido con todos y cada uno de los permisos y obligaciones que el Estado le solicitó, y no existe ninguna razón que justifique la cancelación de la obra ni la inversión”.
Palabras de Carlos Salazar Lomelí, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Constellation Brands, empresa estadounidense que importa la cerveza Corona y el resto de marcas del Grupo Modelo a EU, ha dicho que su planta no afecta el abasto de agua en la región.
Haber cancelado la terminación y puesta en funcionamiento de la planta cervecera norteamericana Constellation Brands, ubicada en Mexicali, Baja California, es un acto de López que tendrá un alto costo económico y social para todos los mexicanos.
Nos dice el periodista Salvador García Soto que en la cancelación de la cervecería en Mexicali, López actuó movido por una venganza personal en contra del empresario Valentín Diez Morodo, uno de los principales accionistas del Grupo Modelo y socio del consorcio estadounidense Constellation Brands, por haber sido este uno de los opositores más acérrimos a la candidatura presidencial de López Obrador y productor y difusor del video “Populismo en América”.
De ser cierta la tesis de García Soto, el país fue sometido al autoritarismo de un hombre que antepone sus intereses personales e ideológicos por encima del interés general de la nación, pues, en este caso, con la cancelación de dicha planta no sólo privó de la creación de miles de empleos, directos e indirectos, a los habitantes de Mexicali, sino que además significó la ruptura del gobierno de López con un importante sector de la clase empresarial mexicana, despojando al país de futuras inversiones, en estos momentos que las necesita urgentemente en un contexto de crisis nacional e internacional.
El presidente tendió una emboscada a la empresa Constellation Brands. Ordenó una consulta irregular para cancelarla, dando con ello un duro golpe a la inversión. El gobierno viola la libertad de emprender y desprecia la legalidad. (Anuncio de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX).
No es la primera vez que López hace esto. Como se recordará, en octubre de 2018 realizó la consulta ciudadana para cancelar el Aeropuerto de Texcoco, acción que trajo consigo la pérdida de miles de millones de pesos que ya se habían invertido en este proyecto, mismos que tendrán que ser pagados con los impuestos que se obtienen del trabajo de los mexicanos, así como la disminución de flujos de inversión extranjera, pérdidas de empleo y el debilitamiento de nuestra economía.
Estas “consultas populares” son ilegales y violentan el estado de derecho, ya que no están fundadas de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que como lo señala el artículo 35 de nuestra Carta Magna, en relación a las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional, es el Instituto Nacional Electoral quien deberá encargarse de la organización, difusión, desarrollo, cómputo y declaración de resultados; sin embargo, en el caso de la cancelación de la cervecera, ésta fue organizada por la Subsecretaría de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, es decir, el gobierno fue juez y parte de un mismo proceso, en el que los acarreados y el voto inducido a favor de la cancelación fueron la nota que caracterizó este “sui generis ejercicio democrático”.
De manera ilegal y violando el estado de derecho, el gobierno avaló que el 1.3%del padrón electoral de Mexicali que votó en la consulta detuviera una inversión de 1,400 millones de dólares.
Asimismo, este mismo artículo de nuestra constitución señala que el resultado sólo podrá ser vinculatorio para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, al 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, y no como en esta consulta, en la que únicamente participó el 1.3 por ciento del listado nominal de Baja California (36, 781 personas) de un total de 2,816,510 que se encuentran inscritas en el listado nominal.
Cabe hacer mención que el argumento central utilizado para justificar la cancelación de esta obra se basa en la supuesta utilización excesiva de agua por parte de la cervecera, lo cual, según López, pondría en riesgo el suministro de tan vital líquido a la población mexicalense. Sin embargo, estudios hechos en el año 2018 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), organismo dependiente del Gobierno Federal, demostraban que la planta sólo utilizaría el 0.2% de los recursos hídricos de la localidad, la cual se comprometía a devolver el líquido utilizado, a través de mecanismos de tratamiento de agua, para ser usado por la población con fines agrícolas.
Resulta falso e hipócrita que López engañe al pueblo mexicano, haciéndole creer que defiende el derecho humano al uso del agua, cuando cedió a las presiones del gobierno norteamericano para aumentar el suministro de este líquido al vecino país del norte, de 55 a 110 metros cúbicos por segundo, como parte del Tratado Internacional de Aguas de 1944.
La subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, informando que el Gobierno no otorgará permisos de operación para la planta cervecera. EFE/J. Núñez
De esta manera, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) determinó extraer mil millones de metros cúbicos de la presa La Boquilla y 100 millones de la presa Luis L. León (también conocida como El Granero), ubicadas en el estado fronterizo de Chihuahua. Esto provocó que el pasado 27 de marzo se suscitaran disturbios por la entrega de agua a los Estados Unidos.
La Asociación Estatal de Usuarios de Riego de Chihuahua manifestó su rechazo a la extracción de agua de presa La Boquilla, lo cual provocó el incendio de dos camionetas de CONAGUA y una patrulla de la Policía Federal, el bloqueo de la carretera Panamericana a la altura del municipio de Meoqui, apedreando además una patrulla de la Guardia Nacional y saqueando y quemando un tráiler de la empresa Bimbo.
En el aumento del suministro de agua que se hizo a costa de las necesidades de los agricultores mexicanos, para beneficiar a las poblaciones fronterizas de los Estados Unidos, sí debió mediar una consulta previa que reflejara la oposición de estas comunidades a quedarse sin agua suficiente para realizar sus actividades agrícolas; sin embargo, como es su costumbre, López volvió a ceder a las exigencias del gobierno de Donald Trump. Aquí no hubo consultas manipuladas e ilegales que le dieran la razón a los pobladores.
Por otra parte, resulta insultante y humillante para la inteligencia de los mexicanos que López nos haga creer que hizo esta ilegal acción en contra de la cervecera estadounidense sin, según él, conocer si se deberá pagar alguna compensación, “. . . vamos a revisar el caso. . . “, declaró el miércoles 25 de marzo.
Es obvio que esta empresa no se iba a quedar con los brazos cruzados ante la arbitrariedad cometida por el gobierno mexicano, quien canceló un proyecto que contaba con el 65% de avance y había invertido 900 millones de dólares de una inversión total de1400 millones de dólares.
Al respecto, Enrique Rovirosa, expresidente del Colegio de Economistas de Mexicali señaló que la salida de la empresa Constellation Brands de Mexicali costará al menos tres mil 500 millones de dólares a los mexicanos. Señaló además que la inversión extranjera está protegida por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Asimismo, el economista Mario Di Costanzo calculó en 20 mil millones de pesos el costo que implicará la cancelación de la cervecera, considerando inversión realizada, tipo de cambio actual y penalizaciones.
Todo lo anterior, sin contar la sanción que tendría que pagar el gobierno mexicano por los daños financieros ocasionados por la suspensión del proyecto; es decir, por la caída en el valor de las acciones de esta empresa a raíz de la publicación de los resultados de la consulta que determinaban la cancelación de los permisos y de la obra, las cuales cayeron10.22 por ciento, alcanzando un valor de 107.47 dólares por acción.
Por otra parte, la Prensa alrededor del mundo y sectores empresariales mexicanos emitieron su descontento respecto a la cancelación de la cervecera norteamericana.
El “Financial Times” lo catalogó como grave revés para la confianza empresarial, mientras que el periódico estadounidense The Wall Street Journal dijo que podría socavar la inversión extranjera en México a medida que el país enfrenta una profunda contracción económica.
La decisión del gobierno federal de cancelar los permisos de CONAGUA a Constellation Brands le costará a los mexicanos más de 1,000 millones de dólares (mdd), sostuvo Carlos Salazar Lomelin, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana expresó que el presidente López Obrador está destruyendo a México, mientras que el Consejo Coordinador Empresarial externó que la consulta atenta contra la capacidad de México para atraer inversiones e incrementa el riesgo económico que enfrentamos por la inestabilidad de los mercados financieros y el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas declaró que atenta contra la generación de condiciones de certidumbre para la inversión y para la creación de empleo.
No es casualidad que los empresarios sean constantemente golpeados por López. El comunismo que pretende implantar en nuestro país el ganso de Macuspana, Tabasco, requiere de una clase empresarial rendida y sometida a los intereses del Estado. A un régimen comunista no le interesa la generación de riqueza sino la propagación de la pobreza, a mayor pobreza aumenta su clientela política pauperizada, la cual puede controlarse dándole dádivas y limosnas sociales. Con ello, López pretende que el Estado se convierta poco a poco en el juez y amo absoluto de la actividad económica, en detrimento de la iniciativa privada y la libre empresa.
En el caso de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, López actuó como un dictador, con plena impunidad, sin freno político, legal, o social que impidiera consumar su ilegal acto. Con ello, mandó el mensaje a los empresarios mexicanos que con él tendrían que someterse a su voluntad, el poder político demostraba su dominio sobre el poder económico. Ahora, quiere volver a repetir su mensaje, sólo que se le olvidó a López que los empresarios afectados no son sólo mexicanos, sino norteamericanos, y ellos sí van a defender sus intereses por todos los medios legales que tengan a su alcance, incluido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte o, en su caso, el T-MEC, si éste entrara en funcionamiento en los próximos días.
El desenlace final de este abuso de poder lo veremos prontamente; sin embargo, los únicos perdedores seremos nosotros los mexicanos, quienes veremos mermadas las perspectivas de inversión y generación de empleo en nuestro país y además tendremos que pagar con nuestros impuestos los miles de millones de pesos que habrán de pagarse a esta empresa por su cancelación. Gracias López, el pueblo gravará en su memoria otra puñalada más en su contra.
