Por: Jerry Gortman
(PRIMERA DE DOS PARTES)
Con la entrada en vigor el próximo primero de julio del T-MEC “Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá”, versión actualizada del anterior TLCAN “Tratado de Libre Comercio de América del Norte”, se han sobredimensionado los alcances y perspectivas que este tratado jugará en el desarrollo y recuperación económica de nuestro país, fincando esperanzas de un rápido crecimiento económico que deje atrás los efectos devastadores que ha producido el COVID-19 en la economía de México.
Al respecto, López declaró el 25 de abril pasado lo siguiente: “El tratado de Libre Comercio nos ayudará muchísimo, va a entrar en vigor el 1 de julio, muy a tiempo porque esto va a significar reactivar la economía pronto”, quien además agregó: “Con lo del tratado (T-MEC), todo esto se va a potenciar: más inversión, más empleos, más bienestar y, desde luego, más crecimiento económico”.
Para poder evaluar si el optimismo de López está fundamentado en realidades, es preciso conocer si el T-MEC efectivamente podría incidir favorablemente en una rápida recuperación económica. Para ello, es necesario llevar a cabo un análisis del contenido de los principales rubros que contempla, a fin de conocer los términos en que fue aceptado por los negociadores de nuestro país.
El T-MEC, ¿negocios entre iguales? T-MEC Foto: Archivo
El sector agrícola. Se destaca por ser uno de los que han experimentado mayor crecimiento desde la entrada en vigor en 1994 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya que, según el documento denominado “Tópicos de Comercio Internacional. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá” de Chevez Ruiz Zamarripa, “el comercio de este sector se incrementó 9 veces, al pasar de 4 mil millones a cerca de 37 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía y el Banco de México”.
Mayores desventajas para el sector agroalimentario con el T-MEC | Foto ilustrativa El Debate
Sin embargo, es pertinente señalar que, en el caso de México, este crecimiento se ha producido entre los medianos y grandes productores agrícolas mexicanos que cuentan con el financiamiento y el capital que les permite exportar sus productos hacia los Estados Unidos, entre los cuales destacan el aguacate, tomate, cerveza de malta, jitomate, berries (frambuesas, zarzamoras, moras), tequila, nueces, entre otros. Por otro lado, se encuentran los pequeños productores agrícolas que, ante la falta de apoyo gubernamental, no han podido competir con los precios de los agricultores estadounidenses y los subsidios que les facilita su gobierno, por lo que han tenido que abandonar sus parcelas y buscar mejor suerte emigrando de indocumentados hacia los Estados Unidos para buscar otro tipo de ingreso que les permita ganar su sustento diario.
El optimismo que ha despertado este nuevo tratado en el gobierno, no es compartido por los productores agrícolas mexicanos, quienes ven la situación más difícil con este tratado, ya que en opinión del director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) de México, Juan Carlos Anaya, el T-MEC presenta «desventajas» para este sector respecto al anterior tratado que lo precedió; es decir, el TLCAN.
Señala que “Han desaparecido los instrumentos de ProMéxico, todos los programas de apoyo que tenía la secretaria para el fomento en ferias, en misiones comerciales. . . Ya no hay. Ahora lo tiene que hacer el sector privado”.
Asimismo, menciona que “(. . .) mientras Estados Unidos otorga programas de apoyo que dan certidumbre a sus productores, México ya no va a tener ese tipo de programas que le daban certidumbre principalmente a la agricultura comercial y a productos como el maíz, el trigo, el sorgo, la soya y varios productos más de oleaginosas.
Vamos a quedar en desbalance, y esto también hace que los americanos mantengan una política de apoyo a sus productores que no está siendo igual en México”.
Anaya también enfatiza la disminución del presupuesto en el sector agropecuario y la cancelación de programas que daban apoyo a este sector en los rubros de infraestructura, innovación, asistencia técnica, incentivos y apoyos. Al respecto, declaró que “Entonces, ahí vemos que si desaparece de 5 mil 400 millones a mil 500 millones, entonces no vemos unas condiciones parejas entre los productores del tratado como Estados Unidos y Canadá con México (. . .) “
El sector automotriz. En este rubro, el T-MEC establece reglas de origen y procedimientos para vehículos de motor nuevos, incluidas las reglas específicas del producto, que requiere de 75% de contenido norteamericano.
Se espera la pérdida de empleos en la industria automotriz mexicana con las nuevas reglas de origen del T-MEC (Foto: Archivo)
Otra disposición menciona que el contenido de los automóviles que sean fabricadas en Norteamérica, 40 a 45%, deberá realizarse por trabajadores que ganen al menos 16 dólares por hora, lo que impulsará su fabricación en los Estados Unidos, donde los salarios son más altos que en México, en detrimento de la industria automotriz mexicana, que perderá miles de empleos al verse imposibilitada de pagarlos.
Con ello, se pretende incentivar la migración de la industria automotriz hacia los Estados Unidos y aumentar las fuentes de empleo para los trabajadores estadounidenses, lo cual constituye un punto a favor de las aspiraciones reeleccionistas del presidente Donald Trump, quien con ello estaría cumpliendo con su promesa de campaña de revisar el anterior TLCAN y modificarlo para beneficio del pueblo norteamericano.
El sector energético. A grandes rasgos, el T-MEC incluye cinco apartados en este sector, siendo estos los siguientes:
Protección a la inversión de los países que hayan participado en licitaciones; tener la oportunidad de elegir, para la solución de controversias, entre inversionistas y Estados para las compañías de gas y petróleo provenientes de los Estados Unidos; acceso ininterrumpido al mercado energético de los tres países; mantener la apertura de nuestro país en este sector; y, por último, flexibilidad adicional para que las aduanas estadounidenses acepten documentación alterna para verificar que el petróleo y el gas que importe sean de México o de Canadá.
En relación a este tema, se menciona que México hizo valer su soberanía en materia energética. Al respecto, cabe señalar que en el documento arriba mencionado, denominado “Tópicos de Comercio Internacional. Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, Estados Unidos de América y Canadá”, Chevez Ruiz Zamarripa señala que “Este capítulo tiene una connotación más política que jurídica. En primer lugar, contiene un reconocimiento de las partes respecto a su soberanía para regular aspectos de energía de acuerdo a sus Constituciones y conforme a los procesos democráticos”.
Y además indica, como parte importante de este sector, que el reconocimiento hecho por parte de los Estados Unidos y Canadá hacia el derecho que tiene México de hacer valer su Carta Magna en esta materia y la soberanía sobre todos los hidrocarburos del subsuelo del territorio nacional, “podría interpretarse como un reconocimiento expreso que, ante una modificación a la Reforma Energética de México, los países y sus inversionistas tendrán expeditos sus derechos de reclamación por la violación de algún principio o derecho protegido por el Tratado”.
Al respecto, John Saxe Fernández, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, en su participación el pasado mes de febrero en el panel “El T-MEC y los desafíos para transformar a México con innovación”, organizado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), advirtió que en materia energética no hubo ninguna mejora con el T-MEC para México, debido a las “graves concesiones” que se hicieron en esta materia.
Sostuvo que con el T-MEC se incluyó “un estatuto de supeditación colonial de México, que abre espacios en el sector estratégico de la energía y de los recursos naturales al gusto de la Casa Blanca”. Tal es el caso del fracking (fractura hidráulica), mediante la cual las grandes firmas petroleras y gaseras estadounidenses pretenden incrementar esta práctica en nuestro país, para lo cual, señala Saxe Fernández, “(. . .) el T-MEC da garantía de secreto comercial para asegurar la superexplotación mediante el fracking en México y resguardar las letales fórmulas químicas en caso de litigio”.
Menciona que el “sistema para solución de conflictos o controversias entre inversionistas con el Estado”, contemplado en el Tratado, es un mecanismo ajeno al derecho internacional, hecho para favorecer a las grandes empresas, las cuales pueden demandar a México en tribunales “supranacionales”, en casos de contratos gubernamentales en el sector energético.
Y agrega que, en este caso “(. . .) el Estado no tiene capacidad para colocar en el asiento de los acusados a las grandes corporaciones y, en cambio éstas pueden demandar a los gobiernos por cientos o miles de millones de dólares por pérdidas de ganancias potenciales, sea por políticas públicas a favor de poblaciones afectadas, por interés público o de medio ambiente”, señalando además que “En el T-MEC los riesgos para México son mayores porque aunque el tratado es trilateral, Estados Unidos bilateriliza la relación con Canadá y con México con grandes ventajas. Es una asimetría aumentada. Es un Estatocidio, una muerte al Estado-nación”.
Las perspectivas económicas para México con el T-MEC son limitadas.
