Por: Jerry Gortman
El pasado miércoles 10 de junio se dio a conocer la existencia de otro caso de abuso policial en contra de un hombre de color, con las mismas características que presentó el caso de George Floyd.
La víctima, en esta ocasión, respondía al nombre de Manuel Ellis, de 33 años. Su deceso fue grabada por una cámara de seguridad casera, que muestra la escena de la muerte de Ellis, acaecida el 3 de marzo del presente año, producida al momento de ser detenido y sometido por cuatro oficiales de policía del Condado de Pierce en el estado de Washington, en los Estados Unidos, quienes, según versión del abogado de la familia Ellis, James Bible, no lo dejaron respirar, declarando en una conferencia de prensa que «Lo que queda claro de ese vídeo no es solo que Manny Ellis dijo: ‘No puedo respirar”, «Lo que vimos es que dijo: ‘No puedo respirar, señor. No puedo respirar, señor. No puedo respirar, señor’… Una clara señal de que no es solo una lucha por respirar sino un intento de ser respetuoso en los últimos momentos de la vida… Una señal de que no era la persona agresiva que las fuerzas del orden decían que era».
Por su parte, los cuatro agentes que participaron en la retención de Ellis, declararon que detuvieron a Ellis después de que trató de «abrir las puertas de vehículos ocupados», quienes señalaron que murió tras un altercado físico que los obligó a inmovilizarlo.
La Oficina del Médico Forense declaró que Ellis murió a causa de un paro respiratorio producido por hipoxia (ausencia de oxígeno suficiente en los tejidos para mantener las funciones corporales) y añadió que la presencia de metanfetaminas en su sistema y una enfermedad cardíaca podrían también haber sido factores que contribuyeron a su deceso.
El gobernador de Washington, Jay Inslee, en una imagen de archivo.
Al respecto, el gobernador demócrata del estado de Washington, Jay Inslee, anunció que abrirá una investigación relacionada con la muerte por asfixia de Ellis.
La decisión del gobernador Inslee de iniciar la investigación de este caso, coincide con el incremento de las protestas en los Estados Unidos, ocasionadas por la muerte del afroamericano George Floyd, víctima del abuso y uso excesivo de la fuerza por parte de oficiales de policía de Minneapolis, Minnesota, en la Unión Americana.
Asimismo, el 11 de junio, casi simultáneamente al caso de Manuel Ellis en Estados Unidos, apareció la noticia de la muerte en México de Alexander G. de 16 años de edad, a manos de policías del estado de Oaxaca.
En esta ocasión, Alexander, un joven norteamericano, hijo de padres mexicanos, fue asesinado la noche del martes 10 de junio en la comunidad de Vicente Camalote, a manos de policías pertenecientes al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en el estado de Oaxaca.
El recuento de hechos señala que el joven salió de su casa para comprar refrescos a una tienda local, acompañado de sus amigos y a bordo de motonetas, cuando elementos policiacos que viajaban en la patrulla municipal número 023, dispararon contra el joven y posteriormente se dieron cuenta que no era la persona que buscaban; es decir, presuntamente confundieron al joven con un delincuente.
Cabe señalar que el Ayuntamiento de Acatlán Pérez Figueroa, en el estado de Oaxaca, se encuentra presidido por Adán José Maciel Sosa, de extracción panista, mientras que el gobernador del estado es Alejandro Murat Hinojosa, quien milita en el Partido Revolucionario Institucional.
Manuel Ellis, otra presunta víctima de abuso policiaco en los Estados Unidos.
Ambos casos, el de Manuel Ellis y el de Alexander G. compartan semejanzas, desde el punto de vista político, que denotan el uso de estos acontecimientos de abuso policiaco como formas de ataque, desprestigio e intimidación de adversarios políticos.
En el caso de Manuel Ellis, destaca el hecho que se produjo en un estado de la Unión Americana gobernado por un demócrata, quien ha declarado su decisión de iniciar una investigación por la muerte de Ellis, en momentos en que la violencia desatada por la muerte de George Floyd se ha intensificado en los Estados Unidos.
Es evidente el uso político de estos acontecimientos por parte de un gobernador que fue un serio aspirante a la candidatura demócrata por la presidencia de los Estados Unidos.
No se discute el posible abuso de los policías; sin embargo, al publicitar el acontecimiento y la intención de iniciar una investigación, en momentos donde la situación ha alcanzado altos niveles de violencia, se predispone a la opinión pública para manipularla e incitar sentimientos de confrontación, a fin de justificar, al calor de las protestas, la ola de violencia y vandalismo generado por organizaciones radicales de izquierda que buscan provocar más violencia, caos y destrucción en los Estados Unidos, todo con el fin intrínseco de perjudicar al gobierno del presidente Donald Trump en sus aspiraciones presidenciales.
Alexander Gómez de 16 años, presuntamente muerto a manos de un policía local en Oaxaca.
Por otra parte, respecto al joven Alexander, asesinado por policías pertenecientes al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, en el estado de Oaxaca, es pertinente señalar que, al igual que en el caso de Giovanni López en el Estado de Jalisco, el incidente se produjo en un estado de la república gobernado por la oposición, en este caso el Partido Revolucionario Institucional.
Aquí, al igual que con Ellis, el gobierno de López utiliza políticamente el caso de abuso policiaco para golpear a la oposición, en esta ocasión al gobernador del estado, el priísta Alejandro Murat, y de manera indirecta al alcalde Municipal de Acatlán Pérez Figueroa el panista Adán José Maciel Sosa.
De la misma manera, se denota la intención de López de utilizar los casos de abuso policial para justificar la violencia, apadrinando a grupos anarquistas como medio para intimidar a la oposición política y los grupos contrarios a su gobierno.
Por ende, resulta revelador que el caso de abuso policiaco cometido el 27 de marzo en contra del joven Yair en Tijuana, Baja California, asesinado por un oficial de policía que le colocó su bota encima y lo desnucó, no haya sido tan difundido y publicitado en los medios masivos de comunicación, como han sido el de Giovanni López, en Jalisco, y el de Alexander en Oaxaca.
La razón obedece, fundamentalmente, a que el caso del joven Yair ocurrió en el Estado de Baja California Norte, gobernado por el morenista Jaime Bonilla Valdez, mientras que los otros dos casos ocurrieron en estados donde gobierna la oposición.
No le conviene a López exponer casos de abuso policiaco de estados donde gobierna su partido, por ello sólo difunde y crea agitación en aquellos estados donde gobiernan los partidos políticos de la oposición.
Como puede apreciarse, “coincidentemente”, en México y en Estados Unidos han aparecido simultáneamente casos de abuso policiaco, acompañados de actos vandálicos y violentas protestas, que denotan en ambos países intereses políticos que buscan desprestigiar y atacar a la oposición con fines electorales.
En el caso de la Unión Americana el objetivo principal es crear conflictos que generen ingobernabilidad y hundir a este país en una guerra civil que orille a la renuncia del presidente Donald Trump. Sus principales impulsores son el Partido Demócrata apoyado por el globalista y megaespeculador financiero George Soros.
Respecto a nuestro país, dada la cercanía del arranque del proceso electoral del 2021, donde se elegirán 29 congresos locales y 15 gubernaturas, para un total de 3500 cargos de elección popular, se busca amedrentar y desprestigiar a la oposición política de López, pintándola como una opción política represora que tolera los actos de violencia policiaca en sus estados, todo ello con el fin de restarle votos en el próximo proceso electoral. Sus impulsores son López, MORENA y George Soros, con quien López mantiene relación desde su pasada campaña electoral a la presidencia de la República.
Violencia dirigida y pagada.
Es evidente que un movimiento de protesta originado en los Estados Unidos, que ha recibido una desmesurada difusión en los medios de comunicación durante varias semanas; que se ha extendido a nuestro país y a otros países del mundo como Alemania, Francia, Japón, entre otros; que sigue inflándose en la opinión pública; que es secundado por propaganda, movilizaciones, protestas y violencia; tiene una cabeza intelectual que dirige y paga para alcanzar objetivos políticos que faciliten el sometimiento político, económico y social de las naciones que se oponen al globalismo, al totalitarismo mundial y a la usura y explotación de los grupos financieros mundiales. No es difícil adivinar, en este caso, que la mano que mece la cuna es por supuesto George Soros, quien está acostumbrado a financiar con su fundación “Open Society” movimientos abortistas, LGBT, inmigraciones masivas y movimientos terroristas en todo el mundo.
Por ello, no es casualidad que la protesta en un país sea de inmediato replicada en prácticamente todo el mundo, debido a que activa a las más de 1500 ONGs que apadrina en los cinco continentes.
La aparición repentina de casos de abuso policial en nuestro país, de repente nos hacen olvidar otros casos de injusticias como la inseguridad; los secuestros, en donde las víctimas son torturadas, cercenadas de partes de su cuerpo y asesinadas fríamente; los feminicidios donde mueren mujeres de la manera más brutal y cobarde, la pobreza, etc.
En México han existido marchas donde miles de personas han salido a la calle para denunciar o exigir la solución a diversos problemas; sin embargo, no vemos protestas multitudinarias exigiendo, por ejemplo, que se acabe con el secuestro, que éstas crezcan día a día, que sean cubiertas ampliamente durante varias semanas por los medios masivos de comunicación, que se inflen diariamente con nuevos casos, que se difunda con propaganda y crezca con movilizaciones que se extiendan por todo el país y el mundo. ¿Será que a Soros no le interesa apadrinar este tipo de demandas?
