POR: JERRY GORTMAN
A raíz de la muerte de la niña Fátima, el país se unió en un clamor generalizado por ponerle alto a la barbarie y a las atrocidades cometidas por verdaderos monstruos que no tienen un ápice de consideración ante el prójimo, y después de oír la opinión de López sobre este asunto, declarando que “Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto… ”, añadiendo además, para no dejar duda de su torcida concepción sobre el papel del Estado en el combate al crimen y la delincuencia, que la Guardia Nacional es para garantizar la paz y tranquilidad «sin excesos, sin autoritarismo, respetando los derechos humanos. . . « nos mueve a pensar que, dada la laxitud que muestra el gobierno de la “4ª deformación”, tratando a los delincuentes como “damas delicadas” que merecen consideración y respeto, la sociedad mexicana debe poner en su agenda nacional la posibilidad de imponer la pena de muerte en casos de delitos graves y sobre todo de crímenes cometidos con crueldad y bajo la indefensión de las víctimas, tales como delitos de secuestro, terrorismo y homicidio calificado. Considerando esta pena como un mecanismo que permita controlar o aminorar los altos índices de criminalidad, violencia e inseguridad que vive el país.
No es posible que López se ponga del lado de los asesinos, no es posible que ni el crimen de una niña lo mueva a compadecerse del miedo y terror que padecen miles de mujeres que sufren el acoso, la violencia y la muerte, víctimas de hombres enfermos y desequilibrados.
Los mexicanos sufren diariamente la pena de muerte, que es aplicada por secuestradores, narcotraficantes, asesinos, violadores, etc., en contra de jóvenes, adultos, niños, mujeres, y nadie se compadece de las víctimas, para ellas no hay “derechos humanos”, ni posibilidad de ser tratados con “respeto”.
Un gobierno que muestra esta actitud de indiferencia hacia su pueblo y da mensajes de apoyo al crimen, en realidad es un gobierno que está vendido y coludido con la delincuencia.
Desafortunadamente, la pena de muerte ha sido tratada con criterios “morales” que pretenden defender hipócritamente el derecho a la vida de los asesinos, Se hacen reflexiones parecidas a ésta: Si Dios nos dio la vida, no debemos ni merecemos ser jueces que tomemos la decisión de retirar la vida a los demás.
Entonces esto nos hace reflexionar: ¿y en el caso de los niños no nacidos sí se tiene el derecho a quitarles la vida?, ¿vale más la vida de un asesino, secuestrador o narcotraficante, que mata a sangre fría a sus víctimas, que un pobre inocente que no tiene quien lo defienda y que representa lo más sagrado que debería proteger el Estado, que es el derecho a la vida, de donde proceden todos los demás derechos?.
La hipocresía y falsa moral de una sociedad utilitarista y egoísta, coludida con gobiernos que traicionan a sus gobernados, no se tienta el corazón para matar a niños inocentes, pero si se muestra muy enérgica para proteger la vida de delincuentes.
El tema de la pena de muerte debe ser tratado objetivamente, dejando de lado su hipócrita aspecto moral, que pretende justificar su erradicación y no aplicación por “motivos humanitarios”. Debe abordarse como un instrumento del Estado que le ayude a garantizar la seguridad de sus habitantes.
Todos los pueblos en la antigüedad la contemplaron en sus códigos, tales como la Ley Mosaica, el Código Sumerio, el Código de Hammurabi, las Leyes Hititas y las Leyes Asirias.
Asimismo, la pena de muerte ha sido adoptada desde la antigua Grecia hasta la revolucionaria Francia, desde los egipcios hasta llegar al moderno pueblo estadounidense; desde los judíos de la época anterior a Cristo hasta los Pontífices Romanos, pasando por el Evangelio.
La primera razón que justifica su aplicación es la Restauración del Orden Jurídico Quebrantado mediante la aplicación de la pena y la reparación de los efectos del desorden causado, ordenando lo que el desorden violó. Al respecto, nos dice el doctor en derecho Emilio Silva de Castro en su obra “Legitimidad de la Pena de Muerte que “…el orden vital humano que se quebrantó en el homicidio no es ninguna magnitud cuantitativa y ponderable que con otro peso igual se debe restaurar , sino que, como todo derecho, es algo ideal, y si el asesino premeditadamente elimina la vida de otro hombre, niega con su acto el valor absoluto de esa vida, de la que el dispuso hasta su aniquilación. Este hecho requiere ciertamente reparación; exige que de nuevo sea reconocido el valor absoluto de la vida negado por el homicida.
El exterminio de la vida de aquel que por su acción negó el valor que la vida humana tiene en la sociedad y para la sociedad, mantiene el sentido de reconocimiento de este valor absoluto y por el mismo hecho desde el momento en que el asesino niega el absoluto respeto a la vida humana, renuncia también a su derecho a la vida
Así pues, la muerte del malhechor en el patíbulo no restituye la vida al otro, pero… repara el desorden causado…”.
Asimismo, existe otra razón importante que justifica su aplicación y es la obligación que tiene el Estado de brindar seguridad a la población, y si el Estado no cumple con esta importante tarea, la sociedad tiene el derecho de exigir formas que garanticen su seguridad, en este caso la pena de muerte.
Por último, cabe la pena mencionar que otro argumento importante es el que señala el derecho que tiene la sociedad a su legítima defensa. Esta tesis menciona que así como a un individuo se le permite actuar, desde el punto de vista ético, moral y jurídico, para defenderse y matar al agresor que pretende quitarle la vida; asimismo, la sociedad y su intérprete, el Estado, tienen derecho a eliminar físicamente a aquellos individuos que ponen en peligro su vida. Al cometer delitos graves, el delincuente rompe el contrato social y pierde todo derecho frente a la sociedad, víctima de sus horrendos crímenes.
El asesino serial que con saña y brutalidad mata a mujeres, hombres y niños; el secuestrador que mutila, atormenta o asesina a sus plagiados, el violador que además mata a mujeres inocentes y el crimen organizado del narcotráfico, que acribilla diariamente gente inocente, merecen la aplicación de la pena de muerte.
¿Quién defiende los derechos de las víctimas (hombres, mujeres, niños y ancianos)?
Un remedio para luchar contra esta lamentable situación de violencia, inseguridad y muerte es imponer a los delincuentes un castigo ejemplar. El poder ser castigados con la pena de muerte les hará pensar antes de seguir cometiendo los crímenes más atroces en contra de la sociedad mexicana. No es la panacea que resolverá los problemas de inseguridad, pero sí una forma de disminuir los delitos, sobre todos los de alto impacto.
Sin embargo, debemos ser realistas. Dadas las altas tasas de corrupción e impunidad que presenta nuestro país y el control que ejerce López Obrador sobre el Poder Legislativo y la Suprema Corte de Justicia, es difícil que la pena de muerte sea aprobada y aplicada en nuestro país.
¿Hasta cuándo seguirá aguantando la sociedad mexicana el incremento de la violencia, la inseguridad y la muerte sin que López le ponga un alto?
Desde mi parecer, no creo que aguante mucho tiempo más.
