Por: Gustavo Novaro García
Desde que en 1943 con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se institucionalizó en nuestro país el concepto de que un trabajador al cumplir un determinado tiempo de actividad productiva, tenía derecho a recibir una pensión por los años trabajados cotizando, algo que se afianzó cuando en 1959 surge el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el país se tenía la certeza de que en la vejez, quien hubiera tenido un empleo formal, gozaría de lo suficiente para cubrir algunas necesidades.
Pero, el éxito de la seguridad social y de los cambios en la forma de vida, por ejemplo, la expectativa de longevidad pasó en los 1930 de menos de 40 años, a en los 2010, a más de 70, provocó un boquete en las finanzas públicas.
Esto es, si antes un jubilado se retiraba a los 60 años, pero moría poco después, el impacto a largo plazo en lo que recibía no era tan determinante. Pero, si esa persona decidía dejar de trabajar a los 58 años pero vivía más de 70 años, la carga para quienes estaban activos era mucho mayor.
Es por eso que en 1992 se aprobó una reforma a las pensiones en México, que se denominó Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), esta reforma copiada de un modelo que implantó Chile, buscaba por un lado impulsar el ahorro interno, y por el otro, descargar en el trabajador, el peso de sostener su vejez.
Esta nueva forma de manejar las pensiones, llevó a que el 1 de julio 1997 surgieran las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), que buscan invertir en instrumentos financieros para lograr un mejor rendimiento para quienes han depositado en ellos sus dineros para la jubilación.
Con los años, lo acumulado en Afores son cientos de miles de millones de pesos, que están dispersos en diversas formas de inversión. Que el sistema no es perfecto, que tiene fallas, seguro, pero al menos le da a los trabajadores que no disfrutarán de una jubilación tradicional, una certeza de que dispondrán de cierta cantidad mensual durante el resto de su vida.
Sin embargo, esos recursos están a punto de ser usurpados por López.
En la visión de López, con haber elevado a rango constitucional en el artículo 4to, el dinero que se deposita a adultos mayores, lo que reciban los trabajadores jubilados sería suficiente. Además, igualaría en la cantidad recibida a aquellos quienes tuvieron un trabajo y ahorraron a lo largo de su existencia, con aquellos que no lo hicieron por diferentes circunstancias.
Como sucede en este régimen, las propuestas para modificar leyes y consolidar el control de Morena, surge como globos sondas a través de legisladores desconocidos, a fin de que López pueda justificar su accionar, mencionando que son los representantes populares quienes, a nombre del pueblo, son los que quieren cambiar situaciones injustas.
En este caso en concreto fue el diputado federal Edelmiro Santiago Santos Díaz, de la fracción parlamentaria de Morena, el que presentó una iniciativa de reforma a la ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro (SAR), con el fin de que el Banco del Bienestar, una creación lopista, sea el que administre las Afores.
Nada sorpresivamente López retomó el proyecto. Pero, ¿Se puede confiar en que maneje el dinero que usted ha acumulado para su retiro alguien que presume siempre haberse manejado con efectivo, apenas haber tenido de presidente una cuenta de débito y que ha sido de una opacidad financiera tremenda a lo largo de su vida?
Surge la duda, López dice que vivió de las regalías de sus libros, las editoriales por ley le debieron de haber depositado en alguna cuenta esos recursos. ¿Adquirió su departamento de Copilco sin créditos? Son algunas de las preguntas que genera su relación con el dinero.
En resumen, López está a punto de apoderarse de una gran suma para distribuirla entre sus posibles votantes, a los que volverá adictos a sus dádivas, en perjuicio de quienes han procurado generarse un patrimonio digno. Si permitimos este nuevo abuso, no nos asombre que en unos años la mayor parte de los adultos mayores alcancen, apenas, un nivel de subsistencia dependiente de lo que se digne darles el gobierno en turno.
