Por: Miguel Ángel Jasso Espinosa
El periódico Reforma publicó recientemente (20 de febrero) las conclusiones de tres auditorías –que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo públicas más tarde–, las cuales señalan que durante la gestión de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), fueron desviadas por “empresas fantasma” cantidades multimillonarias, mismas que transitaron por cuentas bancarias de MONEX e IC BANCO, y que terminaron en Estados Unidos, China, Ecuador, Bélgica, Israel, Corea del Sur y Pakistán.
Los primeros reportes de prensa hacían referencia al desvío de 4 mil 544 millones de pesos desviados durante los primeros tres años de la administración de Enrique Peña Nieto. En tanto que unos días más tarde la prensa hacía referencia a una cantidad cercana a los 2 mil millones de pesos.
Rosario Robles estuvo al frente de la SEDESOL de diciembre de 2012 al 26 de agosto de 2015. En tanto que desde el 27 de agosto de 2015 a la fecha, es titular de SEDATU.
Apenas se había destapado la cloaca cuando en una reunión con “carácter de urgente”, por parte de senadores de diversos partidos se exigió el esclarecimiento de “el desvío de recursos públicos ejercidos en los años 2014 y 2015 a través de pagos realizados a empresas fantasma que detectó la Auditoría Superior de la Federación durante la gestión de Rosario Robles como titular de SEDESOL y SEDATU.[1]
De acuerdo con una posterior publicación de la revista Proceso, se especuló que “el monto triangulado rebasa los 5 mil 251 millones 567 mil pesos, de acuerdo con un análisis exhaustivo de 26 auditorías de la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”.
Se señaló que sólo en los primeros 16 meses de la funcionaria en la SEDATU se desviaron mil 747 millones de pesos, y que Rosario Robles no pudo ignorarlo: “este dinero formó parte de los 3 mil 855 millones de pesos que la dependencia sacó del presupuesto destinado al Programa de Infraestructura, cuyo objetivo consiste en proveer de infraestructura básica a la población más pobre del país”.[2] Para los redactores del semanario citado, varios funcionarios de la Oficialía Mayor –equipo en ambas dependencias bajo el “liderazgo” de Emilio Zebadúa González–, así como los coordinadores de delegación o del área de comunicación social, están implicados en los desvíos de recursos, de los que era imposible que Rosario Robles no tuviera conocimiento.
Como ya era de esperarse, la titular de la SEDATU ha negado los desvíos de esos fondos y además sigue despachando en su oficina sin que ninguna autoridad la moleste.
En investigaciones periodísticas se ha hecho mención a que los desvíos de recursos evitaron que el dinero llegara a programas sociales destinados a las comunidades del país más necesitadas. Se han referido por ejemplo al desvío por mil 792 millones de pesos dentro del Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV), y otros tantos que comienzan a ventilarse dejando ver lo pútrido de este asunto que lastima severamente justo donde más duele, ya que los recursos de los que hablamos estaban destinados, repito, para programas sociales que el gobierno federal otorga, por ejemplo “para subsidios a los hogares mexicanos en situación de pobreza patrimonial e ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda, para que construyan, amplíen o mejoren sus viviendas”.
De acuerdo con el portal Internet del gobierno federal donde podemos observar el “Manual de Operación del Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV)”: “los beneficiarios del Programa de Apoyo a la Vivienda son los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de bienestar, con carencia de calidad y espacios de la vivienda que requieren mejorar sus condiciones habitacionales”.[3]
Entonces veámoslo en su justa dimensión, millones de familias mexicanas que carecen de vivienda propia y que tienen la necesidad social de vivir en casa de la suegra, o de la hermana, del tío, o del pariente, que viven apretujados en verdadero muégano edípico, compartiendo los baños, la sala, las escaleras, los pasillos, el lavadero o la misma lavadora para varias familias, los tendederos, la cocina y hasta la misma mesa, dado que es prácticamente imposible adquirir una vivienda digna a bajo costo en este país llamado México (a no ser que un padre o madre de familia asalariado logre salir sorteado con el Infonavit o el Fovissste para adquirir un “departamento-huevito” de escasos 50 metros cuadrados, donde con trabajos entra una lavadora –y que pagará tres veces su costo real durante los siguientes 20 años–, o bien a menos que un padre o madre de familia, perteneciente a la clase media, decida contraer un crédito bancario y “endeudarse de por vida” con la banca para obtener un “departamento-huevito” con algo de mejores características al anterior), resulta que un día de febrero de este mismo año, se enteraran de la noticia de que el dinero esperado para la construcción o ampliación o mejora de sus viviendas, no llegó nunca a su destino porque un grupo de funcionarios públicos –que naturalmente no viven en conjuntos habitacionales del Infonavit o el Fovissste, ni en colonias populares ni en casa de la suegra o de la tía o del pariente– decidieron desaparecer los recursos públicos del Programa de Apoyo a la Vivienda (PAV).
Naturalmente que el problema es mucho más grave de lo que estoy refiriendo. Y lo primero que debemos preguntarnos es sencillamente ¿qué tipo de democracia hemos venido construyendo los mexicanos? Lo anterior al margen de que no deben descuidarse las investigaciones correspondientes para castigar a los culpables de los desvíos de estas cantidades multimillonarias mediante la utilización de empresas fantasma.
No hace mucho existía el “clientelismo político”. El tejido social de nuestro país estaba entreverado por ese signo. Me explico: en nuestro país la democracia tenía mucho que ver con el intercambio de favores por votos.
En México, desde la tercera década del siglo XX, el partido de estado se encargó de establecer una relación clientelar entre el partido y las bases, y que incluso abarcó a amplios sectores de la población mexicana. Inclusive los partidos llamados de “oposición” copiaron este tipo de relación clientelar; y así en nuestro país el clientelismo político se multiplicó, basándose en la adscripción –o sea, la repartición– de los electores en nichos particulares.
A propósito de este estilo de vida clientelar tan propio de los mexicanos del siglo XX, un investigador ha sugerido los siguientes datos:
Un estilo de vida determinando su encasillamiento o tipificación en grupos de interés dispuestos a canjear su sufragio por algún bien apreciado o una gestión esperada. Por supuesto que no se trata de descalificar de entrada toda forma de relación clientelar, ni de dar al término una connotación inequívocamente peyorativa. La gestoría de obras y servicios básicos para quienes carecen de éstos, debido a su precariedad o por su marginación, a cambio de lo cual una persona u organización se prestigia y posiciona, no es una actividad en sí misma reprobable, sobre todo en el escenario local, donde conseguir beneficios para la colectividad a la que se pertenece no sólo es válido, sino necesario si se quiere ascender social o políticamente.[4]
Se ha señalado que los partidos políticos intercambiaban favores de gestoría de obras y servicios básicos a cambio de que la población votara por sus representantes políticos. Era una práctica común y arraigada en México. Se habla de un estilo de vida basado en usos y costumbres propios de la región (en otras latitudes el intercambio electoral puede consistir en una comunicación abierta, basada en ideas y valores modernos). De esta forma, en México, la política social estaba maniatada o secuestrada por el estado y por los partidos políticos.
Aunque el intercambio de favores es cuestionable a todas luces, lo que es incuestionable consiste en la gestoría de obras y servicios básicos. Razón última de la relación clientelar. Solo mediante el convenio tácito del apoyo para ambas partes, la relación se sostuvo y se multiplicó durante décadas. Para el ciudadano promedio, era común que a partir del convenio, finalmente llegaba ayuda a su comunidad y su hogar.
No obstante, hoy tenemos en México un tipo de democracia en la que el esquema tradicional del clientelismo político ni siquiera tiene paralelismo con el utilizado en el siglo XX por el estado mexicano ni los partidos políticos. Increíblemente, hoy los recursos económicos de la política social ni siquiera se “maquillan”. Hoy sencillamente los recursos económicos son robados impunemente. Y la ayuda ya no llega ni siquiera “a cuenta gotas” como lo proponen los teóricos del neoliberalismo.
Los mexicanos tenemos que preguntarnos por qué no están fluyendo esos recursos económicos de la política social que están consagrados en la Constitución política mexicana. Y tenemos que castigar a quienes los están robando, porque afecta severamente el desarrollo de nuestro país.
Las políticas sociales
Los orígenes de las políticas sociales se remontan a las últimas décadas del siglo XIX en Europa, donde nacieron con el objetivo de moralizar la economía liberal, a fin de evitar las injustas consecuencias sociales de la Revolución Industrial. En sus inicios, la política social “anglosajona” se preocupó fundamentalmente por todas aquellas personas amenazadas por la pobreza: ancianos, vagabundos, enfermos, etc.[5]
La política social “latina”, en cambio, se interesó por las condiciones de la clase trabajadora, identificándose con la política laboral: prohibición del trabajo a los menores de edad, reducción de la jornada laboral, salarios más justos, seguridad en el trabajo, etc.
Con el tiempo, las políticas sociales han ido transformándose y ampliando su radio de acción no sólo a las capas más necesitadas de la población, sino a la mayoría de los individuos que componen una sociedad.
Relacionadas con la provisión de servicios sociales, las políticas sociales durante mucho tiempo formaron parte del Estado de bienestar[6] su representación institucional, y abarcaron una extensa gama de programas sociales, como políticas de salud, seguridad social, vivienda, educación u ocio. Su objetivo es la búsqueda del bienestar y la mejoría de las condiciones materiales de vida de la población.
En México, las políticas de bienestar, mostraron rasgos algo distintos a la experiencia europea, la cual se ha dicho con anterioridad, es pionera en la materia; las características de nuestra política social, son propias del subdesarrollo en el que ha estado inmerso el país a lo largo de su historia.[7]
Podemos resumir las características de la política social mexicana de la siguiente forma:
En México, la política social surge hasta el Siglo XX y se remonta a los contenidos sociales de la Constitución Política de 1917, fundamentalmente en los artículos constitucionales que establecen el derecho a la educación básica (art. 3°); el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentado en sus pueblos indígenas el derecho a la salud, y a la vivienda digna (art. 4°); el artículo 27 que propició el reparto agrario y definió el derecho de propiedad; así como el artículo 123 que establece el derecho a un empleo socialmente útil.
La mayoría de los teóricos de la política social hacen una diferenciación tajante entra la política social contemporánea y el apoyo asistencialista empleado por actores sociales y políticos, como por ejemplo la Iglesia. Según estos últimos autores, antes de la Revolución de 1910, las acciones sociales y la vigilancia de los pobres se atendió bajo un esquema de caridad de la iglesia católica, por la beneficencia privada y marginalmente por la intervención del Estado.[8] De modo que, fue ya con los “gobiernos posrevolucionarios” cuando la política social comenzó a formar parte de la agenda gubernamental, aunque bajo modalidades diferentes.[9]
La política social en nuestro país, hasta finales de los años ochenta, venía implícita en las políticas de crecimiento, partiendo de la tesis de que el modelo de crecimiento adoptado crearía las bases del bienestar social.
El investigador Rolando Cordera menciona que en las primeras etapas de la política social mexicana ésta se sustentó sobre el proceso de industrialización y crecimiento económico que si bien crearon las condiciones que permitieron en general elevar los niveles de vida de la mayoría de la población, este esquema de crecimiento fue desigual en la distribución del ingreso, pero no fue empobrecedor en la medida en que se conjugó la expansión económica y el gasto social que creció más rápido que la población. [10]
Durante décadas el planteamiento gubernamental consideró que se podía crecer económicamente y simultáneamente mejorar la distribución del ingreso. El crecimiento era considerado el medio para satisfacer las grandes necesidades del desarrollo nacional, lo cual no supuso necesariamente un gran esfuerzo de política social como tal (aunque si hubo creación de programas sociales, sobre todo porque se crearon y se expandieron las instituciones públicas dedicadas al servicio social), más bien se crearon empresas, regulaciones, entre otras cosas que buscaban aumentar el empleo; así el crecimiento mismo del empleo se consideró una forma de hacer política social. A través del trabajo asalariado, los trabajadores y sus familias accedían a esquemas de protección social, ante los riesgos de enfermedad, vejez, vivienda, prestaciones, etc.
Por esta razón, por parte de diversos estudiosos del tema de las políticas sociales, se ha dicho y quizás no sin razón, que en México se fue construyendo un estado de bienestar hecho a la medida de las clientelas políticas.[11]
Pero todo se modificó en las últimas décadas en que se arraigaron los gobiernos plenamente neoliberales, que siguiendo la propia lógica de su ideología, han venido descuidando las políticas sociales como una obligación del estado mexicano.
En nuestro momento presente, si bien la mayoría de los analistas políticos contemplan al clientelismo como un aspecto negativo de la vida política de un país, visto desde una nueva perspectiva, no negativa de origen, permitiría observarlo como una expresión –si bien viciada– más no por ello menos real y efectiva de la “sociabilidad a la mexicana”. En el pasado permitió entender a los políticos que dependían de los votantes y que para funcionar la relación clientelar era indispensable el logro de “respectivos propósitos” para ambas partes. Se trató de cooperación para mejorar como arreglo implícito. Se trataba, en suma, de fijar y seguir reglas, ya que éstas, al ser principios de orden, daban sentido a la convivencia.
No hace ni una década que un investigador del fenómeno del clientelismo político hizo estas observaciones muy interesantes:
Debe evitarse el error de que toda relación clientelar incumbe únicamente a los muy necesitados, esto es, a los pobres. Entre las clases medias y entre actores de poder económico, como los empresarios o las corporaciones, el clientelismo es igualmente recurrente, al no ser pocos los políticos que fungen como patrones o intermediarios, en representación de los grupos a los que pertenecen o a los que sirven a cambio de recibir financiamiento privado. El trato clientelar es, en este sentido, para todos y en cualquier lugar, asequible y, desde luego, pragmático; por lo que será siempre un recurso, más o menos sencillo de resolver problemas a partir de un acuerdo de mutuo interés. Quienes lo acepten tendrán, por ende, algo en común: sus necesidades, que no siendo obviamente las mismas, se asemejan, toda vez que “ni las elegimos ni las defendemos como elegimos y defendemos nuestros valores (…) están más allá de lo bueno y lo malo, del mismo modo que están más allá de la izquierda y la derecha”. Las necesidades no sólo son amorales, sino también asociales; sólo existen.[12]
Me queda claro que difícilmente los mexicanos conoceremos con certeza el destino final del desvío de recursos públicos a través de pagos realizados a empresas fantasma que detectó la Auditoría Superior de la Federación durante la gestión de Rosario Robles,[13] pero espero que los próximos amos del poder político para el sexenio 2018 – 2024 entiendan la histórica “dinámica clientelar” de un país como México.
No deja de ser paradigmático el hecho de que la principal acusada del desvío de recursos, abandonó su militancia radical de izquierda que le caracterizó a fines del siglo XX. Formó parte de la Organización de Izquierda Revolucionaria Línea de Masas (OIR-LM), una agrupación de corte maoísta. Líder estudiantil y líder sindical de la UNAM donde ocupó la cartera de la Secretaría de la Mujer en el STUNAM. Protegida por Cuauhtémoc Cárdenas dentro del Partido de la Revolución Democrática (PRD) donde fue secretaria de organización, diputada, organizadora de las Brigadas Amarillas (movimiento clientelista) que buscó ampliar la militancia perredista por todo México y ex jefa del gobierno del Distrito Federal[14] –que se auto excusó de no querer formar parte del equipo de transición de Vicente Fox, porque no saber “hablar en inglés”, cuando el guanajuatense integraba su “gabinetazo” al conocerse su triunfo electoral del 2000–.
Más allá de la izquierda y la derecha, el clientelismo político aparece hoy con un rostro mucho más humano que el que nos muestran ahora los neoliberales en el poder político: son una vil cleptocracia dada su inmisericorde pasión por el saqueo de los recursos nacionales sin ofrecer si quiera una dádiva al pueblo de México.
Bibliografía
Calderón Fernando: ¿Es sostenible la globalización en América Latina?, Chile, editorial Fondo de Cultura Económica, 2003.
Cordera, Rolando, coautor con Alicia Ziccardi de Políticas Sociales al fin del milenio. Descentralización, diseño y gestión, Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial, octubre de 2000.
De Gortari Hira y Alicia Ziccardi, “Instituciones y clientelas de la política social: Un esbozo histórico, 1867-1994”, (varios autores), Las políticas sociales de México en los años noventa; pp. 201-234; Instituto Mora-UNAM-FLACSO-PYV, México 1996.
Hernández Muñoz, Edgar: Los Usos políticos de la Pobreza, México, Ediciones del Instituto Mexiquense, A.C., 2008.
Hemerografía
“Senadores de oposición exigen que Robles rinda cuentas por desvíos y que PGR actúe”, México, Animal Político, febrero 22 de 2018.
San Juana Martínez: “Rosario Robles, la villana favorita”, México, Sin embargo, 25 de febrero de 2018.
Tourliere, Mathieu: “Detectan desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu, Rosario Robles niega relación con empresas fantasma”, México, Proceso, 20 de febrero de 2018.
Tourliere, Mathieu: “Rosario Robles, hundida en el descrédito”, México, Proceso, 24 de febrero de 2018.
Referencias Electrónicas
https://www.proceso.com.mx/523907/rosario-robles-hundida-en-el-descredito
www.rolandocordera.org.mx/…social/caracteristicas.htm
https://www.sinembargo.mx/25-02-2018/3390379
[1] “Senadores de oposición exigen que Robles rinda cuentas por desvíos y que PGR actúe”, México, Animal Político, febrero 22 de 2018.
[2] Tourliere, Mathieu: “Detectan desvíos millonarios en Sedesol y Sedatu, Rosario Robles niega relación con empresas fantasma”, México, Proceso, 20 de febrero de 2018. Tourliere, Mathieu: “Rosario Robles, hundida en el descrédito”, México, Proceso, 24 de febrero de 2018. https://www.proceso.com.mx/523907/rosario-robles-hundida-en-el-descredito
[4] Hernández Muñoz, Edgar: Los Usos políticos de la Pobreza, México, Ediciones del Instituto Mexiquense, A.C., 2008.
[5] Europa es considerada pionera, por la experiencia de Gran Bretaña, Alemania y los Países Escandinavos, los cuales han desarrollado las primeras escuelas de pensamiento que han influido en la teoría y las acciones gubernamentales; han estado a la vanguardia en el establecimiento de los sistemas de protección social con un alto grado de integración y una cobertura prácticamente universal; han elaborado normas y sistemas de financiamiento que les ha permitido afianzar sus sistemas totalizadoras de bienestar social; así mismo, han contribuido con sus enfoques y estudios sociales a sentar las bases que estructuraron los estados de bienestar en el mundo.
[6] El concepto Estado del bienestar se utiliza para denominar en ciencias políticas, una aproximación o propuesta política o modelo general del Estado u organización social, según la cual el Estado provee ciertos servicios o garantías sociales a la totalidad de los habitantes de un país. Más que un concepto especifico, se considera que el término es una categoría práctica para designar ya sea un conjunto de propuestas o una propuesta general acerca de cómo el estado debe o puede proceder.
[7] Palacios Escobar, Ángeles: “Características de la Política Social en México”, en www.rolandocordera.org.mx/…social/caracteristicas.htm. Profesora de la Facultad de Economía. Centro de Estudios del Desarrollo Económico de México (CEDEM), UNAM.
[8] Para un estudio más profundo, véase a De Gortari Hira y Alicia Ziccardi, “Instituciones y clientelas de la política social: Un esbozo histórico, 1867-1994” en Varios Autores, Las políticas sociales de México en los años noventa; pp. 201-234; Instituto Mora-UNAM-FLACSO-PYV; México 1996.
[9] Cordera, Rolando, coautor con Alicia Ziccardi de Políticas Sociales al fin del milenio. Descentralización, diseño y gestión, Miguel Ángel Porrúa Grupo Editorial, octubre de 2000.
[10] En dos etapas: la primera se inicia con los gobiernos posrevolucionarios y termina en los años cuarenta, se caracteriza por los beneficios sociales que se otorgaron a través de las movilizaciones sociales, los problemas sociales se atendían dependiendo de la capacidad de movilización y de lucha de los grupos organizados de la sociedad. En la segunda etapa que comienza en la década de los cuarenta y termina con la crisis de los años ochenta, la manera de hacer política social se da bajo un esquema de institucionalización corporativa.
[11] La historia del clientelismo político en México es explícita desde los años treinta, el Estado construyó su permanencia con base en una alianza con los sectores medios urbanos y con los trabajadores organizados. Algunos años más tarde, esta misma alianza se afianzó en un Estado populista. Véase a Calderón Fernando: ¿Es sostenible la globalización en América Latina?, Chile, editorial Fondo de Cultura Económica, 2003
[12] Hernández Muñoz, Edgar: Los Usos políticos de la Pobreza, p.96.
[13] No es el único “desvío” que se le investiga a Rosario Robles; entre 2013 y 2015 mientras estaba en la SEDESOL, la Auditoría Superior de la Federación descubrió una red de desvíos multimillonarios a través de universidades y empresas fantasma, la investigación sigue en curso.
[14] San Juana Martínez: “Rosario Robles, la villana favorita”, México, Sin embargo, 25 de febrero de 2018.
