Por: Miguel Ángel Jasso Espinosa
En un artículo previo me referí al origen etimológico de la palabra “corrupción”. Dicho concepto no es un término amable. Sus sinónimos (podredumbre, descomposición, deterioro, putrefacción) cuando menos estremecen. Acudir al Diccionario de la Lengua Española tampoco es tranquilizador: allí corromper es echar a perder, depravar, dañar, podrir, oler mal… Al unirse a política las cosas no mejoran. Cuando giramos hacia la «literatura especializada» en ella podemos leer cosas igualmente temibles. Para la Grecia clásica, y en particular para Aristóteles, la corrupción es stasis, es decir, lo contrario de equilibrio, límite o moderación. La corrupción supone la degeneración del cuerpo político o de la forma de gobierno que lo ordena y, de este modo, llega a identificarse con desintegración, enfermedad, pérdida de identidad, de salud o de poder de la politeia. Todo se reduce a que la corrupción genera comunidades sin política (tiranías) o políticas sin comunidad (esto es, sin posible referencia al interés común y disueltas en lucha faccional generalizada) Para la tradición republicana posterior, para Maquiavelo o Rousseau o Madison, por ejemplo, corrupción es también ausencia de virtù ciudadana, eliminación del lazo social comunitario y políticas dominadas por poderes y tiranos «privados».[1]
Además de analizar su origen etimológico, en mi artículo previo también mencioné la mayor parte de las cifras de la corrupción en México, que para algunos analistas llega a representar hasta el 4% del producto interno bruto.
Según el informe de Transparencia Internacional, Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe, México es el país con el mayor índice de corrupción de América Latina y el Caribe en la prestación de servicios públicos.
La corrupción le cuesta a cada mexicano, en promedio, 2 mil 273 pesos, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).[2]
Esto significa que el costo total de la corrupción en México (que incluye eventos como la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otros contactos con autoridades) fue de 7 millones 218 mil de pesos, cifra superior en un 12.5 por ciento a la reportada en 2015.
De esta misma manera, la Convención contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, más conocida como Convención OCDE contra la corrupción, es el instrumento jurídico que permite a los países investigar y sancionar la corrupción de empresas multinacionales operando en el extranjero.
Esta Convención aplica para las empresas internacionales que hacen negocios en México, como Odebrecht, pero también para las empresas mexicanas que tienen operaciones comerciales en el extranjero.
Estos son algunos de los hallazgos más importantes del informe:
- De 44 países analizados, 22 aprovechan la convención para investigar casos de corrupción internacional.
- La otra mitad, donde se encuentra México y países como China, Colombia, India, Rusia, Singapur, Corea, España y Turquía, tienen niveles de cumplimiento muy bajos, o nulos.
- Solo alrededor de una cuarta parte de las exportaciones mundiales provienen de países con aplicación activa de la ley contra las empresas que sobornan en el extranjero.
- Aplicación activa de la ley de la convención. Siete países con el 27% de las exportaciones mundiales: Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Italia, Suiza, Noruega, Israel.
- Aplicación moderada. Cuatro países con un 3.8% de exportaciones globales: Australia, Suecia, Brasil, Portugal.
- Aplicación limitada. 11 países con 12.3% de exportaciones globales: Francia, Países Bajos, Canadá, Austria, Hungría, Sudáfrica, Chile, Grecia, Argentina, Nueva Zelanda, Lituania.
- Poca o nula aplicación. 22 países con 39.6% de exportaciones globales: China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Singapur, India, España, México, Rusia, Bélgica, Irlanda, Polonia, Turquía, Dinamarca, República Checa, Luxemburgo, Eslovaquia, Finlandia, Colombia, Eslovenia, Bulgaria, Estonia.
- De 2015 a 2018, ocho países han mejorado en la aplicación de la ley: Israel, Noruega, Italia, Brasil, Suecia, Portugal, Argentina y Chile.
- En contraste, cuatro países han retrocedido: Austria, Canadá, Corea y Finlandia.
Estos son algunos hallazgos para México:
El informe destaca que México, que cuenta con el 1.9% de participación de las exportaciones a nivel mundial, abrió tres investigaciones por cohecho internacional de 2014 a 2017, pero ningún caso.
También indica que la Unidad Especializada para Crímenes Cometidos en el Extranjero de la Procuraduría General de la República (PGR) publica datos básicos sobre la aplicación de la Convención contra la corrupción, sin embargo, la información es incompleta y no profundiza en detalles.
Además, resalta que la nueva Oficina del Fiscal General, creada bajo las reformas constitucionales de 2014, no tiene suficiente autonomía. El nombramiento del fiscal general -indica- aún necesita aprobación ejecutiva y el presidente aún puede destituir al titular del cargo.
En cuanto a las entidades federativas, el reporte destaca que “hay una grave falta de independencia entre los jueces en los estados de México. Son altamente dependientes del Poder Ejecutivo y frecuentemente son destituidos o designados por sus vínculos con el gobernador en turno. Hay una gran falta de recursos humanos para estos jueces estatales y su nivel de especialización a menudo es insignificante”.
El análisis señala que a nivel federal, la independencia judicial es mucho más fuerte. Sin embargo, se ha criticado seriamente la falta de meritocracia y el nepotismo sistemático.
Estas son algunas recomendaciones para México:
Entre las principales recomendaciones de la Convención contra el cohecho en transacciones comerciales internacionales, se indica que se debe reformar el Artículo 102 de la Constitución para asegurar que la Fiscalía General sea independiente del Poder Ejecutivo.
Completar el nombramiento del Fiscal Especial Anticorrupción y los jueces anticorrupción del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Asegurarse de que el Sistema Nacional Anticorrupción sea implementado a nivel estatal.
Introducir mecanismos para garantizar que el poder judicial opere libre de motivos políticos.
Proporcionar más recursos y capacitación a la Policía para investigar casos de corrupción.
Asegurar que el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Investigación Financiera comiencen a desempeñar un papel activo en casos de corrupción tanto en México como en el extranjero.
Publicar más información sobre casos relacionados con la corrupción e investigaciones en el portal de datos abiertos del gobierno.
Asimismo se destaca que la institución en la que más confían los mexicanos es la familia, con un 87.3 por ciento; en segundo lugar se encuentran las universidades públicas, con la confianza del 76.8% de la población.
Por otro lado, las instituciones que menos confianza generan entre los mexicanos son el Gobierno Federal, la Cámara de diputados y el Senado de la República y en último lugar, los partidos políticos.
Familiares 87.3%
Universidades Públicas 76.8%
Escuelas públicas de nivel básico 74.5%
Vecinos 69.8%
Compañeros de trabajo 68.9%
Hospitales públicos 64.6%
Ejército y Marina 62.2%
Instituciones religiosas 61.8%
Comisiones de derechos humanos 52.7%
Empresarios 38.7%
Servidores públicos 38.7%
Medios de comunicación 38.7%
Institutos electorales 33.3%
Gobiernos municipales 33.3%
Jueces y Magistrados 31.7%
Sindicatos 30.2%
Policías 30.2%
Gobiernos estatales 29.3%
Ministerio Público 29.0%
Gobierno Federal 25.5%
Cámara de Diputados y Senadores 20.6%
Partidos políticos 17.8%[3]
Espero con la mejor buena fe que todos los datos referidos en estos dos artículos en lo que he citado todos los problemas derivados de la corrupción en México sirvan de alguna manera a los asesores del autonombrado “adalid del combate a la corrupción”.
