Por: Luis Reed Torres
–XII–
Paralelamente al rechazo de las empresas al dictamen de la Comisión de Peritos –punto desarrollado en la entrega anterior–, las mismas auspiciaron una campaña de prensa para crear un ambiente de pánico ante la posibilidad de padecer escasez de productos derivados del petróleo y trabajaron arduamente para convencer a la opinión pública de que ceder a las pretensiones obreras las llevaría a la ruina.
El 2 de septiembre de 1937, previo memorándum enviado al Presidente Cárdenas a mediados de agosto en que se expresaba que las compañías petroleras no podrían continuar trabajando en el país si se hacía caso de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Peritos, don Lázaro recibió a los representantes de las empresas.
Don Jesús Silva Herzog, testigo y protagonista de los acontecimientos que derivaron en la expropiación petrolera
«En esa ocasión –relata Jesús Silva Herzog, testigo y protagonista de esta reunión–, B.T.W. Van Hasselt, representante de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila en México, insistió al Presidente que los peritos estaban equivocados respecto a las utilidades que su compañía había obtenido últimamente y aseguró que la empresa que representaba estaba constituida conforme a las leyes mercantiles del país y no era subsidiaria de la Royal Dutch Shell, de Inglaterra. Al escuchar lo anterior, Silva Herzog leyó en voz alta una nota publicada en Financial News del 15 de mayo de ese año, en el que demostraba que El Águila sí había obtenido utilidades, y mostró unos documentos que probaron que dicha compañía era subsidiaria de la Royal Dutch Shell, que evadía impuestos y ocultaba utilidades al gobierno mexicano. Al intentar interrumpir Van Hasselt a Silva Herzog, el Presidente Cárdenas expresó: ‘Ruego a usted que deje terminar al profesor Silva Herzog’. Y durante cuarenta minutos más fueron escuchados los documentos que el representante de la Comisión Pericial fue exhibiendo contra los empresarios petroleros» (Silva Herzog, Jesús, La Epopeya del Petróleo, en Cuadernos Americanos, enero-febrero, 1953, pp. 20-21, citado en Celis Salgado, Lourdes, La Expropiación, en La Expropiación, un Debate Nacional, México, Petróleos Mexicanos, 1998, 543 p., p. 55).
Tras el proceso correspondiente, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje pronunció su laudo el 18 de diciembre de 1937 y aceptó virtualmente las conclusiones de la Comisión de Peritos, lo que condenó a las empresas petroleras al pago de 26 millones de pesos.
Arreció entonces la campaña contra el gobierno mexicano y se registró una importante fuga de capitales que debilitaron la posición del Banco de México. En la percepción de sobrada prepotencia que les caracterizaba, no cazaba entre los magnates petroleros la idea de un país débil que se les enfrentaba decididamente y, lo que es peor, les aterraba la posibilidad de que otras naciones siguieran el ejemplo de México, que alteraba radicalmente el modus operandi de los encumbrados financieros internacionales.
Sobre el particular, el propio Silva Herzog asentó: «A las compañías no les importó nunca en realidad el pago de las sumas por el laudo señaladas; lo que a las compañías les importaba era no aceptar que se estableciera en América Latina el precedente de intervención en sus finanzas por medidas legales o de cualquier otra índole; no estaban dispuestas a admitir que el gobierno de un país débil les fijara normas financieras, puesto que ello podría ser peligroso precedente en otros países y esto es lo que explica su obstinación. Además, habían sobreestimado su fuerza; abrigaban la certeza de que si se mantenían firmes, el gobierno se vería obligado a ceder a todas sus demandas o de lo contrario vendría la bancarrota económica en la nación y la caída del general Cárdenas» (Silva Herzog, Historia de la Expropiación, pp. 103-104, citado por Celis Salgado, Op.Cit., p. 56).
No terminó el año sin que las empresas se ampararan, pues el 29 de diciembre de 1937 la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió la demanda correspondiente contra el laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Dos meses más tarde, sin embargo, el más alto tribunal de México negó el amparo a las compañías petroleras y confirmó el laudo del 18 de diciembre anterior, con enorme contrariedad de las empresas. La Suprema Corte de Justicia enmendaba así su postura de los años 1921 y 1927, cuando había protegido a las compañías.
En sus Apuntes, el general Cárdenas revela importantes pormenores de los sucesos de marzo de 1938
Por lo demás, por esas fechas se pronosticaba un conflicto de grandes proporciones en Europa (la guerra estallaría, como se sabe, en 1939) y se calculaba que tanto Estados Unidos como Inglaterra evitarían intervenir directamente en México, ocupados como estaban por la tensión internacional (Cárdenas, Lázaro, Obras. Apuntes 1913-1940, Tomo I, prefacio de Gastón García Cantú en Introducción de Cuauhtémoc Cárdenas, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 1972, 446 p., p. 389).
Todavía en una serie de pláticas sostenidas ante el Presidente Cárdenas las empresas mantuvieron una actitud intransigente y sólo llegaron a ofrecer un aumento de poco más de veintidós millones de pesos, sin los beneficios de orden social que también reclamaban los trabajadores y con rechazo absoluto de sindicalizar a los empleados administrativos. Adicionalmente exigieron garantías de que, si se aceptaba su oferta, no se les requiriera luego con nuevas peticiones. Desde luego no hubo arreglo.
No obstante, aún se les dio una semana más cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje extendió el plazo para el cumplimiento de su sentencia en vista de las pláticas y negociaciones extrajudiciales que continuaban celebrándose. Pero el 15 de marzo de 1938 las empresas declararon que no podían cumplimentar el laudo porque, dijeron, significaría la ruina de sus negocios. De inmediato fueron declaradas en rebeldía por el Tribunal de Conciliación y los contratos de trabajo dados por terminados, con la consecuencia del pago de los tres meses de sueldo a los obreros (Al darse por concluidos los contratos con los trabajadores, las compañías contemplaron la posibilidad de que el gobierno se encargara temporalmente de la industria hasta cubrir el adeudo de los tres meses y luego recuperarla una vez pasada la crisis)
Llevadas las cosas al extremo, el gobierno mexicano tuvo que adoptar medidas decisivas para contrarrestar el colapso económico al suspenderse la explotación y distribución del petróleo, esencial para el desarrollo de la nación.
«Después de la resolución de la Suprema Corte –apunta con atino Luis G. Zorrilla– sólo quedaba una alternativa: sometimiento de los intereses petroleros a la sentencia de los tribunales de México, o sea respeto a la ley del país en que operaban. Si el Estado no ejecutaba la sentencia se hallaría a merced de los intereses de particulares (extranjeros para mayor escarnio), mostraría que era más débil que éstos y de hecho evidenciaría que no era sino una agencia colonial (…) Si se había atrevido la administración cardenista a llevar la crisis hasta tal punto no había manera de retroceder» (Zorrilla G., Luis, Historia de las Relaciones Entre México y los Estados Unidos de América, 1800-1958, México, Editorial Porrúa, S.A., Tercera Edición, 1995, Tomo II, 601 p., 473).
En esos momentos decisivos la inmensa mayoría de los mexicanos apoyaba al gobierno que hacía frente a la rebeldía de las empresas. El Congreso de la Unión, la CTM, la CROM y multitud de agrupaciones más se adhirieron a la política del régimen e instaban a liquidar para siempre la dependencia económica del exterior.
En sus Apuntes, Lázaro Cárdenas refiere lo que sucedió el 9 de marzo, cuando regresaba de un ingenio azucarero instalado en Zacatepec, acompañado del general Francisco J. Múgica, Secretario de Comunicaciones, y del licenciado Eduardo Suárez, Secretario de Hacienda: ordenó detener el vehículo, bajó con el general Múgica y le dio a conocer «mi decisión de decretar la expropiación de los bienes de las compañías petroleras si éstas se negaban a obedecer el fallo de la Suprema Corte de Justicia. Hablamos de que difícilmente se presentaría la oportunidad tan propicia como la actual para reintegrar a la nación su riqueza petrolera» (Cárdenas, Apuntes, p. 388).
Y en una anotación del día siguiente, el Presidente amplió sus conceptos:
Francisco J. Múgica tuvo participación decisiva en la redacción del manifiesto a la nación en 1938
«Conocedor el general Múgica de la conducta de las empresas petroleras, por juicios que se han seguido contra las citadas empresas y en los que él ha intervenido, y por los procedimientos y atropellos cometidos por los empleados de las propias empresas, y que presenció cuando me acompañó en los años que estuve al frente de la Zona Militar de la Huasteca Veracruzana; y reconociendo en él sus convicciones sociales, su sensibilidad y patriotismo, le di el encargo de formular un proyecto de manifiesto a la nación, explicando el acto que realiza el gobierno y pidiendo el apoyo del pueblo en general, por tratarse de una resolución que dignifica a México en su soberanía y contribuye a su desarrollo económico.
«Hasta hoy no se ha llegado a hacer mención oficialmente del propósito de expropiación. Se dará a conocer en el momento oportuno.
«En los centros políticos y financieros la generalidad cree, y aun las mismas empresas, que el gobierno podrá llegar, solamente, a dictar la ocupación de las instalaciones industriales.
«No puede retardarse mucho la decisión de este serio problema» (Cárdenas, Apuntes, p. 389. Énfasis de Luis Reed Torres).
En efecto, no tardó mucho tiempo más la postergación de la decisión presidencial, reforzada desde luego por el rechazo que el día 15 hicieron las empresas en relación al cumplimiento del laudo que les era adverso. Y así, el memorable 18 de marzo de 1938, alrededor de las diez de la noche, tras de que en una nota Cárdenas le había pedido a Múgica días atrás «un manifiesto que llegue al alma de todo el pueblo», se hizo pública la decisión presidencial de decretar la expropiación de los bienes de las empresas petroleras, de acuerdo con razones legales, económicas y políticas y con fundamento en la Ley de Expropiación vigente.
Aproximadamente media hora antes del anuncio oficial por radio, los empresarios y apoderados de las empresas, avisados de lo que se avecinaba no se sabe por quién, se presentaron apresuradamente ante el Mandatario. Y uno de ellos tomó la palabra: «Señor Presidente, recapacitando acerca del problema hemos llegado a la conclusión de que si ajustamos nuestros negocios podemos, haciendo sacrificios, aceptar la sentencia de la Suprema Corte. Nuestro objeto es demostrarle al gobierno nuestra buena voluntad».
«Señores –respondió Cárdenas–, a todos ustedes les consta que el gobierno hizo grandes esfuerzos para disuadirlos de su actitud intransigente. Los hemos invitado a cumplir el fallo de la Suprema Corte y todo ha sido en vano. Les agradezco mucho que hayan venido a verme, pero tengo la pena de informarles que han llegado demasiado tarde. El gobierno de la República ha tomado sobre este asunto una resolución irrevocable. En breves momentos voy a dirigir un mensaje al pueblo de México y ustedes podrán enterarse de su contenido» (Entrevista con el licenciado Raúl Castellano, Secretario Particular del Presidente Cárdenas, en Benítez, Fernando, Lázaro Cárdenas y la Revolución Mexicana, México, Fondo de Cultura Económica, 1984, Tomo III, 379 p., p. 138).
(Continuará)
