Por: Miguel Ángel Jasso Espinosa
La noche del 2 de julio del 2000 una multitud jubilosa se reunió a los pies de la Columna de la Independencia en la ciudad de México. ¡Por fin, al cabo de 71 años, la oposición había triunfado!
Así se creía.
¡No nos defraudes!, clamaban los electores. Y su júbilo contagiaba a otros que, escépticos, no habían votado por nadie, pero que al conocer los cómputos se adherían a la esperanza del cambio. Cambio prometido para “¡hoy, hoy, hoy!”
Luego se hizo llegar al PAN un mensaje de advertencia en palabras del filósofo Oswaldo Spengler:
“¡Ay de quienes confunde la movilización con la victoria! Un movimiento acaba de iniciarse, no de lograr sus fines!”
Según pudo verse poco después, el mensaje se daba en una situación equivocada, pues no se estaba iniciando realmente ningún movimiento de cambio, sino continuando lo mismo de treinta años atrás.
Por otra parte, al presidente electo se le hacía una petición:
“El triunfo necesita refrendarse.
La intención es proyecto;
El mundo de las verdades son los hechos.
México espera los cambios ¡hoy, hoy, hoy!”
Pero fue una petición ingenua, pues no había tal intención de cambio.
México estaba viviendo una situación insólita.
Era atractiva la buena imagen de Fox. Su mercadotecnia electoral, con sus expresiones coloquiales de las tepocatas y las culebras; con su certeza de arrojar de Los Pinos al PRI, “a patadas”, y con su agresivo enfrentamiento con Labastida, era muy diferente a los consabidos discursos del pasado.
Y el PAN, con su fama de ser lo contrario del PRI (aunque no muy justificada), acrecentaba la esperanza del “cambio” y la convertía en certeza.
Situación insólita, pues las 30 promesas de Fox eran mercadotecnia electoral. Y la pretendida “oposición” del PAN era espejismo.
La “alternancia” equivalía, realmente, a un cambio de siglas (PAN en vez de PRI), pero con un mismo plan.
Un plan destructor, el mismo aplicado durante los 30 años anteriores.
Las líneas que acabo de citar pertenecen al libro titulado “Desilusión Traumática” del escritor mexicano Salvador Borrego.[1] De conformidad a ese texto, el autor recreó el estado inicial de esperanza y alegría para millones de mexicanos que habían ejercido su voto con la exigencia de lograr un cambio en el país. 16 millones de votos a favor de Vicente Fox le daban una gran oportunidad a él y al PAN de generar un cambio anhelado por muchas generaciones de mexicanos. Sin embargo, poco a poco Fox se encargó de transformar la alegría en repudio y desesperanza.
El primer acto de Fox como presidente electo fue empezar a cobrar su sueldo (y el de su Gabinete) cuatro meses antes de tomar posesión, a pesar de que ninguno de ellos tenía necesidad, pues todos gozaban de una buena posición económica. Al pueblo se le cargó pagar el Gabinete que aún no se iba y el que todavía no entraba.
El segundo acto del gobierno foxista fue formar un Gabinete ampliado (llamado “Gabinetazo”), con numerosos “coordinadores” –a nivel de Secretarios de Estado– y sus correspondientes subcoordinadores, directores, jefes de departamento, etc. Y todos con altos sueldos.
El costo del gobierno estaba creciendo en momentos en que millones de desempleados esperaban que el “cambio” les diera trabajo, así fuera de salario mínimo. Y también cuando el propio Fox, con razón, había criticado en su campaña el elevado costo de la voluminosa maquinaria política priísta.
En 2004, con casi 4 años de su gobierno, Vicente Fox había enviado al Congreso 58 iniciativas de ley de las cuales le rechazaron dos del IVA, se le aprobaron 48 y otras 8 estaban en trámite. De estas ¿alguna de particular relevancia? Salvador Borrego, el denominado escritor prohibido nos advertía que de ninguna de esas leyes se habló gran cosa, porque el pueblo no les concedió relevancia. Entre otras razones, porque ninguna resolvía los problemas de fondo abordados por Vicente Fox durante su campaña.
Así al llegar el cuarto año del gobierno del cambio lo que abundó fue la incertidumbre, el desánimo y la frustración de millones de mexicanos que habían votado por un pretendido cambio que nunca llegó. Entonces millones de mexicanos se preguntaban ¿por qué nos falla el PAN, en cuya lealtad confiábamos, y por qué también nos falla Fox, en cuyo liderato pusimos toda nuestra esperanza?
En ese libro, Salvador Borrego hizo pasar al PAN a través de los rayos equis de la historia, lo mismo que a Fox y su gabinete. Para entonces ya era evidente que el gobierno del cambio había traído amargura, desconsuelo y pesimismo, tres ingredientes que no ayudaban a salvar obstáculos. ¿Haber llegado a Los Pinos para nada? El pretendido gobierno del cambio era, en una sola frase, simple desilusión traumática.
Se había desaprovechado una excelente oportunidad para realizar acciones positivas a favor del pueblo de México con las que el régimen de Vicente Fox se habría hecho de una fuerza imparable. Pero no. Todo se desaprovechó y se perdió la fe en el entonces presidente de México.
Así se llegó a las elecciones del 2 de julio de 2006, con millones de mexicanos caídos en amargura, desconsuelo y pesimismo.
El 9 de julio el Instituto Federal Electoral (IFE) dio el resultado de las elecciones del domingo 2, pero el candidato autodenominado de izquierda, Andrés Manuel López Obrador inmediatamente las descalificó; tachó las elecciones como fraudulentas y ordenó que se “levantara” un plantón permanente de sus simpatizantes desde avenida Reforma hasta el Zócalo, a la vez que exigía una revisión de 11,000 casillas. Terminado el nuevo recuento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rectificó levemente el total de votos obtenido por cada Partido y publicó las cifras definitivas:
- Felipe Calderón 15, 202,920 votos
- López Obrador 14, 679,103 votos
- Madrazo Pintado 9, 237,886 votos
- Patricia Mercado 1, 120,038 votos
- Roberto Campa 398, 257 votos
López Obrador también rechazó ese resultado. A Vicente Fox lo llamó “rufián”, a Calderón lo llamó “pelele” y anunció que convocaría a “Convención” para nombrarse “presidente legítimo”, para luego mandar al diablo las instituciones.[2]
En todo el país hubo incertidumbre. En la ciudad de México se escenificó el “plantón” de las tribus simpatizantes de López Obrador que causó considerables pérdidas económicas y de empleos.
López Obrador acusó ante a la opinión pública que las grandes televisoras de México lo habían dañado en su imagen. Denunció una campaña de desprestigio emprendida en contra de él acusándolo de ser un peligro para México. Su pasado como militante de una izquierda radical lo hacía creíble; se le hacía pasar como un personaje que coartaría las libertades, como un ultra radical de los que cultivan el “odio de clases”. Se le hizo ver como un perseguidor del catolicismo y destructor de la economía de tipo capitalista.
A final de cuentas esa elección presidencial demostró que Felipe Calderón y López Obrador se habían repartido a los votantes, casi por igual, la diferencia era tan estrecha que entonces se supo que la gran disconformidad la estaba marcando la cantidad de personas establecidas dentro del “abstencionismo”. En aquella época fue de aproximadamente 21. 6 millones de personas que no fueron a votar porque, pese a estar “empadronados” ya no creían ni en el PAN ni el PRD ni en el PRI.
El desafío de López Obrador al llamarse “presidente legítimo” impactó demasiado al presidente Felipe Calderón y lo llevó a declararle la guerra al Narcotráfico, para lo cual se puso apresuradamente un uniforme que no era de su medida y una gorra con las cinco estrellas correspondientes a comandante supremo de las fuerzas armadas mexicanas.[3] Quizás sin calcular la guerra que había desatado, durante el sexenio los mexicanos fuimos testigos de cómo el país se fue ensangrentando en una guerra prácticamente perdida contra el narcotráfico. Considerables recursos económicos tuvieron que concentrarse en esa guerra y tan solo en 4 años ya habían sido asesinados 2, 076 policías, en tanto que muchos otros se daban de baja. Hubo asesinatos de generales del ejército, alcaldes, ministerios públicos y jueces. A su vez, muchos presidentes municipales, principalmente del norte de la república solicitaron el apoyo del ejército mexicano. Así, gradualmente, mientras que en el año 2008 participaban 30, 000 soldados en diversos operativos en todo el país para combatir al narcotráfico, ya para 2011 la cifra aumentó hasta 51,000, según las cifras de la propia SEDENA. En el penúltimo año de su gobierno, Felipe Calderón ya podía presumirle al mundo que en México había alrededor de 30 mil muertos, víctimas –directa o indirectamente– de la guerra contra el narcotráfico. Al final de su sexenio la cifra se calculó conservadoramente entre las 32,000 víctimas.[4]
Así como en el año 2000 hubo millones de electores que se empeñaron en sacar de Los Pinos al PRI –a patadas– para reemplazarlo con el PAN, en similitud de circunstancias millones de mexicanos decidieron sacar al PAN de Los Pinos –a patadas– para re instalar al PRI.
En la elección del 2012 pesó mucho la campaña del PRI orientada a recordarle a la gente que no todos los sexenios priístas habían sido para el olvido. Se extremó recordarle a la gente los beneficios del llamado “Desarrollo Estabilizador”, las buenas épocas en que se hicieron obras de infraestructura, incluso hoy todavía funcionales: presas, carreteras, aeropuertos. Se habló de la creación de empleos como una prioridad para Peña Nieto.
Al PRI que habían sacado de Los Pinos en 2000, le llegaron en la elección de 2012 la cantidad de 19.2 millones de votos que abrigaban una nueva esperanza de cambio. El PRD que nuevamente postuló a Andrés Manuel López Obrador logró obtener 15.8 millones de votos. En tanto que la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota obtuvo 12.7 millones de votos.
Frente a los tres principales candidatos fue muy significativo que alrededor de 30 millones de ciudadanos empadronados decidieron no ejercer su voto. Entonces era más que evidente cómo la “abstención” de millones de ciudadanos se llevó un “primer lugar” como “fuerza” electoral, es decir la de los descontentos. En 2012 esos 30 millones que no ejercieron su voto habrían cambiado poderosamente el rumbo del país. Pero desaprovecharon la oportunidad.
Peor aún, el sexenio de Enrique Peña Nieto se caracterizó por escándalos de corrupción verdaderamente incomprensibles: constantes dudas sobre el otorgamientos de contratos de obra pública para sus “favoritos”; escándalos sobre las propiedades de los integrantes del gabinete, gobernadores sujetos a proceso judicial por millonarios desvíos de dinero; no debemos olvidar las acusaciones por el plagio de la tesis universitaria del propio Presidente; la aborrecible “Estafa maestra” que comprendió las conclusiones de tres auditorías –que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) hizo públicas–, las cuales señalan que durante la gestión de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), fueron desviadas por “empresas fantasma” cantidades multimillonarias, mismas que transitaron por cuentas bancarias de MONEX e IC BANCO, y que terminaron en Estados Unidos, China, Ecuador, Bélgica, Israel, Corea del Sur y Pakistán. Se habló entonces de una cantidad cercana a 4 mil 544 millones de pesos desviados (sus autores quedaron impunes). La reforma energética que trajo la duda para millones de mexicanos si no habrá sido una “velada” entrega del petróleo a empresas extranjeras. Aumentó el precio de la gasolina y luego “liberó” los precios hasta dejarlos por las nubes.
La corrupción fue el sino que distinguió el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Con 89 millones 123,355 ciudadanos empadronados se llegó a la elección del 1º de julio de 2018 (48.16% de hombres y 51.84% de mujeres), que de acuerdo con cifras del INE fue de 63.4290% de participación ciudadana (56,611027 votos); de acuerdo a estas cifras, se infiere que casi el 37% de ciudadanos empadronados decidió no participar en la elección para elegir presidente de la república del 2018.
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón obtuvo 05.2317% de la votación, José Antonio Meade Kuribreña, 16. 40% de la votación, Ricardo Anaya, 22.27% de la votación, en tanto que Andrés Manuel López Obrador obtuvo 53.19 % de la votación.
Como en la elección del 2000, millones de mexicanos salieron a las calles de las grandes ciudades de la república mexicana para manifestar su júbilo ante el triunfo del candidato López Obrador que –a patadas– sacó al PRI de Los Pinos y que además posicionó al partido político de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) como la principal fuerza política del país.
Delante de tres pantallas gigantes y bajo la emblemática Torre Latinoamericana teñida de los colores de la bandera de México, miles de ciudadanos emocionados y esperanzados aplaudían el discurso esperanzador de López Obrador y vitoreaban al unísono: “¡Es un honor, estar con Obrador!” y “¡Sí se pudo!”.
Se calculó en 80.000 personas los que recibieron a López Obrador en la mítica plaza del Zócalo de la ciudad de México al grito de “¡presidente, presidente!”.
Hubo tal euforia por su triunfo electoral que las redes sociales fueron invadidas de notas favorables y tras tres días de entrevistas del virtual presidente electo no faltó quien aseguró que ya ni quién se acordara de que el presidente Enrique Peña Nieto todavía tenía que estar en su cargo hasta el último día de noviembre.
A la euforia del triunfo del candidato López Obrador le han seguido una serie de anuncios que han puesto a reflexionar a los politólogos del país respecto a las posibilidades reales de implementar sus propuestas en materia de seguridad pública así como en los ajustes al presupuesto de la federación anunciados recientemente por el propio Obrador.
Por una parte está el plan de pacificación para el país, con el que López Obrador pretende bajar los índices de violencia en toda la república mexicana. De acuerdo con sus propuestas, el designado para dirigir la Secretaría de Seguridad Pública será Alfonso Durazo –antiguo asesor del difunto Luis Donaldo Colosio y también ex titular de la oficina de Presidencia de la República en tiempos de Vicente Fox–, quien no cuenta con experiencia en el área de Seguridad pública, pero sí cuenta con todas las simpatías de López Obrador. Según Alfonso Durazo, la “receta mexicana para la pacificación del país” contemplará la creación de una Ley de Amnistía Internacional, el combate al narcotráfico desde las finanzas y el regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles.
Afirmó que se realizarán foros de consulta a las víctimas, expertos y líderes nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos. Y con las propuestas vertidas en esos conversatorios, se crearán las iniciativas de ley al Congreso de la Unión para su eventual aprobación. Anunció que se crearán Comisiones de la Verdad integradas por asociaciones civiles, sacerdotes y expertos para que estudien casos de violencia. “Exploraremos sin prejuicios ni estridencias todas las ideas y propuestas que nos permitan recuperar la paz y la serenidad en el país, incluida la amnistía del eventual indulto, del recurso de leyes especiales y de justicia transicional”.[5]
También se ha anunciado la incorporación de la ex Ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez, quien sería la próxima Secretaria de Gobernación. Ya se pronunció por el fortalecimiento de las Procuradurías de justicia, y anunció que impulsarán una la ley de amnistía e indulto en algunos casos específicos, teniendo como eje los derechos de las víctimas.
Existe mucha expectativa con respecto a los cambios anunciados en el combate a la delincuencia organizada y al narco, de modo que muchos gobernadores de los estados de la República mexicana ya comenzaron a impacientarse ante el anuncio de regresar al ejército mexicano a los cuarteles. Regiones como Tamaulipas y Guerrero son impensables en su vida cotidiana sin el patrullaje y la labor preventiva del ejército.
Otro elemento anunciado por el presidente electo es la denominada descentralización de las Secretarias de Estado del gobierno federal. Es decir su traspaso hacia los estados de la República.
Según el proyecto presentado por López Obrador, el traslado de las sedes de las Secretarías y Organismos Federales permitirá que haya crecimiento económico en todo el país, y no sólo sigan creciendo ciertas zonas del territorio nacional. Según este nuevo esquema, se pretende que las inversiones públicas y privadas fluyan a todo el territorio nacional. Así por ejemplo, mientras en la zona del Bajío, o en la Riviera Maya existe un crecimiento de 5 o 6 y hasta 8 %, existen otras regiones del país que decrecen y su población disminuye porque migra a las grandes ciudades o al extranjero.[6]
De conformidad al proyecto del presidente electo, ya se tienen definidas las sedes formales de las Secretarias de Estado y su cambio será paulatino y gradual. Pero la medida no ha sido bien visto por el grueso de los que integran la burocracia federal, ya que implicaría el traslado de los trabajadores así como también de sus familias hacia el interior de la República. Se dice fácil pero no es tan simple.
El gobierno federal cuenta con 18 secretarías y 299 entidades que en total emplean a más de 3 millones de personas, de las cuales 80 por ciento trabajan en la ciudad de México, es decir, dos millones cuatrocientos mil empleados, de acuerdo con cifras aportadas por el diario El Universal. Y se estima que la inversión total de la descentralización sea de 125 mil millones de pesos en los seis años de gobierno, lo que representa 20.8 mil millones de pesos por año. Según el proyecto de Inversión presentado por Andrés Manuel López, el gasto en el primer año será del sector público y en los siguientes tendrá participación el sector privado por medio de los Fideicomisos para la Inversión de bienes raíces (Fibras).[7]
De la mano con la anterior propuesta va el denominado “plan de austeridad y combate a la corrupción” que esencialmente plantea la reducción de 70% de las plazas laborales denominadas de confianza en la administración pública federal, lo que representaría el despido de más de 200 mil empleados durante la siguiente administración.
De acuerdo con el último Censo Nacional del Gobierno Federal realizado en 2017, hay cerca de 317 mil 879 empleados de confianza. Si tomamos la propuesta de reducir este tipo de plazas al 70%, la cifra de empleados que saldrían del gobierno sería de 222 mil 515.
El interés de López Obrador por desaparecer el 70 % de las plazas de confianza se debe a que en las pasadas dos administraciones federales se incrementaron significativamente este tipo de plazas, las cuales generaron mayor burocracia y por lo tanto más gasto público. De acuerdo con el plan de austeridad: “el problema es que muchas de estas plazas (de confianza) vinieron a duplicar funciones en la Secretarías de Estado, y dentro de ellas, hay áreas donde se duplica lo que se hace y se ganan altos sueldos por ello”.[8] Este último tema es por demás interesante porque la medida o plan anunciado por el nuevo presidente electo pretende deshacerse de los trabajadores “incondicionales” de las administraciones panistas y la reciente priísta.
¿Qué es un Trabajador de Confianza?
Según el artículo 9 de la Ley Federal del Trabajo, la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la designación que se dé al puesto. Son funciones de confianza las de dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón dentro de la empresa o establecimiento.
En el gobierno federal este tipo de trabajadores son:
Los que integran la planta de la Presidencia de la República y aquéllos cuyo nombramiento o ejercicio requiera la aprobación expresa del Presidente de la República.
Los secretarios particulares de: secretario, sub-secretario, oficial mayor y director general de las dependencias del Ejecutivo Federal o sus equivalentes en las entidades.[9]
De esta última propuesta del plan de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, lo más importante a destacar es preguntarse ¿con qué nuevo tipo de contrato operarían los incondicionales del nuevo gobierno?
Desde que López Obrador anunció la medida de despedir a la alta burocracia de confianza, especialistas en el tema de la administración pública han venido publicando sus opiniones al respecto. Casi todos coinciden en señalar en que despedir a estos cuadros de gente bien preparada no necesariamente significará un beneficio para la administración pública federal y antes bien por el contrario puede significar una parálisis de la misma.
Es falso el estigma que ha sembrado AMLO contra la alta burocracia, de que todos son rateros e incompetentes, es por demás injusto y pone contra la pared a auténticos servidores públicos que, muchos de ellos, han accedido a sus puestos no por compadrazgos o recomendaciones, sino por méritos propios, ya que han escalado puestos a través del servicio civil de carrera, que les permite, por exámenes presentados, la medición de sus capacidades y conocimientos.
Según la propuesta del presidente electo, a los burócratas que queden, les va a disminuir sus percepciones y emolumentos a la mitad de lo que ganan en la actualidad.
Esto traería consecuencias en el corto plazo, como por ejemplo que habría cientos de amparos y demandas en cascada por tales medidas. Además ¿de dónde se obtiene gente preparada de un día para otro? No perdamos de vista también que habría una inmediata pérdida de talentos que serán aprovechados en la iniciativa privada y, esto implicaría también exponerse a la parálisis en múltiples programas de todas las dependencias del gobierno, que van desde los programas de política social, energía, ejercicio del gasto y administración del ingreso federal, hasta la salud, educación, seguridad, infraestructura, campo, pesca y ganadería, entre otros innumerables sectores.[10]
La medida del presidente electo es simplemente populista y eso va contra la viabilidad del país.
El desmantelamiento del aparato gubernamental significará un grave retroceso en la misma operación del gobierno, al tiempo que se pondrá al país en riesgo de ingobernabilidad por la inoperancia de las instituciones.
¿Cuantos años harán falta para resarcir todo el daño que hará el presidente López Obrador en su sexenio? Como por ejemplo, en volver a preparar esos cuadros de servidores públicos con niveles académicos de excelencia y vasta experiencia en el gobierno.
Veamos ahora ¿qué propone el nuevo gobierno populista?
BIBLIOGRAFÍA
Borrego, Salvador: México en Guerra Ajena, edición del autor, 2011.
Borrego, Salvador: Desilusión Traumática (otro sexenio perdido) primera edición del autor, 2004.
Borrego, Salvador: La Cúpula Gubernamental va haciendo trizas a México, Edición del autor, primera edición de 2010.
HEMEROGRAFÍA
“Con López Obrador, inicia la descentralización del gobierno federal”, Excélsior 17 de julio de 2018.
“El proyecto de descentralización de AMLO para trasladar las dependencias a otros estados”, El Economista, 10 de julio de 2018.
“Gabinete de seguridad de AMLO presenta receta para la pacificación del país”, El Sol de México, 6 de julio de 2018.
Sánchez Cano, Alejo: “El desmantelamiento de la burocracia pone en riesgo al país” El Financiero, 16 de julio de 2018.
Vallejo, Ignacio: “Sólo 5 estados inician planes de mudanza de secretarías”, El Universal, 22 de julio de 2018.
REFERENCIAS ELECTRÓNICAS
[1] Borrego, Salvador: Desilusión Traumática (otro sexenio perdido) primera edición del autor, 2004.
[2] Borrego, Salvador: México en Guerra Ajena, edición del autor, 2011.
[3] Borrego, Salvador: La Cúpula Gubernamental va haciendo trizas a México, Edición del autor, primera edición de 2010.
[4] El escritor prohibido solía hacer un comparativo entre la guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón y la invasión yanqui de 1846 – 1848; de conformidad a estadísticas de entonces se calculó en 23, 500 muertos mexicanos. De donde resulta que Calderón había originado una cantidad de muertos mayor a la invasión yanqui.
[5] “Gabinete de seguridad de AMLO presenta receta para la pacificación del país”, El Sol de México, 6 de julio de 2018, véase en: https://bit.ly/2vd5sFd
[6] “El proyecto de descentralización de AMLO para trasladar las dependencias a otros estados”, El Economista, 10 de julio de 2018, véase en: https://bit.ly/2Laq8Vm
[7] Vallejo, Ignacio: “Sólo 5 estados inician planes de mudanza de secretarías”, El Universal, 22 de julio de 2018.
[10] Sánchez Cano, Alejo: “El desmantelamiento de la burocracia pone en riesgo al país”, El Financiero, 16 de julio de 2018 Véase en: https://bit.ly/2uZeoPh
