Por: Justo Mirón
“A la ciudadanía no le corresponde decidir si se deben investigar o procesar los delitos cometidos en ejercicio de la función pública”, pues ésta es una obligación del Estado”.
Extracto del proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales relativo a la argumentación en contra de la aprobación de la propuesta presidencial de juicio a los expresidentes.
Mis queridos y bien ponderados lectores, reciban un saludo afectuoso de su criticón y fijado amigo Justo Mirón, aliado de la verdad y enemigo de los aduladores, lambiscones y lamebotas de los poderosos.
Pues bien, hablando de poderosos, no me queda otra que mencionar al inquilino de Palacio Nacional, quien ha ido acrecentando su poder, a tal grado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se tuvo que plegar a sus designios y cumplirle la aprobación de su electorera propuesta de juzgar a los expresidentes.
El Ministro Luis María Aguilar Morales durante una sesión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Foto: Moisés Pablo, Cuartoscuro
De esta manera, con 6 votos en contra del proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar Morales, y 5 a favor, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvieron que la iniciativa presentada por López, y remitida a la Corte a través del Senado de la República, es procedente.
Las presiones que vino ejerciendo López sobre el poder judicial, días antes de la votación para decidir la constitucionalidad del juicio a los exmandatarios, rayan en un insulto y desprecio a la división de poderes y demuestran su talante autoritario y dictatorial.
El día 29 del pasado mes de septiembre López advirtió que el Poder Judicial debería asumir su responsabilidad en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinara la no procedencia de la consulta para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes.
Y declaró en su conferencia dormidera: «Si vamos a seguir con lo mismo yo me deslindo y que cada poder asuma su responsabilidad, en este caso será el Poder Judicial el que tiene que decidir».
Además mencionó que «Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta, tendríamos que plantearnos para qué está el artículo en la Constitución, es una simulación, es letra muerta y olvidarnos de eso. No, sí lo diríamos, desde luego, pero yo tengo la responsabilidad de buscar, que, en México, porque fue mi compromiso, que se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, el plebiscito, referéndum, revocación de mandato, y de inmediato estaría enviado una iniciativa de reforma del 35 para que no se cancele esta posibilidad».
Nace un tirano. De ahora en adelante el país se encuentra bajo la voluntad de López.
Como fregados no, si la ley no se ajusta a lo que yo quiero y me conviene, pues cambio la ley, faltaba más faltaba menos, y me paso por el arco del triunfo a la Constitución, que al cabo que sólo sirve para obstaculizarme en mis afanes reeleccionistas, diría el cínico de López.
Juristas, diputados de oposición y representantes de la iniciativa privada mostraron su desacuerdo con la coacción ejercida por López sobre el Poder Judicial Federal y el mensaje que manda con la aprobación del proceso de enjuiciamiento de los expresidentes, en el sentido que ha sido anulado el papel de la Suprema Corte de Justicia como contrapeso del Poder Ejecutivo, lo cual significa, en pocas palabras, el fin de nuestra vida democrática.
De esta manera, Ignacio Morales Lechuga, quien fue titular de la Procuraduría General de la República y exdirector de la Escuela Libre de Derecho, criticó la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nació (SCJN) y señaló, en un primer mensaje de twitter, que le pareció increíble el apoyo de Zaldívar a la consulta presidencial y, después, tras la votación, escribió: “Los ministros que declararon constitucional la consulta entregan el país a una sola persona. Terrible!!!”. Y advirtió sobre el peligro de que la SCJN termine” en CORTE-SANA”.
Asimismo, Héctor Herrera Ordóñez, presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, mencionó, respecto a las intervenciones de los ministros que se pronunciaron a favor de la inconstitucionalidad, que “La justicia no se vota; no se requiere de una consulta para aplicar la ley ni para investigar a persona alguna que se presuma responsable conforme a nuestro marco jurídico”.
Por su parte Juan Jesús Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Javier Martín Reyes, del Departamento de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en un análisis publicado en Reforma, consideraron que “no tenemos un tribunal constitucional, sino una oficialía que valida los anhelos de un presidente tan poderoso como caprichoso”.
Arturo Zaldívar, residente de la Suprema Corte de Justicias de la Nación, al lado de su jefe.
Los expertos consideraron que la actuación del ministro Zaldívar “fue bochornosa” ya que “estructuró la discusión a conveniencia, fue el primero en hablar después del ponente (algo atípico para un presidente), manipuló la votación y generó un falso consenso sobre una nueva pregunta que apareció por generación espontánea”.
En relación a quienes apoyaron a Zaldívar, expresaron que “cada uno creó su fantasía constitucional” y no generaron un consenso sobre la materia de la consulta” y señalaron que, pese a esto, los ministros redactaron la nueva pregunta de forma poco transparente.
Los autores concluyeron que “La Corte renunció así a su función de contrapeso, y de paso se convirtió en el nuevo tribunal de las tres mentiras. Hoy podemos decir que no es ni Corte, ni Suprema, ni de Justicia. Tenemos, en cambio, una Oficialía de Gestiones Presidenciales”.
Mientras que Martín Vivanco Lira, Doctor en Derecho por la Universidad de Chile y maestro en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, publicó en la revista Nexos un análisis de la resolución de la SCJN en el que condenó enfáticamente la aprobación de la Corte, afirmando que “Lo que presenciamos hoy fue como la Corte se autoadscribió facultades que la Constitución no le da. Tal vez por ser deferente a la voluntad popular, acaso por ser deferente con el presidente López Obrador. Sin embargo, lo cierto es que tenemos al guardián de la Constitución actuando de forma inconstitucional. Lo cual, sobra decir, no es grave, es gravísimo. Sin exagerar: quizá con esta decisión hemos perdido el último contrapeso de nuestro sistema constitucional”.
Por otro lado, los diputados Mauricio Ramírez Konishi y Martín Juárez Córdova, del grupo parlamentario del PRI, señalaron que la aprobación de la consulta popular para enjuiciar a los ex presidentes es denigrante y crea incertidumbre sobre si existe la separación de Poderes o en realidad estamos ante el sometimiento de un Poder sobre otro.
Lamentaron la destrucción de instituciones que representaban un contrapeso del poder y en las que se sostenía el estado de Derecho, por intereses pre-electorales; estamos, señalaron los legisladores, en una República, en un país de instituciones de respeto y poderes y no para jugar con ellas por una cuestión electoral.
Ramírez Konishi añadió que “es denigrante para la ciudadanía que se tenga que poner a consulta el cumplimiento de la ley; si existe una Fiscalía General de la República que tiene su autonomía y una gran facultad para poder investigar, hay un marco jurídico suficiente y están muy claros los procedimientos, es realmente lamentable que el contrapeso del poder se preste a una simulación, por más que hayan cambiado la redacción de la pregunta”.
Respecto a la iniciativa privada, los empresarios del país calificaron como una violación a nuestra Carta Magna, y como un acto inoportuno, el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de considerar constitucional la consulta sobre juicio a ex presidentes.
Gustavo de Hoyos, líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) (Cuartoscuro).
Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), lamentó la decisión del máximo órgano judicial y advirtió que la consulta podría tener un costo de 8 mil millones de pesos, lo que, señaló, es un derroche de recursos públicos en medio de la situación económica en la que se vive.
Y afirmó que “El cumplimiento de la ley no debe estar sujeto a la consulta o decisión popular, y los órganos públicos competentes deben ejercer sus atribuciones, especialmente las de investigar y en su caso perseguir los delitos, con base en elementos objetivos, y sin consideraciones políticas de ninguna especie».
El sometimiento que ha hecho López del Poder Judicial demuestra que el ganso macuspano no se detiene ante nada ni nadie para lograr el control político absoluto y borrar, de una vez por todas, todos los contrapesos que le impidan alcanzar sus mezquinos fines.
