Por: Gustavo Novaro García
El presidente López anunció una gira por las entidades de Guanajuato, Jalisco y Colima, a las que asola el crimen organizado, en su conferencia mañanera del lunes 13 de julio. Dijo: “miércoles, jueves y viernes, vamos a estar en estos tres estados para apoyar y respaldar todas las acciones que se están llevando a cabo, con el propósito de conseguir la paz y proteger a los ciudadanos”.
Cada estado presenta particularidades en su relación con el gobierno federal y en cuestiones de seguridad. Las tres están gobernadas por mandatarios que no son de Morena.
Antes de entrar en detalles, llamó la atención el que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, anunciara en un tuit que había solicitado permiso al presidente para no asistir a la gira. Sin embargo, sí se le vio como parte de la comitiva. No trascendió a la opinión pública el porqué del cambio en su posición.
Guanajuato, la única entidad que en la elección de 2018 le dio el voto mayoritario al candidato panista, Ricardo Anaya, y no a López, en este sexenio ingresó en una espiral de violencia que lo ha transformado en el estado más ensangrentado del país.
Los conflictos entre el cartel oriundo de ese estado, el de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez Ortiz, El Marro y el Cartel Jalisco Nueva Generación, han transformado una región de la república, antaño pacífica y próspera en una zona de guerra.
La población está sujeta a la extorsión por parte de los criminales; las matanzas son cotidianas, las ejecuciones de policías municipales, la norma. La inseguridad se incrementó a raíz de la decisión de López, al comenzar el sexenio, de retirar a la Marina de labores de vigilancia, por recelo hacia el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, del PAN.
El miércoles 17, López quien no pernoctó en instalaciones de la XII Región Militar de Irapuato como estaba previsto y canceló la visita a un cuartel de la Guardia Nacional que iba a inaugurar, sino en un hotel, movió su agenda y visitó la refinería de Salamanca, que ha sido sujeta al robo de combustible, una prueba más de su fallida guerra al huachicoleo. Su presencia provocó manifestaciones adversas por parte de la ciudadanía. Con todo, ofreció una mejor coordinación con Guanajuato para mejorar la seguridad.
En Jalisco, un estado que desde los años 70 del siglo pasado ha sido refugio de los cárteles que lo han tomado como base de operaciones, López también ha tenido encontronazos con el gobernador emanado de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez, quien inclusive acusó al gobierno federal de intentar desestabilizar la entidad, utilizando como pretexto el homicidio a manos de la policía de Ixtlahuacán de Giovanni López.
Al inaugurar el cuartel de la Guardia Nacional en Tlaquepaque, López y Alfaro dejaron de lado sus diferencias y ofrecieron trabajar al unísono. De nueva cuenta hubo manifestaciones contrarias a López, en especial por parte de familiares de desaparecidos.
Con todo, la respuesta más importante a la visita del jefe del Ejecutivo Federal, la dio al día siguiente mediante un video el cártel Jalisco Nueva Generación, que presumió a 74 hombres fuertemente armados y 19 vehículos blindados, en una descarada demostración de fuerza que le restó brillo al mensaje de paz que emitieron los funcionarios federales y estatales.
Por último, el viernes en Manzanillo, Colima, que gobierna José Ignacio Peralta Sánchez, del PRI, López anunció que las Fuerzas Armadas se harán cargo del control de 17 puertos de altura y 49 aduanas para evitar la corrupción.
López sigue asignando tareas al Ejército y a la Marina, con una creciente militarización de la vida pública. Lo que ha sido un giro de 180 grados en el discurso que manejó en largos años de campaña.
Esperemos que la visita y los discursos culminen en resultados concretos, porque la realidad es que Guanajuato, Jalisco y Colima son presa de la delincuencia y en ellos, los ciudadanos comunes, que pagan sus impuestos, viven cotidianamente en el temor y la inestabilidad.
Mientras no se enfrente con la fuerza del Estado al crimen organizado, y sus miembros permanezcan juzgados y en la cárcel, éste podrá seguir enseñando que es un gobierno paralelo, que impone su ley y que actúa en la impunidad. Ya no hay espacio para las buenas intenciones ni la demagogia, las acciones, como siempre, resonarán más que las palabras.
