Por: Luis Reed Torres
–VII–
Un mes antes de ascender a la Presidencia de la República que heredaba de Álvaro Obregón, el general Plutarco Elías Calles viajó a Nueva York, donde se entrevistó con poderosos magnates de la política, la banca, el comercio y el transporte. Y aunque el régimen de Obregón había sido reconocido diplomáticamente y pertrechado militarmente por la Casa Blanca apenas a tiempo para encarar la rebelión delahuertista de fines de 1923 y dejar entronizado a Calles después de la firma de los Tratados de Bucareli –asunto ampliamente tratado en la entrega anterior–, lo cierto es que don Plutarco ya abrigaba la intención de desentenderse de los compromisos obregonistas de renuncia a la soberanía mexicana sobre las riquezas del subsuelo.
Así, durante un banquete que le fue ofrecido por la alta finanza el 28 de octubre de 1924 en la Urbe de Hierro, el Presidente Electo solicitó inversiones para México, pero fue inusitadamente sincero: «(…) invito a los industriales y capitalistas de buena voluntad, no al capitalismo pirata y agresivo, a que me acompañen en esta obra de desarrollo reconstructivo de un pueblo» ( Ibarra, Gabriela, y Gutiérrez, Hernán, Plutarco Elías Calles y la Prensa Norteamericana, 1924-1929, México, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa, S.A., 1982, 309 p., p. 19. Énfasis de Luis Reed Torres).
Un día después, en el Waldorf Astoria, Calles concedió una entrevista a periodistas estadunidenses y mexicanos y fue aún más explícito: «Vería con gusto que se intensificara en México el desarrollo de la industria petrolera, y yo no tengo inconveniente alguno en que se exploten los ricos yacimientos mexicanos, siempre que esa explotación sea justa, legal, apegada a nuestra legislación y de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución de la República.
«La industria petrolera en México es mundialmente reconocida como una de las más importantes entre los países productores. Nuestro aceite mineral es de excelente clase, y en la actualidad las compañías que tienen invertidos sus capitales en México no han obtenido aún todo el margen de importancia que pueden dar sus negocios» (Plutarco Elías Calles y la Prensa…, p.24. Énfasis de LRT).
A mayor abundamiento, la tarde de ese mismo día, en nueva entrevista con periodistas que le preguntaron acerca de la interpretación que daría al artículo 27 de la Constitución, el Presidente Electo de México dijo que correspondía al Congreso y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarse sobre el particular, «pues al Poder Ejecutivo, como su designación lo indica, sólo corresponde el cumplimiento de la ley». Sin embargo, para no dejar dudas, remató contundente: «Yo no trabajaré para que se modifique o se rectifique el artículo 27 de la Constitución; seré siempre su primer defensor y su mejor apoyo» (Plutarco Elías Calles y la Prensa…, p.26. Énfasis de LRT).
Como se aprecia, aun antes de ocupar formalmente el poder el general Calles mostraba inequívocamente su propósito de dejar de lado los Tratados de Bucareli y ejercer puntualmente la soberanía nacional sobre el subsuelo, en acatamiento a la Constitución de 5 de febrero de 1917. Al escucharlo tan firme y tan nacionalista, los magnates de la alta finanza seguramente sonrieron condescendientes y supusieron que Calles no iría más allá de sus declaraciones. Después de todo don Plutarco iba a escalar la Primera Magistratura de México merced al decidido apoyo que allende el Bravo le había sido brindado al gobierno de Obregón, su antecesor en el mando.
Sin embargo, apenas instalado formalmente en la Presidencia de la República a partir del primero de diciembre de 1924, Calles dejó ver que iba en serio, y en enero de 1925 tanto las afectaciones de tierras mexicanas en poder de estadunidenses como la preparación de una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en su apartado petrolero, alarmaron notoriamente a la Casa Blanca y las relaciones diplomáticas se tensaron súbitamente. En efecto, la reglamentación callista planeaba audazmente hacer valer la Constitución de 1917 y, en ese tenor, prohibía entre otras cosas la adquisición de terrenos y bienes inmuebles por extranjeros en una franja fronteriza de cien kilómetros y de cincuenta en las costas, con lo cual se afectaba no sólo a las propiedades ganaderas de poderosos magnates yanquis, sino a los dueños de las compañías petroleras, a quienes por lo demás expresamente obligaba a cambiar sus antiguos títulos de propiedad absoluta por simples concesiones que tenían una duración de cincuenta años (es decir se acababan los derechos de perpetuidad). Y eso siempre y cuando los derechos hubiesen sido confirmados por el gobierno mexicano previa demostración de haber trabajado los particulares en los campos petroleros en busca de combustible antes de que entrara en vigor la Constitución de 1917 (a esa prueba a demostrar se le denominó «acto positivo»). Esto era tanto como desconocer los Tratados de Bucareli signados por el régimen obregonista menos de dos años antes…
De inmediato, el embajador estadunidense James Rockwell Sheffield se opuso al proyecto y argumentó que cualquier modificación a los derechos de propiedad adquiridos constituía una acción retroactiva contraria a las normas constitucionales. De hecho el representante de la Casa Blanca y el Presidente Calles nunca simpatizaron. Iniciadas sus respectivas gestiones virtualmente al mismo tiempo, uno y otro se encerraron en sus posiciones y una muralla los dividió permanentemente. «El choque entre el nuevo embajador y el nuevo Presidente –dice el historiador Lorenzo Meyer– no tardó en producirse; en realidad desde la primera entrevista afloró la incompatibilidad entre quien defendía a todo costa los derechos de propiedad adquiridos por sus conciudadanos –Sheffield– y quien insistía en modificarlos en beneficio de los mexicanos –Calles–. De todos los puntos en conflicto entre el embajador y el Presidente, uno resaltó sobre los demás: los derechos sobre los depósitos de petróleo» (Meyer, Lorenzo, James R. Sheffield (1924-1927), en Suárez Argüello, Ana Rosa, coordinadora, En el Nombre del Destino Manifiesto, Guía de Ministros y Embajadores de Estados Unidos en México, 1825-1993, México, Instituto Mora y Secretaría de Relaciones Exteriores, 1998, 380 p., p.244).
Los meses siguientes fueron de evidente sobresalto y ríspida relación, a tal grado que el 12 de junio de 1925, Frank B. Kellog, secretario de Estado estadunidense, envió a México una nota decididamente hostil y amenazadora que simultáneamente hizo pública a la prensa: «Nuestras relaciones con el gobierno de México son amistosas, pero no enteramente satisfactorias, y estamos tratando de que el gobierno mexicano, y así lo esperamos, devuelva las propiedades ilegalmente tomadas e indemnice a los ciudadanos americanos. Este gobierno continuará apoyando al de México solamente mientras proteja las vidas y los intereses americanos y cumpla con sus compromisos y obligaciones internacionales. El gobierno de México está ahora a prueba ante el mundo» (Meyer, Jean, Historia de la Revolución Mexicana. Período 1924-1928. Estado y Sociedad con Calles, México, El Colegio de México, 1977, pp. 11-12, citado en Meyer, Lorenzo, Op. Cit., p. 245).
El texto también dejaba traslucir algo peor de parte de Kellog: «He visto en la prensa que es inminente otro movimiento revolucionario mexicano. Tengo la esperanza de que esto no sea verdad». Y concluía con aspereza: «Tenemos el más grande interés en la estabilidad, prosperidad e independencia de México. Hemos sido pacientes y por supuesto comprendemos que toma tiempo organizar un gobierno estable; pero no podemos fomentar la violación de sus obligaciones y la negligencia en proteger a los ciudadanos americanos» (Zorrilla, Luis G., Historia de las Relaciones Entre México y los Estados Unidos de América, 1800-1958, México, Editorial Porrúa, S.A., tercera edición, 1995, Tomo II, 601 p., pp. 398-399).
En otras palabras, si Calles no cedía en sus propósitos pronto surgiría un plan equis o zeta encabezado por quien fuese en cualquier parte del país, que recibiría todo tipo de pertrechos para derrocar al gobierno mexicano, que a la vez sufriría un corte total de suministros bélicos. Era la eterna historia de una nación débil a la que forzosamente se le quería imponer determinado camino…
Por eso los historiadores Luis G. Zorrilla y Lorenzo Meyer coinciden en señalar que como había varios generales y políticos mexicanos prominentes en el exilio –a los que agentes estadunidenses ya habían sondeado– no era difícil pasar de las palabras a los hechos, pues el ultimátum era evidente y los enemigos de Calles no eran pocos (Zorrilla, p. 399; Meyer, p. 245).
A su vez, el escritor Ludwell Denney considera la nota del 12 de junio como una de las pocas ofensas de su género que en la historia de la diplomacia no tuvo como consecuencia la ruptura de las relaciones diplomáticas ni la guerra, pues su texto tomaba abiertamente partido en favor de las compañías petroleras y estimulaba un levantamiento contra el régimen (Denney, Ludwell, The Fight for Oil, citado en Bach, F., y De la Peña, M., México y su Petróleo, México, Editorial México Nuevo, 1938, 78 p., p. 19).
Dos días después y para sorpresa de todos, Calles contestó con inusitada firmeza la nota estadunidense: negó que se estuviesen confiscando propiedades extranjeras, puesto que las Comisiones Mixtas de Reclamaciones trabajaban precisamente para indemnizar de acuerdo con el derecho internacional, y en tanto no dictaminaran éstas o México se negara a pagar lo que las mismas sentenciaran, carecía de fundamento la acusación de que el país incumplía sus obligaciones internacionales; adujo que el hecho de que se dijera que el gobierno mexicano sólo sería apoyado en tanto protegiera los intereses estadunidenses y de que se hablara de levantamientos armados contra el régimen, entrañaba una amenaza y un intento claro de intervención en los asuntos internos de México que era rechazado enérgicamente, al igual que el subordinamiento de las relaciones internacionales a las exigencias de otro país; enfatizó que si México se hallaba enjuiciado ante el mundo, en el mismo caso se encontraban los Estados Unidos, pero ambos como naciones libres, toda vez que si lo que se quiso decir fue que lo estaba como un dependiente respecto a un superior, esto también se rechazaba categóricamente, puesto que implicaba un insulto a la soberanía mexicana; y reconoció finalmente la obligación de proteger a los extranjeros, pero no para crearles una situación de privilegio en México.
(Continuará)