Por: Luis Reed Torres
En días pasados, el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela abrió una investigación contra el periódico El Nacional –denominada «procedimiento administrativo sancionatorio»– que ya implica una «medida cautelar» y ordena al citado medio «abstenerse de publicar noticias y mensajes que puedan atentar contra la tranquilidad de la ciudadanía». Todo porque el diario se atrevió a cuestionar la reelección del gobernante a través de una asamblea designada por el propio Maduro tras desconocer al legítimo Poder Legislativo que se le oponía.
Ante tal medida, El Nacional no se arredró y publicó lo que sigue en su cuenta de twitter: «Ratificamos nuestro compromiso con Venezuela.¡Nuestra lucha es por la verdad! Rechazamos cualquier atentado contra la libertad de expresión». Adicionalmente, invocó el artículo 45 del Código de Etica del Venezolano: «El periodista tiene el deber de combatir sin tregua a todo régimen que adultere o viole los principios de la democracia, la libertad, la igualdad y la justicia».
Una mujer sostiene una pancarta que dice «No más represión» durante una marcha de mujeres para protestar contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela, el 6 de mayo de 2017. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins
Por su parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa se solidarizó con el reprimido órgano informativo y denunció una escalada de ataques a diversos medios de comunicación por parte del régimen en el marco de «una política de acorralamiento y asfixia de espacios para la expresión libre, la crítica y la disidencia».
A su vez, la ONG Espacio Público denunció que en tiempos recientes cincuenta y un medios han dejado de operar en Venezuela (46 radios, tres televisoras y dos diarios) debido a sanciones, problemas económicos y carencia de insumos como el papel periódico, que monopoliza el Estado.
En realidad nada de esto debe sorprender, puesto que es la pauta seguida de manera recurrente por los gobiernos de izquierda una vez que los líderes de esa tendencia se encaraman en el poder. Ya para no hablar de Cuba, recordemos que así sucedió también en Bolivia con la represión a Erbol, cadena de radios católicas opositora de Evo Morales y asfixiada económicamente por su régimen. Y como Erbol recurrió a abrir una cuenta bancaria para que el público le depositase fondos que le permitiesen sobrevivir, la dictadura advirtió a esos potenciales contribuyentes que serían investigados por «lavado de dinero» en caso de hacer efectivo el rescate de la citada cadena de radiodifusión. Y así por el estilo con otros medios de información. De hecho, el propio Evo Morales ha reaccionado con disgusto frente a noticiarios que han dado, según él, «excesiva voz» a quienes protestan contra su gobierno (Reportaje del periodista Fernando Molina, El País, 25 de agosto de 2015).
Lo preocupante de todo esto en cuanto se refiere a nuestro país, es que tanto el candidato presidencial de Morena como su equipo de primer círculo son fervientes admiradores por igual de Fidel Castro, de Evo Morales y de Hugo Chávez (hoy encarnado en Nicolás Maduro) y no se han cansado tanto de prodigarles entusiastas elogios como de manifestar su plena solidaridad con sus dictaduras, como ya lo he demostrado aquí en anteriores entregas. Item más: el PT, aliado de López Obrador, se ha derretido en alabanzas al régimen comunista de Norcorea, país en el que, para no variar, la prensa libre es inexistente. Cuando el 17 de diciembre de 2011 murió el dictador Kim Jong Il, Alberto Anaya, líder del PT y muy cercano a Andrés Manuel López Obrador, hizo publicar las siguientes líneas: «El Partido del Trabajo lamenta el sensible deceso de nuestro camarada Kim Jong Il, líder del pueblo de Corea del Norte, y quien con gran sabiduría condujo a los norcoreanos por el camino de la paz y el desarrollo económico. político, social y cultural. Sus aportaciones son sin duda, un legado para todos los pueblos que buscan su liberación de las cadenas del capitalismo…» (Página de Internet del PT, 26 de diciembre de 2011).
Ya en muchas ocasiones López Obrador ha manifestado no sólo su desdén sino su abierta hostilidad contra medios y/o articulistas o comentaristas que de alguna manera han censurado o, menos aún, han dudado de sus pretendidas cualidades de estadista. Y su gente ha amenazado hasta con un nuevo Cerro de las Campanas «contra los traidores».
El colmo de lo anterior, es decir la represión contra cualquier disidencia por mínima que sea, ocurrió en semanas pasadas cuando al actor Eugenio Derbez se le ocurrió declarar que él aún no decidía su voto, que sopesaba pros y contras y que López Obrador le acarreaba dudas. En otras palabras, en pleno uso de la libertad de expresión manifestó su sentir, sin insultos ni diatribas, y sólo externó sus dudas sobre el tabasqueño. ¡Y eso bastó para que, en masa, los adoradores de AMLO se le fueran encima y aun exigieran un boicot contra su más reciente película! ¡La intolerancia de los que exigen tolerancia!
A contrario sensu, la cantante Belinda, también en uso de la libertad de expresión, expresó su entusiasta apoyo a López Obrador. Y nadie llamó a perseguirla o boicotearla. Ni habría desde luego por qué hacerlo. Aquí de lo que se trata es de llamar la atención sobre las dos pesas y las dos medidas que se utilizan para juzgar dos acontecimientos similares.
Finalmente, reitero lo que sostuve en mi anterior entrega: si López Obrador llega al poder y aplica sus programas, que nadie se llame a engaño. Y esto incluye también a la libre expresión, tan ensalzada y bienvenida cuando le es favorable, y tan despreciada y combatida cuando le cuestiona, así sea de manera tenue o delicada.
