Por: Jerry Gortman
“Para los amigos todo y para los enemigos la justicia. . .si se puede”
Benito Juárez.
Esta frase de Benito Juárez nos muestra claramente que el actuar de nuestros presidentes, desde los primeros gobiernos liberales en México, han tenido como norma el ataque y trato discriminatorio a los adversarios políticos, o simplemente a quienes muestran desacuerdo con sus actos y decisiones de gobierno, llamados ahora por López Obrador como “fifís”, “reaccionarios”, “conservadores”, “prensa conservadora”, “prensa mentirosa”, etc., etc., aplicando con ellos una seudojusticia que tuerce el recto sentido y fin de la ley, a fin de perjudicarlos y acosarlos hasta eliminarlos de la vida política del país, mientras que, por otra parte, benefician a quienes consideran sus allegados, aliados o incondicionales, llenándolos de prebendas y privilegios, no obstante carezcan de la capacidad, la experiencia y la preparación académica requerida para desempeñarse en su cargo, como es el caso de algunos secretarios de estado, diputados o senadores, no importando además que éstos tengan una mala reputación como servidores públicos, derivada de sus corruptelas y estén acusados del desfalco, el fraude y robo de millones de pesos, como es el caso del líder sindical Napoleón Gómez Urrutia.
Gómez Urrutia, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMRM), mejor conocido en el gremio minero como NAPITO, ahora Senador de MORENA, ha sido protagonista de múltiples actos de corrupción a lo largo de su criticada trayectoria como líder sindical, siendo acusado del desvió en 2005 de 55 millones de dólares del fondo de los trabajadores mineros de Cananea, mismo que debió entregarles como indemnización cuando esta compañía fue privatizada, razón por la cual vivió autoexiliado en Canadá durante 13 años; es señalado además como el poseedor de una casa colonial en Tepoztlán, Morelos, valuada actualmente en 60 millones de pesos, una casa en la calle de Sierra Madre, en Lomas de Chapultepec, con valor de un millón trescientos mil dólares y un departamento en Vancouver, Canadá, con valor de dos millones de dólares canadienses, es decir, 26 millones de pesos aproximadamente. Además de ello, no puede pasarse por alto la riqueza de su hijo, Leopoldo Gómez Casso, a quien se le imputan la propiedad de una casa en San Antonio Texas, de dos empresas (una de minería y otra de energía), a lo cual se suma la posesión de treinta y un automóviles de lujo, algunos de ellos de carreras y alto desempeño con valor aproximado de salida de dos millones de pesos cada uno, de siete motocicletas marca DUCATI y BMW, dos cuatrimotos y seis bicicletas de alta gama.Gómez Urrutia, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMRM), mejor conocido en el gremio minero como NAPITO, ahora Senador de MORENA, ha sido protagonista de múltiples actos de corrupción a lo largo de su criticada trayectoria como líder sindicalGómez Urrutia, ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana (SNTMMRM), mejor conocido en el gremio minero como NAPITO, ahora Senador de MORENA, ha sido protagonista de múltiples actos de corrupción a lo largo de su criticada trayectoria como líder sindical, siendo acusado del desvió en 2005 de 55 millones de dólares del fondo de los trabajadores mineros de Cananea, mismo que debió entregarles como indemnización cuando esta compañía fue privatizada, razón por la cual vivió autoexiliado en Canadá durante 13 años; es señalado además como el poseedor de una casa colonial en Tepoztlán, Morelos, valuada actualmente en 60 millones de pesos, una casa en la calle de Sierra Madre, en Lomas de Chapultepec, con valor de un millón trescientos mil dólares y un departamento en Vancouver, Canadá, con valor de dos millones de dólares canadienses, es decir, 26 millones de pesos aproximadamente. Además de ello, no puede pasarse por alto la riqueza de su hijo, Leopoldo Gómez Casso, a quien se le imputan la propiedad de una casa en San Antonio Texas, de dos empresas (una de minería y otra de energía), a lo cual se suma la posesión de treinta y un automóviles de lujo, algunos de ellos de carreras y alto desempeño con valor aproximado de salida de dos millones de pesos cada uno, de siete motocicletas marca DUCATI y BMW, dos cuatrimotos y seis bicicletas de alta gama.
Al robo y enriquecimiento ilícito de esta perla negra del sindicalismo mexicano habrá que agregarle la mentira y el engaño para obtener su puesto de Senador de la República.
Hace algunos días, se dio a conocer que el 2 de enero del presente año Napoleón Gómez Urrutia realizó un vuelo a Vancouver, provincia de Canadá, junto con su esposa Oralia Casso, presentando ambos pasaportes canadienses.
Sin embargo, en esta ocasión el meollo del asunto no son las acusaciones sobre la escandalosa fortuna de NAPITO o el hecho de que haya ido a visitar a su hijo, quien tiene, según el portal canadiense Breaker News, un restaurante en Vancouver.
El principal hecho radica en que, para postularse y posteriormente ocupar su cargo de Senador de MORENA en 2018, Gómez Urrutia declaró falsamente que había renunciado a su ciudadanía canadiense, obtenida el 30 de junio de 2014.
Es poco probable que López Obrador no haya estado al tanto de la doble nacionalidad de su actual senador, ya que tiene como costumbre ignorar los requisitos que marca la Constitución y las leyes respectivas que deben cumplir sus candidatos a ocupar piezas claves para su proyecto político, siendo ejemplo de ello la designación de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual violó la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su artículo noveno, fracción IV, que establece “No desempeñar, ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal, en algún partido político en el año anterior a su designación”, siendo que hasta el 24 de octubre pasado la ahora titular de la CNDH aparecía como consejera nacional de MORENA.
Al respecto, tras la andanada de objeciones, cuestionando la ratificación presidencial hecha a Rosario Piedra Ibarra, López Obrador avaló la elección sin importarle su legalidad y relacionó las críticas con “actos de intolerancia” y “muestra de actitudes clasistas”. Si ahora resulta que respetar la Constitución y las leyes son actos clasistas y de intolerancia, ya se imaginarán con esta mentalidad lo que es capaz de decir AMLO para justificar la ilegalidad de sus actos y de sus críticos y opositores.
Solapar la mentira de ocultar la doble nacionalidad de este personaje es una prueba más de la podredumbre y privilegios que no han sido erradicados del presidencialismo mexicano, el cual sigue favoreciendo con nombramientos a personajes de dudosa calidad moral y credibilidad como, en este caso, Gómez Urrutia.
Al incorporarlos a su equipo, el presidente López Obrador está mandando a los mexicanos un pésimo mensaje en el que se nos dice que para la designación de su gabinete y colaboradores se privilegia el autoritarismo, el robo y la impunidad por encima de la transparencia, legalidad, honradez y probidad que deben cumplir sus funcionarios, ignorando con ello la obligación jurídica y moral que tiene el Presidente de la República de obedecer la Constitución y las leyes del país y rodearse de gente que no desfalque las arcas nacionales y no haga de México un botín personal. ¿En dónde queda la austeridad republicana si se permite que unos pillos vivan como reyes mientras que la población tiene que sufrir la limitación de recursos en infraestructura, servicios de salud, educación y programas asistenciales?
Gómez Urrutia debe ser removido de su cargo, ya que constitucionalmente está invalidada su elección como Senador de la República, al haber violado el Artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece los lineamientos necesarios para evitar conflictos derivados de la doble nacionalidad, al señalar que «El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.
Al rodearse López Obrador de cadáveres políticos, la cuarta transformación en su lucha contra la corrupción murió antes de haber nacido, enterrando con ello la poca credibilidad que le queda al gobierno en esta difícil batalla; sin embargo, el Presidente de la República todavía puede intentar revivirla, mostrando respeto por la ley suprema del país y retirando de su gabinete la mala influencia y el mal ejemplo de este mal político y de todos los demás funcionarios corruptos que manchen su compromiso con el pueblo de “no mentir”, “no robar” y “no engañar”, de lo contrario, el mismo presidente acabará por enterrar su proyecto político.
