Por: Jerry Gortman
“Hay que informar lo que es, yo creo que el que nada debe nada teme y la vida pública debe ser más pública. Nada de acuerdos en lo oscurito, nada de sigilo, cuando se trata de temas de interés público”.
Palabras de Andrés Manuel López Obrador al referirse a la Fiscalía General de la República en el caso Lozoya.
El viernes 17 de julio pasado llegó a México, procedente de España, Emilio Lozoya Austin, director de Petróleos Mexicanos en el sexenio de Enrique Peña Nieto, para ser juzgado por los delitos de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa.
Como se recordará, desde su llegada a nuestro país se presentaron una serie de irregularidades que denotan un “pacto de impunidad” entre López y este corrupto político que vino a México para burlarse de la ley.
En primera instancia, López ha venido engañando a la opinión pública desde la llegada de Lozoya a nuestro país, haciendo creer que está enfermo y que, como cualquier otro ciudadano, merece ser atendido de los problemas de salud que “padecía” a la llegada a nuestro país, motivo por el cual no fue llevado al Reclusorio Norte sino ingresado en el Hospital Ángeles del Pedregal.
Casualmente, como todos los políticos rateros, cuando se les va a procesar se enferman y de la noche a la mañana les salen afecciones y enfermedades que se agudizan, motivo por el cual piden a los jueces un tratamiento “especial” para que sean “juzgados” con consideraciones, recuérdese el caso de Elba Esther Gordillo.
Sobre su apurado ingreso hospitalario, explicado por motivos de anemia desarrollada y problemas sensibles de esófago, López Obrador lo defendió, declarando que «no solo por su salud, que también merece eso como cualquier ser humano, sino (para) cuidarlo físicamente».
Sin embargo, es un hecho que Lozoya no podía venir enfermo, ya que no lo hubieran dejado ir de la prisión en España si hubiera presentado síntomas que denotaran alguna enfermedad, ya que, según fuentes hospitalarias españolas, Lozoya tuvo acceso al derecho de una atención sanitaria permanente y si hubiera requerido de cuidados especializados las autoridades penitenciarias lo hubieran canalizado a un centro de salud fuera de la cárcel, a un hospital, o incluso asistencia médica privada dentro de prisión, si él lo hubiera pedido.
Por otra parte, es importante notar el cambio en el discurso de López al tratar a Lozoya como un “testigo colaborador” y no como un delincuente que viene a ser juzgado por diversos delitos, es una actitud que denota el engaño dirigido a la opinión pública de venderle un supuesto juicio que declara buscar justicia por actos de corrupción cometidos en el sexenio anterior, mientras que en la realidad busca beneficiarse de la manipulación y el uso de la justicia con fines políticos.
Para ello, López pretende aplicar la siguiente estrategia:
Ir dosificando el caso para que, conforme se vayan acercando las elecciones intermedias del próximo año, López vaya dando a conocer las declaraciones de Lozoya que inculpen a funcionarios de la oposición (priístas y panistas) que incurrieron en actos de corrupción en PEMEX o que recibieron sobornos de Lozoya para que aprobaran la reforma energética de Peña Nieto.
Por ende, López no tiene interés en abrir un proceso penal en contra de Lozoya, sabe que esto le podría llevar mucho tiempo y que no le serviría para utilizarlo como propaganda política que le permita lavar su deteriorada imagen; por ello, lo que realmente le importa es ir haciendo linchamientos políticos en contra de todos los personajes que señale Lozoya, para que López los juzgue ante la opinión pública, sin importar que previamente no hayan sido juzgados en los tribunales, que al cabo que en su calidad “moral” de “supremo juez” ya habrá hecho justicia al condenarlos ante el pueblo de México, haciéndolo aparecer como una blanca e inocente palomita que lucha contra los malvados neoliberales que hundieron al país en el fango de la corrupción. Con ello, tendrá una bandera política que podrá utilizar a largo plazo con miras a las elecciones intermedias del 2021.
Como se ve, la impartición de justicia y la construcción de un estado de derecho en nuestro país es lo que menos le importa al ganso de Macuspana.
No importa que López se pase por alto la Constitución; que engañe al pueblo de México con un falso Lozoya, que resultó un señuelo para despistar a los periodistas mientras el verdadero era supuestamente trasladado a un hospital; que haya establecido un pacto de impunidad con Lozoya, nada de esto importa, lo que realmente importa para López es buscar su beneficio de cara al proceso electoral del 2021, en donde el peje buscará anular a los partidos políticos de oposición como opción confiable para los millones de electores que participarán en los comicios del próximo año.
Para conseguir su objetivo, López viola la Constitución, la Ley contra la Delincuencia Organizada y el Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales prohíben los “pactos de impunidad”, como el que estableció López con Lozoya. Al respecto, el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que “se podrá abstenerse del ejercicio de la acción penal”, sólo cuando se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido y, sobre todo, en el caso de delitos que no ameriten pena privativa de la libertad. Sin embargo, de conformidad al Código Penal Federal, el delito de “Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, imputado a Lozoya, tiene una pena de prisión que va de los cinco a los quince años, por lo que no puede, desde el punto de vista legal, negociar o establecer algún pacto, acuerdo o negociación con López.
Al respecto, es pertinente señalar que la Ley Contra la Delincuencia Organizada establece que corresponde al Juez de la causa el análisis del caso y, al dictar sentencia, podría reducir la pena, pero nunca eximir al acusado de la misma.
Al proteger la imagen de Lozoya, evitando que pisara la cárcel, haciendo privadas y cerradas sus audiencias y permitiéndole estar en un hospital privado; confirma la muy buena negociación que hizo López, a través de la Fiscalía General, con Lozoya Austin, quien no fue extraditado a México en calidad de acusado o de presunto culpable de delitos, sino en calidad de “testigo colaborador”.
El “testigo colaborador” es una figura jurídica contemplada en la ley, que otorga una serie de beneficios, incluidos la protección federal y la dispensa de un proceso judicial, a aquella persona o acusado que acceda a voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora.
Con el caso Lozoya, López también busca aprovecharlo para desviar la atención sobre los errores de su gestión y la aberrante irresponsabilidad que ha mostrado frente a la pandemia.
No obstante, todas las acusaciones que haga el macuspano ante los medios y la ciudadanía en el caso Lozoya deberán ser probadas y sentenciados por la justicia, de lo contrario el primero en violar la ley sería López; del mismo modo, podría ser contraproducente para los planes electorales y de distracción de la realidad del país, que pretende aplicar López con el caso Lozoya, si los mexicanos perciben la verdadera realidad de un gobierno que pacta con delincuentes de cuello blanco y que sigue utilizando la mentira y la manipulación como forma de control político y social.
El pueblo sabio decidirá si quiere seguir creyéndole a un gobernante déspota y autoritario como López, que lo engaña constantemente y utiliza distractores para evadirlo del agravamiento de sus condiciones de vida o abre los ojos ante la realidad de un gobierno que no hace nada por apoyar a la población que se está muriendo de hambre porque ha perdido su empleo por el confinamiento y que además, debido a su errática estrategia, ha provocado la muerte de miles de mexicanos por Covid-19, mientras el ganso macuspano observa indiferente como se cae el país a pedazos.