POR JERRY GORTMAN
El lunes 29 de junio Emilio Lozoya aceptó ser extraditado a nuestro país después de haber sido detenido en Málaga, España, y enviado a prisión el 13 de febrero pasado, acusado de haber adjudicado contratos públicos a cambio de sobornos millonarios por unos 280 millones de dólares, de los cuales, se afirma, recibió de la empresa brasileña Odebrecht (dedicada a los campos de productos químicos y petroquímicos, entre otros) 10 millones de dólares para contratos. De esta manera, la Fiscalía General de la República le imputa los cargos de “Operaciones con recursos de procedencia ilícita”, previsto y sancionado en el artículo 400 Bis, párrafo primero del Código Penal Federal; “asociación delictuosa”, previsto y sancionado en el artículo 164 del Código Penal Federal; y “cohecho”, previsto en el artículo 222 fracción I, sancionado en el último párrafo del Código Penal Federal”.
Según la Fiscalía, con el dinero de presuntos sobornos de Odebrecht y AHMSA (Altos Hornos de México, Sociedad Anónima), Lozoya habría adquirido una residencia en el fraccionamiento Lomas de Bezares, en la Ciudad de México, y una mansión en Ixtapa, Zihuatanejo.
La compra de las dos residencias es evidencia, según las autoridades, de los actos de corrupción en que incurrió el ex director de PEMEX, ya que se supone fueron compradas mediante los sobornos que recibió.
En esta situación se sustenta la investigación de la Fiscalía General de la República y de la cual provienen las órdenes de aprehensión giradas en contra Lozoya.
Cabe recordar que Lozoya fue director de PEMEX de diciembre de 2012 a febrero de 2016 y durante su gestión esta paraestatal se convirtió en la empresa petrolera más endeudada del mundo, pasando de una deuda aproximada de 50,000 millones de dólares a una de más de 100,000 millones de dólares. Lo anterior repercutió en pérdidas millonarias para la empresa, producto todo ello, de la deshonesta y mala administración de Lozoya, quien, en complicidad con Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda, tomaron las decisiones para las compras, los contratos y las políticas internas de la petrolera.
Se calcula que tan sólo en el cuarto trimestre del 2019 PEMEX perdió 169,800 millones de pesos, equivalentes a casi 1,850 millones de pesos diarios, mientras que el acumulado total de pérdidas para este año ascendieron a 346,135 millones de pesos.
Los 346,135 millones de pesos son la mayor pérdida que ha sufrido la empresa petrolera mexicana desde el año 2015, gran parte atribuibles a la herencia de corrupción y pésima gestión de Emilio Lozoya, en complacencia con Luis Videgaray.
Sin embargo, las pérdidas de PEMEX también se deben a la perversa política de López, quien pretende “rescatar” a la paraestatal inyectándole miles de millones de dólares, mientras que al mismo tiempo cancela inversiones privadas que podrían significarle ahorros considerables, todo ello aunado a la corrupción y robo que sigue sufriendo la petrolera mexicana, donde se siguen otorgando contratos millonarios sin licitación pública. Todo ello trae consigo un círculo vicioso que provoca más deuda y daño al erario público, siendo el pueblo de México el más afectado, al ver que cuantiosos recursos, que podrían ser utilizados para combatir la pobreza, apoyar al campo mexicano, construir más escuelas y hospitales, ayudar a las empresas para conservar el empleo de miles de mexicanos, entre otras acciones, se van a la basura para destruir una empresa, que durante décadas produjo ganancias, para beneficiar el enriquecimiento de un grupo político.
No obstante, la pésima dirección y corrupción que se han venido dando en PEMEX, desde Peña Nieto y que prevalecen hasta el actual gobierno, López se dá golpes de pecho y pretende exhibir el caso Lozoya como muestra de la podredumbre de los gobiernos neoliberales que lo antecedieron, sin reconocer su contribución a la desastrosa situación por la que atraviesa la paraestatal. De esta manera, declaró el pasado domingo 5 de julio que
“Al venir este señor, al regresar este señor, y ofrecer que va a hablar sobre este tema, pues es algo muy importante, sobre todo para sanear, para limpiar, para purificar la vida pública, porque el principal problema de México, yo digo, la peste más funesta que ha afectado a México, es la corrupción”.
Con la aprobación de la extradición, hecha por el gobierno español el pasado 6 de julio, se inician las diligencias que permitirán establecer la responsabilidad de Lozoya y de todos los involucrados y beneficiarios de los delitos en que habría incurrido, quien será repatriado a nuestro país en un avión con bandera mexicana de la Fiscalía General de la República.
Días antes, López había declarado que Emilio Lozoya recibiría algunos beneficios a cambio de otorgar información clave en las investigaciones.
“[Emilio Lozoya] está aceptando la extradición por un acuerdo con la fiscalía para lograr algunos beneficios en cuanto a su posible consignación y condena; aportando información, es decir, dando a conocer lo que sucedió, eso es muy importante”, señaló López.
Dentro de los beneficios que podrían otorgarse a Lozoya, se maneja una posible exculpación que podría otorgarse a su madre, quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario, a su esposa y a su hermana, quienes están implicadas por la apertura de cuentas que Lozoya puso a su nombre, haciéndolas firmar escrituras de propiedades y otra clase de documentos.
Sin embargo, cabe preguntarse, ¿qué pretende obtener López en caso de que Lozoya confiese su culpabilidad en los delitos de corrupción de los que se le acusa?
En primera instancia, López buscará que el caso de Lozoya se ejemplifique como el triunfo de su gobierno en la lucha contra la corrupción heredada por el régimen neoliberal del expresidente Peña Nieto. No hay que olvidar que una de las máximas de la campaña de López es su “lucha” contra la corrupción. Por ende, el caso Lozoya podría utilizarse como una bandera que enarbole López con miras a las elecciones del 2021, en donde estarán en juego la mayoría en el Congreso de la Unión y en los congresos de los estados, así como la elección de11 gubernaturas.
Por otro lado, López intentará recuperar el dinero que se obtuvo de estos ilícitos, señalando que buscará, al menos, recuperar 200 millones de dólares por la compra a sobreprecio de FERTINAL (Fertilizantes Nacionales) hecha en la administración del exdirector de Petróleos Mexicanos.
Al respecto señalo que “Sólo el pago de la planta se hizo con el sobreprecio de alrededor de 200 millones de dólares, ese dinero hay que recuperarlo; saber qué sucedió y recuperar lo más que se pueda para devolverle al pueblo lo robado, es un asunto importante”.
Como sabemos, de llegar a recuperarse este dinero, el pueblo no sabrá su destino, ya que al parecer López se acabó el presupuesto que tenía asignado para este año, llegando al absurdo de declarar que se quitarían las computadoras con las que se trabaja en la Secretaría de Economía, a fin de economizar recursos, decisión que posteriormente se pospuso.
Existe un clima de optimismo en el gobierno de López por beneficiarse política y económicamente del caso Lozoya; sin embargo, a pesar de manejarse la posibilidad de que sea incluido el expresidente Peña Nieto en las investigaciones de la Fiscalía, es poco probable que sea llamado a testificar y mucho menos que exista la posibilidad que lo enjuicien para llevarlo a la cárcel. El pacto de impunidad que López acordó con Peña Nieto hace imposible que por primera vez en nuestra historia se lleve a la cárcel a un presidente por corrupto, no obstante que como lo declaró el ex abogado de Lozoya, Javier Coello:
«Ningún funcionario en México se manda solo si no es por orden del presidente de la República; hace 50 años y ahora».
