Por: Gustavo Novaro García
En febrero de 2001 cuando estaba al frente del Gobierno del DF Andrés Manuel López Obrador arrancó en la delegación Gustavo A. Madero un programa que le otorgó mucha popularidad, la forma era sencilla: regalar dinero.
En el inicio decidió darles $600 al mes a los habitantes de 70 o más años que habitaran en la capital. Tomando en cuenta que la inflación acumulada desde entonces es de alrededor del 120% y que el tipo de cambio era de menos de $10 por dólar, era una suma pequeña pero no insignificante.
El programa contemplaba que el dinero depositado en tarjetas de débito se usara para comprar alimentos. Pero se hizo de la forma en que es el sello de la casa de López: el banco Inverlat se seleccionó por asignación directa y no se tenía contemplado un padrón de beneficiarios, se calculaban entre 200 y 250 mil mensualmente.
Las tarjetas tenían el logotipo del gobierno y el lema «México, la Ciudad de la Esperanza», contrario a las leyes que piden un programa de gobierno no se atribuya a un personaje público, el gesto asistencialista se asoció directamente a López.
En su primer informe de labores en 2001, que dio en el Zócalo en diciembre, el programa mostró su utilidad política, la mayor parte de los 5 mil asistentes eran adultos mayores, receptores de la prestación gratuita.
En 2003 se consolidó la continuidad del programa con la publicación de la Ley que Establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 70 años residentes en el Distrito Federal.
Al ver su rendimiento electoral entre los votantes capitalinos, fue adoptado en otros estados y se amplió a más sectores de la población.
Ya como presidente, López anunció que este programa se extendería a todo el país y el depósito se haría bimestralmente. El padrón se amplió para incluir a las personas mayores de 68 años y en el caso de comunidades indígenas y municipios especiales es desde los 65 que reciben $2,550.
La Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, es la responsable del programa y cuenta para ello con un presupuesto de 101 mil 500 millones de pesos.
La repartición de dinero se vuelve así un derecho adquirido y, por ello, pensar quitar ese beneficio se vuelve casi imposible. Cualquier político que amenace con retirarlo o disminuirlo, cometerá un suicidio en su carrera pública. Por el contrario, el incentivo es extenderlo.
De allí tenemos Jóvenes Construyendo el Futuro, el que supuestamente enroló a 900 mil muchachos, aunque luego dijeron fueron un 1,062,284 los beneficiarios que recibieron mensualmente $3,600 en un periodo anual, este año aumentados a $3,748; de ellos, sólo 5,700 jóvenes fueron contratados en el mismo centro de trabajo en el que recibían su capacitación y 43,000 se graduaron como becarios y se incorporaron en el mercado formal.
Es un programa envuelto en el abuso, las irregularidades y la corrupción y de resultados concretos, como aceptan sus propios impulsores, mínimos.
Para López repartir dinero en programas clientelares sin supervisión adecuada alguna es la manera de consolidar el poder de su partido. Sin embargo, no percibió que el eje para sostenerlos es el dinero. Confiado en que podría reactivar Pemex y que con ello le alcanzaría obtener una versión mexicanizada de chavismo, lo opuesto sucedió, en 2019 la empresa productiva del estado perdió 346,135 millones de pesos.
Así, atrapado entre una economía en picada, complicada por un panorama internacional adverso con la emergencia del Corona virus, y la creciente demanda de una base a la que acostumbró a recibir dádivas, el régimen se encuentra en horas críticas, de allí que intente controlar el INE porque al parecer si el voto es libre, las urnas pueden castigar el populismo y un ególatra no puede aceptar que ni siquiera obsequiando dinero cuenta con el respaldo de la mayoría.
