Por: Luis Reed Torres
Los últimos acontecimientos políticos ocurridos en México hasta el momento de escribir estas líneas parecieran apuntar a una cómoda victoria de Andrés Manuel López Obrador, candidato de Morena y sus partidos aliados a la Presidencia de la República, tras los próximos comicios generales a celebrarse en todo el país en julio próximo.
Aquí lo inusitado radica en que las acciones del gobierno federal, por un lado, así como sus inacciones, por otro, dan mucho qué pensar en cuanto a determinar quién sale favorecido en la lucha electoral que finalmente conduce al poder.
Me explico:
Independientemente de la culpabilidad o inocencia de Ricardo Anaya, candidato presidencial del PAN y sus aliados, en cuanto a supuestas operaciones financieras de supuesta irregularidad, lo importante en este caso no radica precisamente en esto, sino en atestiguar la celeridad de la Procuraduría General de la República para armar toda una carpeta de investigación que incluso podría culminar en la invalidación de la candidatura del queretano y su obligada sustitución por otro personaje de sus filas para continuar la campaña. En otras palabras, una maniobra para sacarlo de la jugada.
Resulta aún más trascendente preguntarse por qué actúa así la PGR cuando en situaciones de demostrada ilegalidad o culpabilidad extrema de otros personajes su proceder ha sido completamente distino y hasta de completa o casi lenidad.
Cabe así hipotetizar en dos teorías, al cabo de las cuales el candidato de Morena y adláteres resulta ampliamente favorecido en ambas:
1.- Las acciones contra Anaya proceden de una orden girada desde los más altos círculos del poder con la intención de bajarle un sustancial número de votos en su campaña ascendente y que esos potenciales sufragios pasen a la cuenta de José Antonio Meade, el candidato del PRI, y éste se encuentre a la postre en mejores condiciones de disputar a AMLO la silla presidencial. Es decir, los electores de Anaya, disgustados y decepcionados por la corrupción de su candidato, se apresurarían entonces a cerrar filas con Meade y le brindarían su sufragio.
Empero, considero que ésta es una percepción equivocada si es que de verdad fue instrumentada por los más altos niveles de gobierno, ya que es tal el desprestigio tanto del gobierno como de su partido el PRI, que difícilmente esos electores favorecerían a Meade y, por el contrario, se inclinarían por López Obrador. Todo antes que votar por el PRI. En el mejor de los casos se abstendrían de acudir a las urnas . Así las cosas, de ninguna manera Meade garantizaría para sí esos votos, inicialmente para Anaya, y concluiría la campaña en el tercer lugar en el que hoy por hoy se ubica. Conclusión: con votos quitados al panista o abstención de potenciales sufragantes por él, el ganón sería el candidato morenista y don José Antonio permanecería veinte o más puntos abajo. Una desventaja irreversible.
2.- Las acciones contra Anaya proceden de una orden girada desde los más altos círculos del poder con la intención de bajarle un sustancial número de votos en su campaña ascendente, o de plano con la intención de quitarlo del camino, pero con la diferencia en el punto anterior que esta maniobra es con el propósito, no confesado pero real, de allanarle el camino a López Obrador, con quien ya se habría llegado a un acuerdo en lo oscurito a cambio de impunidad, y defenestrar al combativo panista que, quizá unos ocho o diez puntos abajo de AMLO, pudiera sin embargo remontar tal desventaja en el curso de la campaña, con debates públicos y todo.
Si esta hipótesis fuera cierta, constituiría la culminación del desastroso sexenio –bueno, ya van muchos desastrosos sexenios– que todavía estamos viviendo y diríamos como Dante en su lapidario verso del Canto Tercero de La Divina Comedia: «Perded toda esperanza los que entráis».
