Por: Salvador Kalifa Assad
INTRODUCCIÓN
Desde hace varios años, los cambios demográficos mundiales y, en particular, los registrados en Europa y Japón, con pirámides poblacionales donde los estratos de los jóvenes se reducen significativamente y se amplían los de mayor edad, generaron presiones para los regímenes tradicionales de pensión por jubilación de los trabajadores, basados en el sistema de reparto.
Este sistema, factor clave del Estado de bienestar, fondea las pensiones de quienes se retiran de trabajar por edad, con las cuotas que pagan los trabajadores activos y es sostenible mientras éstos superan a los primeros. Al envejecer la población y ser menos los trabajadores que permanecen activos, el sistema solo puede subsistir con transferencias de recursos públicos.
Además del envejecimiento natural de la población, otra causa que presiona los recursos disponibles para atender a los trabajadores jubilados es el aumento notable de la esperanza de vida de la población, en particular desde mediados del siglo XX. Por ejemplo, la primera ley moderna de pensiones, emitida en Alemania por el canciller Otto von Bismarck en 1889, establecía un monto anual de ingresos para los trabajadores que se retiraran al cumplir los 70 años. Esta edad se redujo a 65 años en 1916.
En la década de 1950 la esperanza de vida en Alemania era de 67.5 años y actualmente se ubica ligeramente arriba de los 80 años. Es decir que un trabajador alemán pensionado a los 65 años permanece recibiendo su pensión ahora un promedio 15 años, frente a los 2.5 años en 1950. Este mayor número de años es una de las amenazas principales para la viabilidad del Estado de bienestar, especialmente en Europa que fue precisamente la cuna de este concepto, como alternativa al Estado propietario favorecido por las ideas socialistas de finales del siglo XIX y principios del XX.
BÚSQUEDA DE SOLUCIONES Y RESULTADOS INSATISFACTORIOS AÚN
Una manera de resolver oportunamente este problema es cambiar el régimen de reparto por uno de capitalización, donde cada trabajador cuente con un fondo particular de ahorro obligatorio para que al jubilarse pueda disponer de él sin depender de las aportaciones de otros trabajadores. Esto es lo que realizó en forma pionera Chile a principios de la década de 1980.
Con algunos cambios posteriores, hoy en día aquellos trabajadores chilenos que por alguna circunstancia no tengan el equivalente a una pensión mínima después de 20 años de contribuir a su Administradora de Fondo de Pensión (AFP), cuentan con una cantidad garantizada por el Estado, pero actualmente el 96% de la población pensionada en Chile está cubierto por las AFP.
En México, a partir de 1997 se realizó una reforma similar a la chilena, creando las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) que tomaron a su cargo la responsabilidad de las pensiones por jubilación de los trabajadores del sector privado que hasta entonces recaía sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En 2007 se adoptó una decisión en el mismo sentido para los trabajadores estatales federales cubiertos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales del Estado (ISSSTE).
Si bien la introducción de las reformas mencionadas al sistema de pensiones en México constituyó un paso adelante para quitarle presión a las finanzas públicas, subsisten otros problemas, dentro de los cuales destaca la fragmentación del sistema, como lo señala un documento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), titulado “Estudio de la OCDE sobre los sistemas de pensiones: México”, publicado en 2016 con la colaboración de Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR).
El estudio referido afirma que “La fragmentación del sistema mexicano de pensiones está profundamente arraigada y rebasa con mucho las notables diferencias entre los esquemas del IMSS y del ISSSTE; los distintos grupos de trabajadores reciben un trato muy diferente desde el punto de vista de los requisitos y beneficios del retiro. Lo anterior es fuente de grandes desigualdades. No hay coordinación entre los diversos planes de pensiones que manejan las diferentes instituciones, lo que ocasiona traslapes.”
Dentro de los regímenes especiales, la OCDE cita los de las Fuerzas Armadas, de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad, del propio IMSS para sus trabajadores (IMSS-RJP), de los maestros, del Poder Judicial, del banco central y las instituciones de banca de desarrollo. También tienen sus propios esquemas de pensiones algunos gobiernos locales (31 Estados y la Ciudad de México), alrededor de 2,450 municipios y las 51 universidades públicas, pero sin portabilidad de derechos entre ellos. A esto se agregan las pensiones no contributivas para adultos mayores instrumentadas por el Gobierno Federal y varios gobiernos estatales que, ahora, se concentraron en la pensión universal para las personas de 68 años y más, la cual es solo un paliativo del problema de las pensiones.
Al respecto, el diagnóstico del estudio de la OCDE es categórico: “El sistema mexicano de pensiones se enfrenta a un reto potencialmente explosivo derivado de una combinación de bajas tasas de contribución y grandes promesas hechas a los trabajadores de la ‘generación transición’”. Los trabajadores de esta generación son los que al 1 de julio de 1997 cotizaban en el esquema de reparto y que a partir de esa fecha pasaron a cotizar en el esquema de cuentas individuales. Al jubilarse, tienen la opción de hacerlo con el esquema anterior o con el nuevo. La OCDE prevé una caída drástica en la tasa de reemplazo (cantidad recibida como pensión de retiro, respecto al último sueldo devengado por el trabajador) al jubilarse el último trabajador de la ’generación transición’.
Esto es previsible, porque algo similar ocurrió en Chile y, además, porque nuestro esquema de cuentas individuales es menos ambicioso que el de aquel país. Para citar solo algunos ejemplos, la tasa de aportación en Chile es de 10% del salario, mientras que en México es de 6.5%. Esto explica, en parte que, en Chile, 20 años después de que comenzó el esquema de CD, los activos de las cuentas de los trabajadores equivalieran a cerca del 55% de su Producto Interno Bruto, mientras que, en nuestro país en 2018, 21 años después de la reforma, la cifra comparable es del 20.1%.
El tiempo de enfrentar la realidad se acerca, ya que, de acuerdo con las reglas del esquema, para acceder a una pensión por jubilación se requiere haber cumplido 65 años y al menos 1,250 semanas de cotización, es decir, casi 25 años, por lo que los primeros retirados lo harían en 3 años más.
Los sistemas públicos de pensiones en los países principales del mundo siguen siendo esencialmente de reparto. Un estudio publicado el año pasado por el World Economic Forum encontró que el déficit por los sistemas de pensiones en 8 economías importantes del mundo (Australia, Canadá, China, Estados Unidos, Holanda, India, Japón y Reino Unido) se situará en 400 billones (millones de millones) de dólares en el año 2050. Esto significa que el déficit estará aumentando en 28 mil millones de dólares por día.
OBSERVACIONES FINALES
El cambio demográfico complica las cosas. Los adultos mayores no solo son más, sino que viven más. Esto se ha tratado de enfrentar elevando la edad de jubilación, provocando amplias protestas, como sucedió en Grecia por su crisis fiscal a partir de 2010, donde la edad de jubilación se elevó de 65 a 67 años. En Francia también se realizaron reformas, con la protesta generalizada de la población para elevar la edad de jubilación de 62 hasta 67 años gradualmente entre 2017 y 2022. Igualmente, en 2018 en Rusia se pretendió pasarla de 60 a 65 años para los varones, generando el rechazo de sus habitantes.
En México, la administración actual todavía no ha planteado una solución de fondo para el problema de nuestro sistema de pensiones. Solo se presentó al Congreso de la Unión una reforma a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con el propósito de promover un sistema financiero más robusto y resistente. No se ha enfrentado con soluciones eficaces el problema, por ejemplo, de los regímenes de pensión en las empresas paraestatales (Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo) ni tampoco el de los trabajadores del IMSS que es, probablemente, el más explosivo.
En un futuro, por declaraciones del nuevo Secretario de Hacienda se sabe que entre las nuevas iniciativas estarían el aumento de los recursos aportados a las cuentas individuales por trabajadores, patronos y Estado, así como la posible elevación de la edad de retiro, lo que fue inmediatamente desmentido por el presidente afirmando que mientras él esté en el cargo, no habrá cambio alguno en esa edad. En consecuencia, no está claro que la presión sobre el sistema de pensión en México tendrá las soluciones que, por múltiples motivos, necesitamos con urgencia.
BIBLIOGRAFÍA
OCDE, “Pensions at a Glance”, 2017.
OCDE-CONSAR, “Estudio de la OCDE sobre los sistemas de pensiones: México”, Enero 2016.
Eatwell, John, Milgate, Murray and Newman, Peter, eds. “The New Palgrave A Dictionary of Economics”, Volume 3, The Macmillan Press Limited, Reprinted 1988.
Superintendencia de Pensiones, “El sistema chileno de pensiones”, Séptima edición, Febrero 2010.
World Economic Forum, “We’ll Live to 100 – How Can We Afford It”, May 2017.
