Por: Jerry Gortman
Era el día 14 de septiembre. La dirigencia de MORENA se mostraba preocupada porque faltaban horas para que se cumpliera el plazo y todavía les hacía falta recabar, según López, ochocientas mil firmas para poder solicitar el enjuiciamiento a los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Fotografía de los expresidentes que han sido señalados por López para someterlos a juicio.
Pero ¡Oh milagro!, resulta que en 36 horas, en la noche del día 16 de septiembre, los miembros del colectivo denominado juicioexpresidentes.mx entregaron en las instalaciones del Senado de la República ¡más de 2.5 millones de firmas recolectadas!
Con ello, MORENA logró conseguir de manera inconcebible ¡12 firmas por segundo!
Después de conseguidas las firmas, de manera poco creíble, se entregarán al Senado de la República, quien las recibirá, actuando como Oficialía de Partes, las contabilizará y, sin que seguramente haga ninguna observación, las dará al Instituto Nacional Electoral (INE). Posteriormente, el INE deberá validar, si es el caso, la legitimidad de las firmas y si éstas cuentan con el 2% de la Lista Nominal, después se turnarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien deliberará si la pregunta se apega o no a la Constitución, tras lo cual se regresará al Senado para que la dictamine y se la envíe nuevamente al INE para que la aplique.
López apuesta a que la Suprema Corte de Justicia avale la constitucionalidad de la consulta, proponiendo que ésta se celebre el 6 de junio del 2021, el mismo día en que se van a efectuar las elecciones federales del próximo año, y no el primer domingo de agosto como lo marca el artículo 35 de la Constitución.
Al respecto, Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), considera que existen complicaciones para realizar una consulta popular de juicio a los expresidentes en 2021, ya que ello conlleva realizar un gasto y movilización similar a las elecciones intermedias.
Señaló que una consulta popular necesita la misma organización que unas elecciones donde se eligen cargos públicos, lo cual implicaría efectuar una nueva elección con el mismo número de casillas, el número de ciudadanos requeridos y de funcionarios. Para ejemplificar la magnitud de las elecciones que se organizarán en el 2021, cabe destacar que, según datos del propio INE, participarán en ellas 94 mil 980 ciudadanos, se instalarán 164 mil casillas, habrá siete mil supervisores electorales y se requerirán un millón 480 mil funcionarios para organizarlas.
Realizar la consulta, si fuera el caso de que la Suprema Corte de Justicia la avalara, durante el primer domingo de agosto como lo marca la ley y no en junio como quiere López, no sólo implica dificultades de organización, como lo señala el titular del INE, sino que además representa un falseamiento del verdadero sentido de la justicia al poner a consideración de las masas su aplicación, en lugar de cumplir con su impartición en el momento en que haya evidencias de que se viola la ley y no cuando la población lo decida.
Sobre este asunto, el experto Alfredo Lecona, activista e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, explica que no es necesario efectuar una consulta popular cuando la Fiscalía General de la República está facultada para investigar y reunir las pruebas que se requieran. Asimismo, considera que al proponer que se lleve a cabo la consulta popular el mismo día de las elecciones, López estaría haciendo propaganda electoral para MORENA, ya que lo que se inició como una iniciativa ciudadana terminaría siendo apropiada por el mismo López para convertirla en propaganda de campaña en favor de su partido.
“No hay ninguna necesidad de llevar la justicia a consulta, y todo esto recae en un circo político, porque quiere dejar huella electoral para las elecciones intermedias”, señaló Lecona.
De esta manera, López pretende que el juicio a los exmandatarios se convierta en su principal lema de campaña para las próximas elecciones intermedias, buscando, de esta manera, sacar ventaja política.
Por otra parte, Javier Martín Reyes, profesor asociado de la división de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), considera que “Se trata de una propuesta abiertamente inconstitucional”, ya que la Constitución prohíbe que sean objeto de consulta la restricción de derechos humanos y sus garantías. Menciona que “Dejar en manos de las mayorías la decisión de si se investiga y procesa a los expresidentes violaría los derechos de las víctimas y el derecho al debido proceso de los señalados”, añade el jurista.
Una de las mesas receptoras de las firmas para someter a juicio a los expresidentes.
(Foto: Cuartoscuro)
La utilización de la aplicación de la justicia con fines electorales, y no como un medio para respetar y hacer cumplir la ley, se hace evidente en la exposición de motivos que menciona López para encarcelar a los expresidentes, la cual señala que entre el 1º de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre del 2012 el país “vivió un periodo caracterizado por la concentración desmesurada de riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”.
De la misma manera, acusa a Carlos Salinas de Gortari “por entregar empresas públicas a particulares”, a Ernesto Zedillo “por el FOBAPROA (Fondo Bancario de Protección al Ahorro, creado en 1990 con el objetivo de tener dinero ahorrado que permitiera enfrentar una crisis económica), a Vicente Fox “por traidor a la democracia y el fraude electoral en el 2000”, a Felipe Calderón “por la “guerra contra el narcotráfico” y a Enrique Peña Nieto por “corrupción”.
Sin embargo, tal y como puede observarse, las acusaciones no llevan consigo ningún sustento legal, pruebas que permitan llevar a cabo juicio alguno, no tienen procesos judiciales abiertos y no tienen investigación en marcha de la Fiscalía.
Como prueba de lo anterior, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa declaró que “López Obrador está confundiendo la República con un Circo Romano: en lugar de acudir con pruebas a la fiscalía, pregunta a la multitud si se condena o perdona a inocentes, mostrando un dedo pulgar hacia arriba o hacia abajo. Un retroceso de miles de años en materia de justicia”, manifestó Calderón en su cuenta de Twitter.
El expresidente Calderón también señaló que la consulta de López es violatoria de garantías elementales tales como la presunción de inocencia; el debido proceso; la impartición de justicia hecha por un tribunal independiente; investigación exclusiva del Ministerio Público; y protección de la vida, la honra y la dignidad.
El expresidente Felipe Calderón señaló que López ejerce presión sobre fiscales y jueces “a través de la manipulación de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos. Una clara muestra de persecución política y de abuso de poder”.
Asimismo, declaró que es objeto de una persecución política en su contra, pues López no tiene pruebas para acusarlo formalmente ante la justicia.
“Si tiene pruebas fundadas contra mí, que vaya hoy y las presente ante el Fiscal, sin necesidad de consulta. Pero si no tiene pruebas y ni acusaciones específicas, no hay consulta ni votación que valga, debe dejar de hostigarme y respetar mis derechos como cualquier ciudadano”.
Añadió que al hacer público este asunto, López ejerce presión sobre fiscales y jueces “a través de la manipulación de la opinión pública, con la utilización de recursos públicos. Una clara muestra de persecución política y de abuso de poder”.
¿Y qué fue lo que se le preguntó a la población para manipular, como dice el expresidente Calderón, a la gente?
La encuesta pregunta lo siguiente: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”
Con este cuestionamiento, resulta que López se atribuye la facultad de juzgar a los expresidentes no sólo durante su gestión, sino que además lo va a hacer antes y después de sus periodos de gobierno, algo que es absurdo, ya que las presuntas irregularidades que se señalan ocurrieron durante sus gobiernos y no antes y después de ello. La pregunta denota demagogia pura.
Si bien es cierto que, al amparo del poder, los expresidentes cometieron toda serie de abusos, tales como una desmedida corrupción, impunidad, enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad, manipulación e insensibilidad política, cesión de soberanía, violaciones a nuestra Carta Magna, entre otros muchos otros, también es cierto que quien acusa debe ser ejemplo de rectitud y de congruencia política.
López debe ser enjuiciado por “Traición a la Patria”
Ilustración: Víctor Solís
López no es diferente a los expresidentes que acusa aunque él diga que no son iguales. Él y su partido MORENA han demostrado ser un grupo de rateros, ineptos, mentirosos, ignorantes, traidores a México, herederos, para nuestra desgracia, de los peores vicios que caracterizaron al PRI durante décadas.
El peje, en particular, resultó ser un traidor a la Patria que ha vendido a nuestro país con el Foro de Sao Paulo, un proyecto político extranjero que persigue la expansión del comunismo en Latinoamérica, siendo México su anhelada meta. Con ello, ha defraudado la esperanza de millones de mexicanos que creyeron en él para transformar al país a través de la creación de empleo; mejorando la educación; construyendo obras de infraestructura; erradicando verdaderamente la corrupción; desterrando la impunidad; combatiendo la inseguridad, mediante una estrategia que permitiera paulatinamente disminuir los altos índices de criminalidad; mejorando el sistema de salud; oyendo las demandas de grupos vulnerables tales como los niños con cáncer y las mujeres víctimas de violencia de género; y consolidando la democracia, el diálogo político y la conciliación con todos los sectores políticos, económicos y sociales que disienten de las acciones de López y su partido MORENA.
Por ello, la próxima encuesta que debería ser aplicada entre los mexicanos, sería para pedir la renuncia de López por traicionar a México.
La pregunta sería: ¿Está usted de acuerdo o no en la renuncia de López Obrador por traición a la Patria, toda vez que se ha vendido a los intereses de un grupo extranjero denominado “Foro de Sao Paulo” y ha venido aplicando sus directrices para destruir el país e instaurar una dictadura comunista en México, mediante el fomento al quiebre masivo de empresas, abandonando millones de personas que han perdido su empleo; entregando la educación y el futuro de millones de niños a una mafia de profesores agrupados en el SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación); permitiendo la corrupción, el robo y abuso del erario público de sus familiares y colaboradores; sembrando el odio, la confrontación y la división entre los diversos sectores sociales; destruyendo nuestra vida democrática mediante el control de las instituciones de contrapeso al Poder Ejecutivo, tales como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las gubernaturas de los estados a través de los superdelegados, entre otras muchas irregularidades?.
Recuerda López: “Con la vara que midas serás medido” (Lc, 6, 36-38).
