Por: Gustavo Novaro García
Ya hemos abordado en este espacio el fracaso rotundo de López para vender el avión TP-01 “José María Morelos y Pavón”; deshacerse de la aeronave fue de las principales propuestas del tabasqueño, que con la pegajosa frase “Es un avión que no tiene ni Obama”, sería uno de los ejemplos concretos en su lucha contra la corrupción desde la presidencia.
Pues bien, a 21 meses de haber asumido el poder, el caso del avión refleja la ineptitud, la demagogia y la corrupción del régimen lopista.
Primero, en diciembre de 2018 envió el avión a un hangar en Estados Unidos; lo que hizo creer a muchos que le había encontrado comprador. Con el paso de los meses fue inocultable que pese a filtraciones del régimen de que había interesados, no existían tales, y que lo único real era la renta millonaria que se pagaba por almacenarlo y tuvo que regresarlo al ex hangar presidencial.
Para distraer a la opinión pública del creciente desastre de su gobierno, a sus operadores político-comunicacionales, se les ocurrió la, para ellos, genial idea de simular que el avión ¡Se iba a sortear el 15 de septiembre a las 8 de la noche previo a la ceremonia de El Grito de Independencia!
Esa descabellada proposición se dio a conocer en una conferencia matutina en el mes de enero. Como lógicamente la aeronave no se podría entregar físicamente, se mencionó que se venderían seis millones de “cachitos” de 500 pesos cada uno, de ellos 100 resultarían “ganadores” con un premio individual de 20 millones de pesos, y el resto de la recaudación se entregaría al sector salud.
López consideraba que al haber obtenido 30 millones de votos en las elecciones de julio de 2018, los boletos iban a volar, pues resultó, como intuimos el resto de los que sí usamos el cerebro, que eso no iba a pasar. El precio del boleto contra la probabilidad de obtener un premio hacia muy onerosa la adquisición.
Pero una vez comenzada la farsa, era muy importante para López disfrazar el ridículo en el que se había metido.
En febrero, el fiscal general de la república, entregó dos mil millones de pesos para fondear el sorteo. De allí, surgieron varias preocupaciones e irregularidades. El cheque correspondía a un quebranto cometido al Infonavit, entonces ese dinero debería haber sido reintegrado a ese organismo tripartita; después se hicieron mediante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) preguntas de las cuentas a las que se había ingresado esos recursos, nunca se dio una respuesta satisfactoria.
Poco después, el 12 de febrero, López convocó a 75 importantes empresarios a una cena en Palacio Nacional, en donde los extorsionó para que adquirieran boletos por más 1,500 millones de pesos, con lo que cubriría la mitad de lo ofrecido en el sorteo fraudulento.
Pues bien, desde el principio no asistieron todos los convocados, algunos alegaron que las actas constitutivas de sus empresas impedían adquirir los boletos y otros sí compraron, pero por una cantidad menor a la que se les exigió.
El boquete en la venta seguía siendo gigante. Desde el gobierno, aunque López lo negó en su conferencia del 31 de agosto, se obligó a los trabajadores del gobierno a comprar boletos. (Tres diferentes servidores públicos le han confirmado directamente al columnista las presiones para adquirir los cachitos).
Por último y ya desesperado, López dijo que un millón de boletos, equivalentes a 500 millones de pesos, se repartirían entre mil hospitales afectados por el Covid, para que los trabajadores, en caso de resultar ganadores de un premio, decidieran qué hacer con el recurso en sus instituciones. Y el Insabi, el organismo que remplazó al Seguro popular, repartió 15,765 boletos al sistema de salud de Tabasco, más de 7 millones 500 mil pesos de su presupuesto, en una muestra de tremenda incongruencia, si no de un desfalco directo a las arcas de la dependencia.
La pregunta lógica fue: ¿Por qué no se les daba ese dinero tan necesario de una buena vez a las instituciones en lugar de ese grotesco simulacro?
En resumen: se sigue pagando el financiamiento del avión, lo que nos cuesta como contribuyentes; el bien se deprecia por su falta de uso; hay un engaño al promocionar un premio que no corresponde a la publicidad, algo que la Procuraduría Federal del Consumidor debería sancionar por ley; existe desvío de recursos, algo ilegal; se ha extorsionado a empresarios y servidores públicos, en un gangsteril abuso de poder.
El gobierno de López “celebrará” el 15 de septiembre su falsedad e incapacidad. No olvidaremos los costos y aberraciones que han impactado directamente en la salud de millones de mexicanos. Y quizá, quizá, sea Pío López Obrador el que por buenísima suerte salga beneficiado con dos premios del sorteo.
