Editorial
Este domingo 1 de diciembre se cumple un año en el que Andrés Manuel López Obrador protestó como presidente de los Estados Unidos Mexicanos.
El tiempo se amplía un poco más si consideramos que aún antes de asumir formalmente el poder tomó una decisión que influiría de manera negativa su gobierno: la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, en Texcoco, cuya construcción iba muy avanzada, mediante una consulta anticonstitucional en octubre de 2018.
A partir de ese momento, los inversionistas nacionales y extranjeros externaron no sólo su preocupación, sino que guardaron su dinero en espera de otras señales más alentadoras.
El día de su asunción, López Obrador cuestionó de manera fuerte a su antecesor, Enrique Peña Nieto, que escuchó impasible cómo las principales reformas de su administración serían revertidas.
Por lo pronto, arrancó con una serie de actos simbólicos: clausuró Los Pinos como residencia oficial y los primeros días vivió en su casa particular en Tlalpan; luego se mudó a Palacio Nacional. Reintegró a los miembros del Estado Mayor Presidencial a la secretaría de la Defensa, canceló las pensiones a los ex presidentes que aún la recibían, puso en venta el avión presidencial que se había adquirido en tiempos de Felipe Calderón y se bajó el sueldo. Además, restableció las conferencias de prensa que, como Jefe de Gobierno del Distrito Federal, había llevado a cabo de lunes a viernes.
La primera prueba que enfrentó se dio en enero de este año, cuando el gobierno decidió, según sus propias palabras, empezar una guerra frontal al robo de combustible por lo que Pemex cerró sus ductos. Hubo escasez de gasolina en muchas partes del país, largas filas en las gasolineras y se envió a varios funcionarios a comprar pipas a Estados Unidos. El pueblo en primera instancia respaldó la medida.
Pero los pobladores de Tlahuelilpan, Hidalgo, siguieron perforando los ductos y robándose el combustible. El 18 de enero provocaron una explosión que arrojó 132 muertos y decenas de heridos, muchos de gravedad. El gobierno federal prometió indemnizar a las familias de los saqueadores.
Por otra parte, la relación con los Estados Unidos es un tema de primordial interés para el presidente, que anunció que al menos durante los primeros años de su mandato no saldrá del país, por lo que ha dejado de asistir a compromisos internacionales. Es por eso que se reunió en marzo en casa de un alto ejecutivo de Televisa con Jared Kushner, yerno de Donald Trump.
Desde ese encuentro, México dio marcha atrás en su política de permitir el paso de migrantes centroamericanos y de otros países hacia la frontera con el vecino del norte. La posteriormente creada Guardia Nacional se ha dedicado a contenerlos y regresarlos a sus países de origen. Pese a los esfuerzos del gobierno mexicano no se ha ratificado la nueva versión del Tratado de Libre Comercio, lo que sigue poniendo presión sobre las perspectivas económicas.
En este año el crecimiento económico, pese a las promesas de elevarlo al 4%, se limita a un raquítico 0.2%; la política de “combatir” al crimen organizado con “abrazos y no balazos” ha generado más de 32 mil muertos de manera violenta, y en Culiacán, se decidió liberar a Ovidio Guzmán ante el chantaje de su organización. En Bavispe, Sonora, 9 miembros de la familia Lebaron, incluyendo bebés fueron arteramente asesinados.
Si a esas acciones le sumamos la de minar la democracia con la ilegal extensión de mandato del actual gobernador de Baja California, la imposición en la Comisión Nacional de Derechos Humanos de alguien que incumplía la ley, las presiones a los miembros de organismos autónomos y de otros poderes, así como otros hechos, podemos concluir que el balance de estos doce meses es negativo y que se presenta francamente ominoso para el futuro.
