Por: Justo Mirón
Hola mis queridos lectores, cómo se encuentran, espero que se estén cuidando de los rebrotes de este rebelde virus.
Pues bien, les comento que con esto del Covid-19 la gente está cada vez más fregada.
Viniendo de ir a ver a mi hija, me encontré en el camino a mi vecino Jorge, que vive enfrente de mi casa.
Don Jorge, cómo ha estado, le pregunté, bien Don Justo, me contestó apachurrado.
Qué le pasa Don Jorge, lo noto medio apagado, le dije, pues si Don Justo, estoy muy preocupado porque no me han pagado la renta de mi departamento y ya llevo tres meses sin recibir centavo alguno. Debo luz, agua, predial, tarjetas, y ni para cuando me paguen la renta, porque, según mi inquilino, perdió su trabajo y no puede pagarme.
¡No pues si que está grave don Jorge!, no cabe duda que este maldito virus vino a perjudicarnos a todos, le comenté en tono resignado.
López y MORENA insisten en agredir la propiedad privada con medidas de corte comunista.
Déjese de eso, los caseros no sólo tenemos que enfrentarnos a la carencia de recursos derivada de la morosidad de nuestros inquilinos y la falta de sensibilidad y apoyo de López y su gobierno ante esta situación, sino que además tenemos que aguantar iniciativas de ley que, de aprobarse, perjudican a gente que como yo vivimos del cobro de nuestra renta.
A ver Don Jorge, ¿se trata de la iniciativa de Ley para modificar el Código Civil para la Ciudad de México en Materia de Arrendamiento Inmobiliario enviada el pasado 8 de julio del 2020 por diputados de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México?, le pregunté.
Si Don Justo esa mera, ahora resulta que López quiere solucionar el problema de la oferta de vivienda a costa de los que poseemos un bien inmueble.
¿Cómo la vé Don Justo, ¿usted que se entera de todo qué opina?
Pues verá Don Jorge, en primera instancia considero que es un nuevo y artero atentado contra la propiedad privada, le dije.
Le explico Don Jorge.
Esta iniciativa pretende modificar los artículos 2425 BIS, 2431 BIS y 2403 del Código Civil de la Ciudad de México, a fin de que, “supuestamente”, López “defienda” a los arrendatarios que no puedan pagar su renta por los efectos económicos del Coronavirus.
Sin embargo, lo que realmente busca MORENA es fincar un antecedente de control en el uso de la vivienda para después expropiar todos los bienes inmuebles de particulares que son usados con fines de alquiler.
De esta manera, los diputados locales de MORENA quieren modificar el artículo 2431 BIS para que quede así:
“En caso de emergencia, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento”, llegándose, inclusive, de no llegar a un acuerdo, a la posibilidad de que el inquilino no pague la renta.
Mientras que en el artículo 2403 quieren que se modifique de la siguiente manera:
“En el caso de arrendamientos de vivienda, la ausencia de contrato escrito impedirá que pueda hacerse un desalojo, aún por incumplimiento del pago de la renta, hasta que no sea subsanada esta formalidad”, y que “el arrendamiento de vivienda no podrá ser menor a tres años”.
Asimismo, en el 2425 BIS pretenden que “el arrendatario de vivienda tiene derecho a que no se le exija más de un mes de anticipo para el arriendo del inmueble; que no se le solicite fianza o algún tipo de propiedad inmueble como garantía; no ser víctimas de desocupaciones arbitrarias, ilegales y/o forzosas; en caso de desocupaciones ordenadas judicialmente deberá notificarse de la diligencia con una anticipación de dos meses contados a partir de la fecha de notificación”. Sumándole, además, “el arrendador perderá su derecho a conservar el depósito en caso de decisión anticipada del contrato por parte del arrendatario, o de una cantidad equivalente al mismo al término temporal del mismo”.
Pero vayamos por partes Don Jorge.
MORENA golpea a los dueños de los departamentos y viviendas. Foto: Magdalena Montiel/Cuartoscuro.
Primero.- Como ya le había comentado, esta iniciativa atenta contra la propiedad privada, ya que afecta directamente contra el legítimo propietario inmobiliario y excluye de cualquier forma de sanción al arrendatario incumplido o invasor urbano que quisiera apoderase con artimañas de la propiedad. Porque permite acciones confiscatorias contra los propietarios inmobiliarios, bajo el pretexto del “derecho a una vivienda digna” que tienen todos los mexicanos, con lo cual se privaría al dueño del uso y goce de su propiedad y se abriría la puerta a la invasión legal de propiedad privada, dado que en la iniciativa se establece que, si una persona afirma tener un acuerdo verbal con el dueño del predio, aún cuando esto fuera mentira, las leyes le darán la razón al mentiroso.
Segundo.- Esta propuesta es anticonstitucional porque ninguna ley puede ser retroactiva y legalmente no se podría aplicar en contratos que estén vigentes antes de que esta ley sea aprobada, y porque, además, al pretender que los ciudadanos que poseen una propiedad y la renten como vivienda asuman la responsabilidad que le corresponde al estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de proveer de vivienda digna y decorosa a los mexicanos, se viola el derecho de las personas a la propiedad privada, dado que el dueño de una propiedad que rente no tiene la obligación de apoyar a la dotación de vivienda a la población, sino el Estado Mexicano.
Tercero.- Desalienta la inversión en el sector inmobiliario al protegerse la morosidad y la falta de compromiso de pago de los inquilinos y al flexibilizarse la posesión de la propiedad a favor de los arrendatarios.
Para resumir parte de lo que le he dicho Don Jorge, es interesante conocer lo que el jurista Ignacio Morales Lechuga, quien fue Procurador General de la República, menciona respecto a esta iniciativa de corte comunista que pretende aprobar MORENA.
Nos dice Morales Lechuga lo siguiente: “Grave amenaza a la propiedad inmobiliaria. De nueva cuenta, la 4T planea destruir la propiedad privada desde el Congreso de la Ciudad de México. Una nueva y atropellada iniciativa “legal” sobre arrendamiento inmobiliario ha sido presentada por la fracción parlamentaria de Morena. Arrojar gasolina a un incendio se ha convertido en la especialidad de ese grupo parlamentario en la CDMX. La propuesta es acorde con el sentido de otras anteriores (véanse la de 2019 al artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y la Ley de Extinción de Dominio, que abre la posibilidad contra cualquier particular de perder un inmueble en condiciones peores de indefensión que ante una expropiación). La nueva iniciativa de la 4T en la CDMX fortalece el torrente de agresiones antijurídicas del cual también forma parte la iniciativa (julio 2019) para extinguir el dominio de los bienes inmuebles en los que ocurriera quebrantamiento de sellos de clausura, aún con el desconocimiento del legítimo propietario.
Al igual que las precedentes, la nueva amenaza atenta directamente contra el legítimo propietario inmobiliario, excluye cualquier forma de sanción contra un arrendatario incumplido o invasor urbano. Está hecha para permitir acciones confiscatorias contra los propietarios inmobiliarios so pretexto de que obtienen beneficios excesivos de la pandemia.
La 4T insiste en agredir a los inversionistas, especialmente inmobiliarios a través de legislaciones como esta que comentamos. El texto propuesto repite la fórmula del artículo 60 de la ley constitucional de derechos humanos, otorgando al incumplido y al moroso protección, defensa y salvaguarda no así al ciudadano que sí cumple con la ley.
Una iniciativa de esta naturaleza atenta contra la libertad contractual y las reglas de equidad que rigen los contratos, es una reforma intervencionista del más irresponsable y burdo estatismo que ubica al inquilino como menor de edad incapaz, un sujeto sin albedrío ni voluntad, colocado ante un arrendador sinvergüenza y abusivo. Detentar una propiedad en calidad de dueño es en todo el planeta (con excepciones contadas) un derecho humano, así como el de gozar de una vivienda y el de no ser desalojado sin un juicio justo, con legalidad, defensa y garantía de audiencia.
Ante la vulneración de uno de esos derechos el estado debe desde luego intervenir como garante, pero no –como propone Morena– a costa de los derechos de otro particular. La reforma es incluso formalmente innecesaria, pues el código civil en su artículo 1796 bis, establece la cláusula de equidad contractual “rebus sic stantibus” que permite a las partes situadas ante fenómenos imprevisibles, que los llamados contratos onerosos encuentren una composición equilibrada y en caso necesario, con auxilio del juez, puedan equilibrarse las prestaciones pactadas.
La reforma de ser aprobada, desalentará la inversión inmobiliaria, generará incertidumbre jurídica en la población temerosa de no poder reivindicar su propiedad a manos de aprovechados y abusivos, y golpeará aún más al sector de la construcción que, desde agosto de 2018 ha sido golpeada constantemente.
Ni qué decir –ante un régimen probadamente indispuesto a generar valor, pero siempre listo para destruirlo– que este nuevo ataque pasa por alto que el arrendamiento equivale al 1.5% del PIB federal, es de fondo insensible ante el hecho de que el 41.2% de las viviendas existentes son arrendadas, que 25.3% de los comercios también y que un elevado porcentaje de propietarios tienen que acudir a los créditos hipotecarios para adquirir la vivienda.”
Como se puede apreciar Don Jorge, lo que López y MORENA pretenden es socializar el uso de la vivienda a fin de que exista un precedente que permita posteriormente justificar la expropiación de todas las propiedades inmobiliarias de particulares utilizadas para renta y hacinar en ellas a millones de mexicanos, a falta de un espacio donde vivir, tal y como sucede en Cuba y en Venezuela.
Sin embargo, le comento, Don Jorge, por hoy puede estar tranquilo, ya que se detuvo la propuesta de Ley para modificar el Código Civil en relación a la ley de arrendamiento, según declaración hecha el 16 de julio pasado por la coordinadora de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, Martha Ávila, quien comento que “… no existen condiciones por el momento para llevar a cabo dichas modificaciones,,, “, No obstante, debemos estar alerta, porque seguramente MORENA buscará posteriormente darle una maquillada a su propuesta, a fin de que sea más fácil que la población la acepte, dejando la esencia de la iniciativa: la confiscación del uso y goce de la propiedad inmobiliaria a manos del Estado.
López elude la responsabilidad de dotar de una vivienda digna a los mexicanos, pretendiendo que los dueños de un bien inmueble asuman esta obligación.
En lugar de eludir la responsabilidad que le corresponde a López de resolver el problema de oferta inmobiliaria y de apoyo a la gente que no tiene para pagar renta, éste debería impulsar una política de apoyos, tanto al arrendador como al arrendatario, para que la medida sea equilibrada y no perjudique a ninguna de las partes.
Ahora que si López y MORENA insisten en aplicar esta nefasta propuesta, podrían empezar a dar las viviendas sobrantes de los Bartlett, de la pareja maravilla Sandoval-Ackerman y la de otros secretarios de estado, diputados, senadores, alcaldes y gobernadores de MORENA, incluyendo al propio López, que cuentan con varias propiedades, a fin de que la población que no puede pagar renta las habite, en lugar de buscar quitárselas a quienes con años de trabajo y esfuerzo han logrado adquirirlas.
